La Paz-. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) iniciará hoy el bloqueo de carreteras a escala nacional en rechazo a la Ley 1720, según un instructivo circulado a todas las bases.
De esa forma, la mayor organización social rural del país andino amazónico ratifica su respaldo a cientos de marchistas de Pando y Beni, quienes tras 28 días de recorrido desde esos departamentos entregaron el lunes último su demanda principal en la Casa Grande del Pueblo (sede del Ejecutivo): la abrogación de la 1720.
Esa normativa establece la conversión de la pequeña propiedad de tierras productivas en mediana y su posible hipoteca.
Los críticos de la ley consideran que beneficia solo a la oligarquía del negocio agroindustrial y constituye una puerta abierta a la expansión del latifundio.
El contingente de indígenas y campesinos de Beni y Pando ingresaron este lunes a la sede de Gobierno tras recorrer más de 100 kilómetros desde las tierras bajas hasta el altiplano con la convicción de que la Ley 1720 amenaza sus derechos territoriales.
La decisión asumida por la Csutcb fue aprobada tras un ampliado de emergencia convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), donde dirigentes campesinos e indígenas resolvieron radicalizar sus protestas ante la falta de respuesta del Gobierno a sus demandas, aseguró Severo Marka Poma de la Comisión de Justicia de la organización social campesina.
Durante el cabildo nacional convocado por la COB en la ciudad de El Alto el 1 del mes en curso, el dirigente ejecutivo de la Csutcb, Víctor Hugo Roca, dio un ultimátum al Gobierno hasta este miércoles para atender sus demandas, bajo advertencia de activar un ciclo de movilizaciones a escala nacional.
En esa oportunidad, la dirigencia no descartó medidas contundentes como bloqueos de carreteras y protestas escalonadas en todo el país.
Sin embargo, este martes, el ministro de la Presidencia de Bolivia, José Luis Lupo, descartó que la abrogación de la Ley 1720 sobre tierras sea una atribución del Ejecutivo y recomendó trasladar al Órgano Legislativo esa demanda.
“No está en manos del Gobierno abrogar una ley. Eso corresponde a la Asamblea; además, la propia norma surgió como una iniciativa legislativa, no del Ejecutivo. No obstante, somos plenamente conscientes de que el tema de la tierra debe discutirse amplia y profundamente en Bolivia”, afirmó.
“Nosotros no necesitamos reunirnos con los ministros; necesitamos reunirnos con (el presidente) Rodrigo Paz. Le damos un plazo de 24 horas”, aseguró el lunes el dirigente de los marchistas Faifer Cuajera tras dejar el pliego de demandas en la sede gubernamental.
A lo largo del recorrido de 100 kilómetros, ministros y viceministros intentaron infructuosamente en tres ocasiones disolver la marcha con la promesa de acuerdos, sin embargo, campesinos e indígenas reiteraron el criterio de que solo regresarán después que la 1720 sea abrogada, pues sus intereses no fueron tenidos en cuenta para su elaboración y su promulgación.
Paz promulgó la normativa criticada por los sectores populares el 8 de noviembre último ante los grandes hacendados de la agroindustria cruceña, sin tener en cuenta que en esa misma fecha se iniciaba la marcha en el departamento de Beni.
Con la intención de atenuar la inconformidad de los manifestantes, el Ejecutivo aprobó, posteriormente, el Decreto Supremo 5613, que reconoce el derecho sobre la pequeña propiedad agraria y dispone la dotación ágil de tierras en Beni y Pando.
Los cientos de marchistas, quienes permanecen movilizados en La Paz, consideran que ese decreto es insuficiente e insisten en la derogación total de la 1720, al tiempo que aseguraron que permanecerán en la capital política del país hasta lograr una respuesta satisfactoria a su petición principal, y no descartaron iniciar una huelga de hambre.
Por el momento, pernoctan en espacios de la Universidad Mayor de San Andrés, y anuncian que protestarán diariamente en las calles.
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