junio 25, 2024

¿De qué estamos hablando para que me oponga? El ABC de la oposición para hacer de Bolivia un país ingobernable

Por Diego Portal (Cientista político)-.


Hace unos días un dirigente cívico potosino, en declaraciones a la Red Panamericana, señalaba totalmente eufórico que lo que estaban pidiendo con sus movilizaciones era “que se vaya el Alcalde, que se vaya el Gobernador y que se vaya el Presidente, que se vayan todos”.

El supuesto argumento de aquel pedido era que nadie hacía nada por su departamento. Lamentablemente, el periodista que hizo la nota no le preguntó qué alternativa planteaba para su ciudad, su departamento y el país, si es que lograba hacer realidad sus deseos. Es posible que su respuesta nos hubiese ilustrado cuál es la propuesta de país (o de gobierno) que tienen pensado quienes están alineados detrás de ese tipo de declaraciones.

La declaración de referencia puede parecer grotesca o cantinflesca, para decirlo de algún modo, pero sin llegar a extremos parece mostrar cuál es la línea de acción política de la oposición en esta coyuntura. Lo importante para quienes están en esa vereda es no dejar gobernar, impedir que se cumpla un programa de gobierno y ni siquiera permitir que la administración estatal pueda atender las tareas más básicas.

Ya no solo es buscar la desestabilización de la economía o la paralización del aparato productivo o sabotear la aprobación de leyes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La oposición ha entrado en una dinámica tan elemental que le cae muy bien aquella frase que dice: “de qué están hablando para que me oponga”. Es decir, todo sirve, con razón o sin razón, para generar conflicto.

Entre las funciones básicas del Estado está el garantizar la seguridad del ciudadano y desde luego la prevención de delitos, utilizando los recursos que la Constitución y las leyes le permite. En este sentido, existen atribuciones y competencias de cada área del Órgano Ejecutivo que las debe realizar ya sea ejecutando y aplicando directamente las normas existentes, reglamentándolas cuando correspondan, o generando otras disposiciones que garanticen el cumplimiento de esas funciones.

Vamos a ir citando ejemplos para que se pueda entender mejor esta situación.

Uno de los más severos problemas que tiene el país, desde hace mucho, es el del contrabando, por la afectación que provoca en la economía al evadirse los impuestos de importación, pero además porque ocasiona daños de consideración en el desarrollo y supervivencia de la industria nacional, sea pequeña, mediana o grande. Es una verdad aceptada por todos que el contrabando tiene carta de ciudadanía y no precisamente por responsabilidad de este gobierno, sino porque, como dijimos, hace muchas décadas es parte de nuestra realidad. No es necesario entrar en detalles para exponer esta realidad. ¿De quién es la responsabilidad? Obviamente del Gobierno, de este y de los anteriores, si bien se conoce de variados intentos por el control de las fronteras, con distintos resultados, no es menos cierto que la normativa existente impide un mejor control no solo de la internación de mercadería de contrabando, sino de su venta final al consumidor.

Pero cuando se presenta un proyecto de ley como el 145, de lucha contra el contrabando, que todos suponemos, después de leerlo y hacer un análisis, está destinado a frenar esta actividad cada vez más creciente, resulta que salen a las calles (y a los medios, desde luego) no precisamente los contrabandistas (o tal vez lo son de closet), sino los gremiales, los trabajadores de la educación e incluso los transportistas o el Conade, para oponerse a este acusando al Gobierno de estar del lado de los contrabandistas. ¡Totalmente risible, las palomas contra las escopetas!

No es el único caso. Vamos con otro que ha afectado a mucha gente que ha sido víctima de estafas en la compra previa o preventa de inmuebles, particularmente de departamentos en edificios en construcción (un caso con repercusión es de Las Loritas). El gobierno aprueba el Decreto Supremo 4732, destinado a evitar este tipo de estafas, exigiendo que las empresas constructoras o inmobiliarias requiriesen una certificación que garantice que no se trata de una estafa; asimismo, la norma contiene mecanismos para poder recuperar dineros perdidos por quienes fueron estafados en estas operaciones de preventa de inmuebles. El decreto entró en vigencia desde 2022 y estaba en plena vigencia y con resultados como la recuperación de cuanto menos un millón de dólares en favor de las víctimas.

