Mientras el Gobierno, a un paso de cumplir su primer mes de gestión, entrabado en sus medidas económicas que hasta ahora no pasan de meros anuncios, y cuando parece que las diferencias entre el presidente Paz y su vicepresidente Lara están siendo paulatinamente superadas, como puede entenderse del creciente silencio de este último en sus redes sociales, aunque sigan pendiente muchas de las promesas electorales ofertadas para ser ejecutadas de manera inmediata a la asunción del mando, hay un tema que ha quedado relegado en los hechos sin explicación alguna, pese a haber sido central en la campaña y la causa del primer enfrentamiento público entre las dos primeras autoridades del país por la designación del ministro de Justicia: la administración de Justicia.
Se trata, sin duda, de un tema recurrente desde hace muchísimos años que ha atravesado a varios gobiernos y que no ha encontrado hasta ahora ninguna posibilidad de solución. Todas las propuestas de reforma, incluidas las que se incorporaron en la Constitución Política del Estado de 2009, no han sido más que intentos frustrados, pues el país sigue contando con una administración de Justicia entregada al poder, en lo político al gobierno de turno y, desde luego, a otros poderes fácticos como el económico que siempre ha hecho sentir su peso dentro de esa administración.
La reunión del 15 de noviembre pasado, realizada en la capital del Estado y sede de la máxima instancia del Órgano Judicial, a pocos días de que Paz y Lara asumieran el mando del país, ha pasado a ser parte de esa larga lista de manifiestos en pro de cambiar esa administración de Justicia que tan desprestigiada se encuentra ya desde fechas inmemoriales.
En aquella reunión uno de los primeros aspectos que no dejó de llamar la atención fue la ausencia del vicepresidente Edman Lara y del entonces aún en ejercicio ministro de Justicia, Freddy Vidovic. Se encontraba en el ambiente la polémica acerca de la designación de Vidovic en esa cartera de Estado y, desde luego, la pervivencia de ese ministerio cuyo cierre había sido reiteradamente prometido por Paz y Lara, en su condición de candidatos, adjetivándolo como el ministerio de la corrupción y la injusticia, entre muchos otros calificativos. Aún ahora se ignora si tras la destitución de Vidovic y la frustrada posesión de un nuevo ministro ese portafolio sigue con vida o no, y cuál será el destino de las tareas que tenía a su cargo, como Derechos Humanos, igualdad de oportunidades, defensa del consumidor, transparencia, registro público de abogados o la dirección del notariado plurinacional, pues oficialmente no se conoce de ninguna disposición que de luces sobre esta situación.
Fuera del pedido de suspensión de los autoprorrogados y el compromiso de asignación de un presupuesto del 5%, que es una vieja aspiración de la judicatura, el resto de las conclusiones del evento de noviembre son nuevamente buenas intenciones que no dan ninguna señal de una verdadera transformación en este órgano del Estado.
Apenas concluida la “cumbre” en la que participaron principalmente quienes están acusados de ser los responsables de la actual situación de la administración de Justicia, es decir las mismas autoridades del Órgano Judicial, quienes como muchas veces fueron en este evento juez y parte, quedó nuevamente archivado o en lista de espera, para decir lo menos, pero sin fecha de reposición.
Autoprorrogados
Una de las manchas más recientes y más oscuras del sistema judicial es el de la actuación de los magistrados denominados “autoprorrogados”, aquellos que por cuenta propia al concluir su mandato constitucional de seis años decidieron quedarse en sus funciones y convertirse en un suprapoder dentro del Estado y tener contra la pared a los otros órganos del Estado.
Ni el Ministerio Público, ni el Legislativo, ni el Ejecutivo accionaron absolutamente nada en contra de ellos, aun cuando era reconocido por absolutamente todos que se trataba de una situación cuando menos ilegal y que de por medio se podía identificar la comisión de varios delitos.
Incluso hoy, después de dos semanas de una salida por demás confusa, a través de una sentencia emitida por ellos mismos, que ponderaba su accionar y que les daba un plazo racional de cinco días para dejar sus funciones, y de otras dos salas constitucionales departamentales, una de ellas que los suspendía de manera inmediata y la otra que mandaba su aprehensión, ni la Fiscalía ni las autoridades del Gobierno han hecho absolutamente nada por cumplir con la orden de aprehensión. Se desconoce si los exmagistrados siguen en el país o si han tomado otros rumbos. El mensaje de las autoridades parece ser claro: ya están fuera del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ya no son importantes y es más urgente reemplazarlos para contar con un tribunal amistoso.
¿Hacia dónde vamos?
