La Paz (ABI). – Un año complejo. Las acciones políticas de la oposición y de la nueva derecha, conformada por los seguidores de Evo Morales, afectaron a la población al no viabilizar créditos por más de $us 1.228 millones, impidiendo el ingreso de divisas estadounidenses a la economía; además, pusieron un freno a varias leyes sociales y de seguridad ciudadana.
Y es que a pesar de que los organismos financieros internacionales autorizaron a favor de Bolivia créditos por más de $us 1.228 millones, que están destinados a ejecutar distintas obras de impacto social en todo el país, las bancadas de la oposición Comunidad Ciudadana, Creemos y del evismo no los aprobaron, hasta incluso los rechazaron todo, según el presidente Luis Arce, sólo para perjudicar al Gobierno nacional.
“Todo país tiene dos fuentes de financiamiento, el interno y el externo; la derecha y la nueva derecha cortó una de las alas para que el avión del país despegue, justo en el periodo en que estábamos despegando nos cortan el financiamiento externo”, reprochó Arce el 19 de diciembre, durante la conmemoración del 88 aniversario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En palabras del presidente, fue un “estrangulamiento político” de la Asamblea hacia el Gobierno que repercutió en la población.
Si bien la recaudación de Mercado Interno llegó a Bs 28.666,6 millones a octubre 2024, 2,4% más al alcanzado a octubre de 2023, que fue de Bs 27.983,6 millones, “el motor del financiamiento externo” quedó “prácticamente en cero”.
En total, desde 2023 la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no dio curso a 14 créditos por $us 1.228.340.000 destinados a la construcción de carreteras, desarrollo urbano, riego productivo, enlosetados, entre otros.
Entre los proyectos de ley paralizados están, por ejemplo, el referido al Programa de Apoyo a la Preinversión por $us 52 millones que beneficiará a los nueve departamentos de Bolivia. Los recursos financiarán la ejecución de estudios de preinversión para que contribuyan al desarrollo económico y social de cada región.
También está el Préstamo de Apoyo de Emergencia por Covid-19 de $us 100 millones, que es una reposición a los gastos que realizó el Ejecutivo en la pandemia, y los contratos de préstamo para el Programa de Integración Urbana: Parque Lineal para La Paz y El Alto por $us 30 millones; del Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo Fase II por $us 100 millones; del Programa Boliviano de Administración de Tierra para el Desarrollo Rural Sustentable por $us 40 millones; del Proyecto de Gestión Resiliente del Agua para Riego Comunitario y Familiar por $us 150 millones.
De igual manera, el referido al Programa Nacional de implementación de Plazas y Museos del Bicentenario de Bolivia por $us 75 millones; del Proyecto de Resiliencia Climática en el Sector Vial por $us 118.500.000; del Programa Generación de Energía Renovable – Proyecto: “Planta Solar Contorno Bajo I” por $us 37.840.000 y del Programa de Apoyo para la Gestión de Riesgo ante Eventos Adversos del Clima para el Estado Plurinacional de Bolivia por $us 75.000.000.
Además del contrato por $us 50 millones para el Programa Nacional de Infraestructuras Complementarias para Espacios Deportivos de Unidad Educativas de Bolivia y otro por $us 250 millones para emergencias por desastres naturales y de salud pública.
Debido al bloqueo en la aprobación los créditos, el país tuvo que enfrentar un déficit en el flujo neto de la deuda externa, que es la relación de desembolsos y el servicio de la deuda. En 2023, el flujo negativo fue de $us 366 millones y en 2024 de $us 856 millones, que hacen un total de $us 1.222 millones en dos años.
El pago de la deuda no se compensa con nuevos desembolsos, en consecuencia, hay menos inversión pública, y hay menos dólares en la economía.
El presidente también desmontó uno de los argumentos de los asambleístas nacionales para no dar vía libre a la aprobación de créditos: el endeudamiento externo. Cuando Arce llegó al Gobierno, en 2020, el saldo de la deuda externa como porcentaje del Producto Interno Bruto era de 33%, que se redujo a noviembre de 2024 al 26,8%.
No solo créditos, también leyes sociales
Además de los créditos, la Asamblea Legislativa no aprobó varias leyes sociales y las vinculadas a seguridad ciudadana como: el proyecto de ley de la “Carrera de la Policía Boliviana”; el proyecto de ley de modificaciones a la Lista V del Anexo de la Ley 913; el proyecto de ley de uso control y funcionamiento técnico del dispositivo electrónico de vigilancia.
Además del proyecto de ley del “Sistema Disciplinario de la Policía Boliviana”; del proyecto de ley “Acciones de Fortalecimiento Control al Narcotráfico Noel Kempff Mercado” y el proyecto de ley “Lo ajeno no se toca”.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, lamentó que estas iniciativas no sean viabilizadas por la Asamblea Legislativa desde hace meses, incluso desde el año 2021.
Por ejemplo, indicó que el proyecto de ley de la “Carrera de la Policía Boliviana” fue presentado en 2021 y plantea una distribución técnica y científica del personal policial a partir del Índice de Necesidad Institucional (INE), que mide población, delictividad y conflictividad.
“Donde haya más conflicto, más delito, más gente, vamos a distribuir a la Policía Boliviana. Si tenemos 37.800 hombres y mujeres dentro de la Policía Boliviana, los distribuimos de manera técnica y científica. Y tiene muchas otras bondades, muchas otras demandas que tenía la Policía Boliviana, abnegadas durante cuatro o cinco décadas, y que en este proyecto de ley han sido recogidas y que lamentablemente, por cuestiones políticas, muchos asambleístas se hacen de la vista gorda”, reprochó Del Castillo.
En tanto, el proyecto de ley de modificaciones a la Lista V del Anexo de la Ley 913 permitirá incluir sustancias químicas que son empleadas para actividades ilícitas del narcotráfico y que en la actualidad no son reguladas.
Para que agilicen la aprobación de las leyes, Del Castillo solicitó por escrito a los senadores que cumplan con su trabajo y viabilicen normas como la del uso control y funcionamiento técnico del dispositivo electrónico de vigilancia que resguardará la vida de las mujeres víctimas de violencia.
“¿Por qué no aprueba eso la Cámara de Senadores? ¿Por qué no quiere coadyuvar en que algún día en nuestro país podamos decir no nos falta ninguna mujer víctima de violencia que haya sido asesinada producto de la violencia, celotipia u otros factores de un feminicida?”, cuestionó.
Deja un comentario