Por La Época-.
El denominado caso “coimas”, que involucra al exministro de Agua y Medioambiente (MMAyA), Juan Santos Cruz, aprehendido el martes por la tarde y ahora con detención preventiva en la cárcel de San Pedro, muestra que el gobierno del presidente Luis Arce, para evitar que casos como este sean usados políticamente para desacreditarlo, deberá encontrar la forma de que los tiempos jurídicos no sean superados por los tiempos mediáticos y políticos.
El caso “coimas en el MMAyA” adquirió notoriedad pública cerca de una semana antes de que Santos fuera detenido debido a que una de sus protagonistas, cuyo papel era la de “recaudar” los pagos ilegales de parte de las empresas favorecidas con contratos, hizo conocer detalles de esto en una entrevista concedida al periodista Junior Arias del programa Detrás de la Verdad. A partir de ese día, decenas de misiles fueron disparados contra el Gobierno, generando la idea de que se estaba protegiendo al ministro involucrado.
Pero nada de eso estaba sucediendo. Luego de que en la primera quincena de febrero “la recaudadora” dio información al Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, inmediatamente se activó un proceso de investigación para cruzar información de los presuntos involucrados en registros de inmuebles y de vehículos, cuentas bancarias, y otros, además de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). El resultado, como bien lo ha explicado la viceministra Susana Ríos, alcanza inicialmente a unas 15 personas, aunque el número podría aumentar en la medida que avance la investigación.
Todavía no se saben las razones por las que “la recaudadora” reveló el caso a un medio de comunicación, a pesar de que tenía conocimiento de que el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción estaba en plena investigación. Blindarse ante la responsabilidad que le cabe en el caso es una de ellas, pero también provocar algún efecto político antigubernamental no puede ser descartado.
Lo cierto es que los tiempos políticos y mediáticos superaron al jurídico. La forma como se produjo la salida del Ministro de MMAyA dio lugar a la especulación y la instrumentalización política. Empero, una lectura más fina conducía a la conclusión de que Juan Santos Cruz había dimitido no por voluntad propia, sino a pedido del presidente Luis Arce. La lectura de la carta de renuncia de la exautoridad ocasionó la confusión y esa es una lección que el Gobierno debe asimilar.
El presidente Arce se toma sus tiempos, algunos le han dado resultado, otros le han golpeado innecesariamente. Un dato es irrebatible: No tiene ninguna consideración con los hechos de corrupción. Esa posición frente a hechos irregulares se registró con la salida del equipo de colaboradores del Wilson Cáceres, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en diciembre de 2020, por haber incurrido en nepotismo; y de su sucesor Edwin Characayo, quien en abril de 2021 fue detenido en fragancia cuando recibía 20 mil dólares en la principal avenida del centro histórico de la ciudad de La Paz. Y en esa relación de casos es justo reivindicar al exministro de Educación, Adrián Quelca, quien renunció a su cargo luego de ser acusado de favorecer a postulantes a la Normal de Profesores, pero que después de meses de investigación ha sido sobreseído de toda responsabilidad.
La corrupción es un hecho político, y eso debe modelar los tiempos jurídicos y no a la inversa, lo que no implica vulnerar el debido proceso. Hay lecciones que el Gobierno debe extraer del caso para no exponerse innecesariamente, sobre todo cuando no ha dejado de trabajar en el esclarecimiento de las denuncia por corrupción.
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