Nadie le dio mayor importancia a aquel DS hasta que ahora, cuando la intención es bloquear la gestión gubernamental, lo descubren, le cambian el contenido ante los medios que se prestan sin mayor análisis a observar el decreto y acusan al Gobierno de atentar contra la propiedad privada y que esta norma tiene por fin que el Gobierno de permisos para cualquier operación de compra y venta de inmuebles, lo cual (según su relato) sería un atentado contra la libertad de las personas y contra la Constitución. Esta narrativa fue rápidamente instalada con declaraciones mediáticas y marchas de unos inventados consejos de defensa de la propiedad privada, confundiendo severamente a la población. Ya no solo es oponerse a una norma de gestión administrativa del Gobierno que, además, precautela la seguridad económica de la gente, sino mentir, confundir y movilizar a la ciudadanía pretendiendo mostrar un Gobierno autoritario que va camino a una dictadura y pretende apropiarse de la propiedad privada de los bolivianos.

Todo vale

Los dos temas mencionados son una muestra muy pequeña de lo que realmente está pasando.

Pero si hacemos una rápida revisión de los medios en las últimas dos semanas, para no ir más lejos, vamos a reconocer que la oposición está en contra de la mejora de pensiones de los jubilados congelada en un proyecto de ley en el Legislativo. Médicos, maestros y otros sectores salieron a las calles y a los medios (cuando no sus incondicionales aliados) a protestar contra este proyecto hasta que lograron que se detenga su tratamiento.

El proyecto de ley de investigación de fortunas también es vital para la seguridad del Estado y para frenar el crecimiento de numerosas actividades ilegales; pero tampoco le parece así a la oposición, así que, sin mayor argumento, empezaron a movilizarse en su contra, ¿defendiendo a quién?, ¿al ciudadano de a pie o más bien a quienes acumulan grandes fortunas injustificables?

Sucedió lo mismo con el Decreto Supremo 5143 sobre la reglamentación de Derechos Reales, al cual le dieron su propia interpretación, falsa, por cierto, de que la intención del Gobierno era controlar nuevamente, por otra vía, la propiedad privada de la gente, su patrimonio, sus inmuebles, y que esto terminaría en la apropiación del Estado de esa propiedad privada (el diabólico comunismo estaba en el espíritu del decreto). Los mismos actores nuevamente salieron a las calles.

La población reclama la falta de dólares y cuando el Gobierno sanciona a las entidades financieras que habrían cometido irregularidades, en cumplimiento de sus atribuciones formales, salta la banca privada asociada a oponerse a la disposición y a decir que las consecuencias serán contrarias a lo que pretende el Ejecutivo, es decir, la banca prefiere estar fuera de la ley, lejos del control del Estado.

Cuando se inspecciona el suministro de carburantes, exigiendo la legalidad de los compradores, inmediatamente aparecen bloqueadas las rutas camineras. Cuando, supuestamente, no hay carburantes en las estaciones de servicio, los propios bloqueadores aparecen reclamando y amenazando con medidas de presión.

En fin, la consigna parece ser clara: no importa qué o por qué o para qué, hay que oponerse; hay que movilizar gente (desinformada y confundida) con el apoyo de los medios de comunicación de la derecha y de sus voceros, con la única finalidad no de defender los intereses del pueblo ni de ningún sector en particular, sino que hay que bloquear y sabotear para impedir que el Gobierno haga gestión, imposibilitar que gobierne.

Nada es casual

Días atrás dirigentes de partidos de oposición se reunieron en los Estados Unidos, ¿para qué? No hay que ser muy perspicaz para entender el motivo de esa reunión. Los protagonistas, el lugar del evento y sus contradicciones al tratar de explicarlo dejaron por demás evidente el motivo.