El problema del sistema de justicia es por demás complicado, no solo en nuestro país, desde luego, sin que ello signifique una liberación de responsabilidad de parte de nuestra clase política que gobernó prácticamente desde la fundación misma de la República.
Pretender que la solución surja de los mismos actores actuales o de algunos “notables”, abogados independientes y otros que también transitaron por los pasillos de los tribunales como autoridades en diversos tiempos, es simplificar demasiado el problema y es casi seguro que al margen de algunos parches es casi imposible que se puedan encontrar soluciones reales.
Este tema requiere de la más amplia participación social, puesto que afecta a toda la sociedad y no solo a los abogados o a quienes están vinculados con la clase política que se consideran como los iluminados para solucionar los enormes problemas de un sistema judicial corrupto, ineficiente, inadecuado para la realidad del país.
La reclamada independencia del sistema judicial no ha sido más que una utopía. Independencia de quién o de qué podríamos preguntar, para llegar casi siempre a la misma respuesta. ¿De los otros órganos del Estado? ¿De los partidos políticos? ¿De los intereses económicos empresariales? ¿De potencias extranjeras? Históricamente, la administración de Justicia en Bolivia ha estado bajo dependencia casi total del poder político y del económico e incluso a veces de intereses extranjeros, como sucedió en el caso del expresidente Edgar Oblitas Fernández, destituido por oponerse a los mandatos de una potencia extranjera.
Las recientes experiencias de la administración de Justicia son por demás explícitas para mostrar la verdadera naturaleza la crisis judicial.
Tras el golpe de Estado de noviembre de 2019 jueces y fiscales se pusieron a las órdenes del gobierno de facto, iniciando una sañuda persecución en contra de autoridades del Gobierno derrocado y de dirigentes políticos y de movimientos sociales. Eran los mismos jueces y fiscales que semanas antes juraban lealtad al Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS)
Las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a título de reencausar la labor de la Justicia, acordaron una amplia revisión de las detenciones preventivas. Si bien es evidente que esta medida cautelar ha sido utilizada de manera siniestra como una forma de extorsión que benefició a fiscales y jueces, la determinación del máximo tribunal de justicia solo alcanzó a políticos que se encontraban presos acusados de la comisión de varios delitos. Camacho, Pumari y varios otros más lograron salir en libertad y en algunos casos la anulación de sus procesos sin mayor justificación. Incluso la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, logró que anularan una sentencia de 10 años.
Sin embargo, hay miles de bolivianos y bolivianas que supuestamente habrían cometido crímenes mucho menores que quienes fueron liberados, pero que aún se encuentran guardando detención preventiva, pese a sus reclamos, sin que tengan respuesta alguna de las autoridades judiciales.
Reforma o revolución
En las últimas décadas han sido varias las propuestas de reforma judicial, algunas de ellas incluso con apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM). Precisamente esta reforma de la década del 90 del siglo pasado fue la que dio lugar a la creación del Tribunal Constitucional (TC) y del Consejo de la Judicatura (hoy Magistratura), con lo que se consideraba que se podía dar un cambio profundo en la administración de Justicia. El tiempo mostró que poco o casi nada cambio desde entonces.
Tampoco la nueva modalidad de elección de las autoridades judiciales mediante el voto ciudadano, que vino a reemplazar las negociaciones parlamentarias y el cuoteo partidario que antes se utilizaba para estas designaciones, ha significado un cambio en el funcionamiento de la administración de Justicia. Los viejos problemas se mantienen e incluso se han agudizado en muchos aspectos. Retardación, fallos negociados, corrupción, extorsión a través de la detención preventiva y algunos más son moneda de curso legal al interior de los tribunales de justicia.
El cambio verdadero de la Justicia no podrá llegar a través de reformas, se requiere de una verdadera revolución que trastoque las bases mismas del sistema judicial, que destruyendo todo lo actualmente existente, con la participación activa de toda la sociedad, pueda reconstruir desde cero un sistema judicial nuevo, al servicio del pueblo y de la patria.
Y algo de lo que también se debe estar consciente es que no se trata de nuevas normas, menos de crear o cerrar instituciones; la solución no pasa por allí, debe ser más profunda y debe contemplar desde la formación de los profesionales de la abogacía, una verdadera lucha contra la corrupción. Se trata de cambiar la mentalidad, la conciencia, los valores y los principios de nuestra sociedad desde las escuelas, desde las familias, desde todos los ámbitos de nuestra patria. Solo así podremos empezar a cambiar realmente y creer que ese cambio es posible.
- Por Diego Portal
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