La Paz -. Una marcha convocada en Santa Cruz en apoyo al encarcelado gobernador, Luis Fernando Camacho, es política y sus organizadores son quienes promovieron un paro de 36 días que provocó muertes, aseguró hoy una fuente oficial.
“Son los mismos de siempre (los que llaman a la protesta), los que han estado golpeando físicamente y agrediendo verbalmente al pueblo cruceño (…), los mismos que destruyeron nuestra red fundamental y ahora se quejan de persecución política”, aseguró el ministro de Obras Públicas Édgar Montaño en declaraciones al canal estatal Bolivia Tv.
Al referirse a la marcha convocada para este 28 de diciembre y al paro de 36 días en el departamento cruceño a finales de 2022, Montaño criticó al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar; al vicerrector Reinerio Vargas y a Zvonko Matkovic, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental.
Recordó el titular que el paro del año pasado se caracterizó por los bloqueos violentos, provocó muertes y pérdidas estimadas en más de mil 200 millones de dólares.
Al referirse a Camacho y su encarcelamiento preventivo, sostuvo que el Ministerio Público posee evidencias de su participación en el golpe de Estado de noviembre de 2019.
Encarcelado preventivamente en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, departamento de La Paz, Camacho tiene al menos seis procesos abiertos por la fiscalía, dos de ellos con acusación formal, listos para juicio oral.
El gobernador cruceño comparece en el caso Golpe de Estado I imputado por el delito de terrorismo, según la acusación de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo Lidia Paty.
Tal expediente investiga el complot que desembocó en 2019 en la renuncia del expresidente constitucional Evo Morales y la imposición del régimen de Jeanine Áñez (2019-2020).
Dos días después, Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4078 (conocido como de la Muerte), que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la represión contra quienes reclamaban restablecer el orden constitucional.
En ese contexto, ocurrieron masacres como las de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y el Pedregal (La Paz), con saldo de 37 muertos, miles de heridos, torturados y detenidos ilegalmente.
Los principales encartados en este caso son Camacho, Áñez y el extitular del Comité Cívico de Potosí Marco Antonio Pumari, entre otros.
Una de las pruebas que obran contra el gobernador encarcelado es un video difundido en los canales nacionales de televisión, en el cual admitió que antes de dar a Morales el ultimátum para su renuncia en 48 horas, su padre, José Luis Camacho, “cerró” con efectivos policiales y militares para que incumplieran su deber constitucional ante las acciones antigubernamentales en 2019.
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