La Paz-. Dos exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia y una jueza aparecen hoy investigados por presunto prevaricato en el denominado caso Mutualista, del departamento de Santa Cruz, confirmó una fuente oficial.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, aseguró que el Ministerio Público admitió la acción penal presentada el lunes último por la Unidad de Transparencia del TSJ contra las exautoridades constitucionales Isidora Jiménez y Petronilo Flores, además de la jueza Nery Yanet Mojica por alegadas irregularidades en la tramitación de ese expediente.
La denuncia tiene como base un análisis de los actuados procesales, que derivó en un informe con responsabilidades identificadas y remitido a las autoridades competentes.
“Ya ha sido admitida, después de haber pasado por la Unidad de Análisis de la Fiscalía y actualmente cuenta con inicio de investigación bajo control jurisdiccional de un juez de instrucción en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra”, sostuvo Saucedo.
El proceso se origina en la disputa por la titularidad de los predios del Mercado Mutualista, en Santa Cruz de la Sierra, que abarca cerca de cinco hectáreas, y enfrenta el reclamo de la familia de apellido Crapuzzi por el derecho hereditario frente al dominio público municipal.
La controversia escaló tras una sentencia constitucional de 2024 que favoreció a los particulares y evidenció una presunta falta de regularización del terreno durante cuatro décadas.
Según la denuncia, la jueza Mojica habría admitido y dado curso a una acción de amparo constitucional sin competencia, debido a que tanto el domicilio del accionante como los hechos en cuestión corresponden a la ciudad de Santa Cruz.
Los exmagistrados, en tanto, suscribieron la sentencia que obliga al municipio cruceño a entregar documentación del mercado a la familia, fallo que Saucedo calificó de “prevaricador”, lo cual motivó su inclusión en la denuncia.
Aclaró el titular del TSJ que la admisión del caso abre la etapa preparatoria de investigación, bajo la dirección funcional del Ministerio Público, con el objetivo de realizar las diligencias correspondientes.
Enfatizó en que con este proceso se busca sentar un precedente en la administración de justicia.
“Se debe entender que la justicia está cambiando, que no se tolerarán hechos de corrupción ni decisiones orientadas a favorecer de manera irregular intereses particulares, menos aun cuando se trata de bienes de dominio público”, concluyó.
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