Los sistemas democráticos de carácter liberal o representativos se sustentan en ciertos pilares o fundamentos que les otorgan validez y que más allá de las observaciones ideológicas que se pudieran plantear a esta forma de elegir autoridades, es decir de conformar el gobierno, es el sistema, con particularidades propias de cada Estado, que se encuentra vigente en la mayor parte de los países occidentales, sin que ello represente que esta forma sea considerada como la única democrática.
Los ciudadanos son convocados cada determinado período de tiempo a acudir a las urnas y emitir su voto por alguno de los candidatos habilitados para la contienda por el organismo electoral correspondiente. Del resultado de ese voto ciudadano surgirá el gobierno legalmente elegido, constitucional y democrático –para poner en términos jurídicos– que tendrá a su cargo la administración del Estado por el siguiente período de gobierno.
¿Cómo deben asistir los ciudadanos el día del sufragio? Más allá de la militancia, de sus simpatías o antipatías hacia uno u otro candidato, incluso más allá de la ideología, un elemento fundamental para que ese voto sea consciente y responsable es que el votante, el elector, esté debidamente, adecuadamente, ampliamente informado para tomar esa decisión de marcar una casilla en la papeleta de voto.
En el fondo, más allá de lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE), el voto sigue siendo el único mecanismo, el único recurso, con que cuenta el ciudadano para expresarse en la elección de sus autoridades y, para ello, debe saber no solo por quién está votando, sino porqué está votando y cuáles son sus expectativas al depositar ese voto.
Un marco constitucional ideal, pero no real
El Articulo 7 de la CPE, vigente desde 2009, luego de ser redactada y sancionada por una Asamblea Constituyente (la primera y única de esa naturaleza en dos siglos de existencia estatal) señala textualmente: “la soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible”.
El Artículo 11 de la misma carta constitutiva sostiene: “la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”.
La anterior constitución boliviana, vigente desde 1967 hasta 2009, señalaba de manera textual en sus primeros artículos:
- “Artículo 1.- Forma de Estado y de Gobierno: Bolivia, libre, independiente y soberana, constituida en República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa.
- Artículo 2.- Soberanía y Poderes del Estado: La soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imperceptible; su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno. Las funciones del poder público: legislativa, ejecutiva y judicial, no pueden ser reunidas en el mismo órgano.
- Artículo 3.- Religión oficial: El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con la Iglesia Católica se regirán mediante concordados y acuerdos entre el Estado Boliviano y la Santa Sede.
- Artículo 4.- Limitación al pueblo y delito de sedición: El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y de las autoridades creadas por ley. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuye la soberanía del pueblo comete delito de sedición. (el subrayado es nuestro).”
Vale la pena tomar en cuenta dos de estos iniciales artículos, porque son directamente contrarios, antagónicos, al concepto de democracia incorporado en la nueva Constitución. El primero refiere a la forma democrática representativa, mientras que la actual adopta la forma participativa y comunitaria. El Artículo 4 del antiguo texto constitucional refuerza la prohibición de deliberación del pueblo, sino a través de sus representantes. La carta constitucional actual contempla el referéndum, el cabildo y las formas de gobierno propio de los pueblos indígenas originario campesinos.
Es decir, para cerrar esta primera parte, la democracia no se reduce más en Bolivia, ni debiera volver a hacerlo, al voto de los ciudadanos cada cinco años, dejando luego a los elegidos hacer y deshacer, casi a su libre albedrío, incluso más allá de las leyes, para recién después de cumplir su período someterse al escrutinio ciudadano.
La importancia del voto
Pese a los avances de la actual Constitución, en cuanto a participación ciudadana, la importancia del voto se mantiene incólume. Si bien existen varias formas de deliberación, de fiscalización y de control social, reconocidas por la normativa, sin el riesgo de ser acusados de sedición, el voto sigue siendo el origen, la génesis, del mandato ciudadano hacia quienes deberán administrar la cosa pública en su nombre.
Ese voto, para cumplir realmente la función que se le atribuye, debe ser libre, responsable, pero fundamentalmente informado.
La pregunta entonces será: ¿cómo hacer para que el ciudadano cuente con la información adecuada y suficiente antes de emitir su voto?
Las campañas y sus formas
Bolivia celebrará Elecciones Generales el próximo 17 de agosto. Aun cuando la ley regula las actividades electorales, en cuanto los períodos permitidos para realizarlas, las campañas proselitistas suelen colocarse más allá de dichas regulaciones, tal vez bajo aquel aforismo criollo de “hecha la ley hecha la trampa”, tratando de persuadir, convencer o conquistar al electorado con sus propuestas.
Algunos de los candidatos para estas elecciones, incluso antes de ser habilitados como tales, ya se lanzaron al ruedo bajo el denominativo de precandidatos.
Los medios de comunicación masivos (tradicionales y digitales), las redes sociales (hoy en pleno auge a nivel mundial), los contactos directos con la gente, de formas variadas y en algunos casos muy imaginativas, las marchas, concentraciones, bloqueos y una lista de etcéteras, han sido utilizados desde fines del año pasado desde luego con distintos resultados para cada uno de ellos, pues mientras algunos han mostrado un crecimiento sostenido en la aceptación ciudadana a lo largo de estos meses otros no han tenido la misma suerte.