Una vieja estrategia del Departamento de Estado norteamericano y sus agencias de intervención política ha sido la desestabilización de los gobiernos a través de diferentes métodos, desde los más suaves hasta los más duros, llegando en ocasiones a la intervención militar directa. Bolivia no es la excepción de la actividad intervencionista estadounidense y no lo ha sido así a lo largo de su historia, con resultados casi siempre trágicos para el país y para el pueblo.

En la mayoría de los casos este accionar concluye con un golpe de Estado, mucho más ante la imposibilidad de que sus candidatos, sus partidos, puedan disputar favorablemente, es decir, ganar una elección democrática. Pero para que el golpe quede justificado hay que hacer creer que el país está en crisis, en caos, que se ha convertido en ingobernable.

El golpe de Barrientos, siendo vicepresidente del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), en contra de su propio jefe en 1964, es una referencia importante en el tiempo de ese comportamiento intervencionista. Posteriormente, de manera mucho más brutal y como parte de un plan continental, el golpe de Banzer en 1971 marca un hito en la historia política, por su legado de dolor y sangre en el pueblo de Bolivia. El ciclo de desestabilización por la vía militar se cierra, para el siglo pasado, con el golpe de García Meza en 1980, el golpe del narcotráfico orquestado desde las agencias norteamericanas, aunque hubiesen querido negarlo después.

En cuanto a la desestabilización por la vía suave, en décadas precedentes, la muestra más evidente fue de cómo la derecha criolla, bajo la batuta del Imperio, obligó a Hernán Siles Zuazo a acortar su mandato en 1985 y adelantar las elecciones generales. A ellos se sumó la izquierda radical desde la Central Obrera Boliviana (COB) y lograron no solo que dejara el gobierno la Unidad Democrática y Popular (UDP), sino principalmente instalar un modelo político y económico, neoliberal en sus propios términos, que se apropió del país los siguientes 20 años e hizo lo que le dio la gana con la economía nacional, con los trabajadores, con los sindicatos, con las empresas públicas, en fin, con todo lo que podían dar fin o entregar a la voracidad del capital transnacional.

Ya lo intentaron en 2019, cuando pensaron que podían llegar al gobierno mediante elecciones, pero cuando esto no se dio, primero patearon el tablero denunciando fraude y luego con la colaboración de policías y militares (no olvidar que el comandante Kaliman fue agregado en la Embajada boliviana en Washington, lo cual no deja de ser relevante) tuvieron que forzar un golpe de Estado con características particulares, pero que, finalmente, fue inconsistente y al no poder convencer a la población con su discurso antimasista no les quedó más que convocar a elecciones sabiendo que no ganarían.

Desde el mismo instante en que Luis Arce Catacora obtuvo una aplastante victoria en las elecciones de octubre de 2020 con un 55% del voto ciudadano, comenzó la conspiración desestabilizadora de la derecha nacional, bajo dirección imperial. Los hechos son claros, las evidencias están ahí, en las propias declaraciones de la dirigencia opositora y de supuestos dirigentes sociales que son militantes de esos partidos.

Hoy los patrones de acción política se repiten. La desestabilización de la gestión de gobierno, el bloqueo a todo lo que debe y quiere hacer, no es casual, no responde a intereses de los grupos que aparentemente reclaman contra estas medidas, no son los gremiales o los transportistas, ni otros sectores sociales, sino dirigentes militantes de partidos derechistas que sobre la base de la desinformación y el chantaje, y con un fuerte apoyo mediático, desarrollan acciones de supuesta movilización que pretenden arrinconar al Gobierno, como sucedió con la UDP, o esperar que este salga a reprimirlos y así poder tildarlo de autoritario y antidemocrático, para justificar otras acciones como las que ya hemos vivenciado a lo largo de la historia.

El riesgo de que Bolivia se torne en un país ingobernable existe siempre y cuando el Gobierno se deje llevar por estas acciones desestabilizadoras y si las fuerzas progresistas, en las instancias políticas de la ALP y en las organizaciones, igual le haga el juego a la derecha. Sin embargo, no hay que dudar de la sabiduría del pueblo, que en los momentos más duros de la historia ha sabido poner las cosas en su lugar.

 

 

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