Las acciones de periodistas entrevistadores, sean de medios tradicionales como de los novedosos emprendedores en las redes sociales, se han elevado, obviamente porque la mayor parte de los candidatos, no todos, consideran imprescindible su presencia en esos espacios. Más allá del rating que pudiera tener cada uno de ellos, parten, seguramente, de la consideración de que cada uno de estos espacios tienen su propio público, diferente al de los otros, por lo cual para no dejar espacios vacíos hay que aparecer en todos los que sea posible hacerlo.
Sin embargo, no todos los candidatos aparecen en la misma proporción en estos medios. Unos suelen tener una mayor y muy evidente cobertura, tanto en entrevistas como en sus actividades. Las razones suelen ser muy obvias.
Los debates
Ingresando ya en la recta final de la campaña, en estos últimos dos meses los debates o foros parecen colocarse a la vanguardia en la preocupación de los candidatos. Convocados por organizaciones empresariales, principalmente, y por medios de comunicación, se están convirtiendo en escenario óptimo y no precisamente para que los candidatos hagan conocer sus programas o sus propuestas de gobierno, sino para destilar sus odios y rencores, para que saquen lo peor de ellos mismos con el único fin de destruir al adversario.
Obviamente los medios quieren show, espectáculo, captar audiencia; y los candidatos se prestan fácilmente a esto, creyendo seguramente que al desprestigiar al oponente lograrán capturar a determinado segmento del electorado. Lo sucedido hace una semana en una red televisiva, bajo el nombre de debate presidencial, es la más clara muestra de este pobre espectáculo.
No debe dejar de tomarse en cuenta que los más difundidos, los de mayor cobertura mediática, fuera de los que organizan los mismos medios, son los que organizan los empresarios de diferentes sectores, los que se han convertido en una prueba obligatoria para quienes representan esos intereses, los empresariales, y donde estos candidatos deben ir a jurar (firmar compromisos ante notario de fe pública) de que no harán nada que afecte a ese sector de la economía y la sociedad, así estos compromisos vayan en desmedro de la mayoría de la población boliviana. En ese examen oral ante el tribunal empresarial deben hacer gala de un comportamiento adecuado ante esos jueces de modo que puedan obtener la venia para seguir adelante con sus candidaturas. Si alguien no asiste o no responde a las expectativas de la casta oligárquica empresarial simplemente será vetado.
Pero, además, en estos debates, los organizadores definen a qué candidatos invitan o no. De nueve oficialmente habilitados, no pasan de cuatro lo que son constantemente convocados por las cámaras o agrupaciones patronales. ¿Cuál es el criterio de selección? ¿No se trata más bien de una encerrona en la que ya todo está arreglado e invitan a tres de los suyos y uno del otro lado solamente para “apalearlo” en grupo y frente a las cámaras? Pareciera que es así.
Entonces el valor informativo de estos mal llamados debates electorales es prácticamente nulo. No aportan nada para contribuir a que el ciudadano esté informado para emitir su voto. Tratan de direccionarlo, manipularlo, vender su propio “charque” bajo las apariencias de un debate democrático.
Un verdadero debate nacional
No hay un debate nacional con participación en igualdad plena de condiciones, de todos y cada uno de los candidatos, sea que estén en el primer o en el último lugar en las encuestas, mucho más si se conoce que la mayor parte de esas encuestas que se difunden profusamente son manipuladas a gusto del cliente.
El Estado, en este caso el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), en su condición de máxima instancia y autoridad de los procesos electorales, debiera ser el responsable y el encargado de llevar adelante este tipo de eventos, con participación obligatoria de la totalidad de los candidatos y con especificaciones claras de qué es lo que se espera que comuniquen al electorado, con una instancia moderadora capaz y con la obligación de carácter nacional de que todos los medios de comunicación legalmente establecidos (radiales, televisivos y otros) transmitan en cadena nacional el debate en su integridad para que el ciudadano de todos los confines de la patria tenga la posibilidad de conocer a los candidatos y sus propuestas electorales, las compare, las analice y pueda, llegado el momento del sufragio, tomar una decisión responsable para consigo y para con la patria.
No se necesita siquiera una ley especial en ese sentido. Solo la responsabilidad de las autoridades electorales para generar un espacio verdaderamente democrático dentro del proceso electoral. El resto, llegar con su propio mensaje a todos los rincones del territorio nacional para demandar el voto ciudadano, es una responsabilidad de todos y cada uno de los partidos y es posible que la mayor parte de ellos no tengan las condiciones para hacerlo, por falta de recursos o estructura partidaria o porque simplemente de manera ilegal y arbitraria algunos grupos políticos les impiden llegar a determinadas regiones del país de las cuales esos grupos pretenden apropiarse para desestabilizar o, incluso, sabotear el proceso electoral.
- Por Diego Portal
Leave a Reply