La Paz -. A la espera del diálogo pacificador con la Central Obrera Boliviana (COB), el Órgano Ejecutivo garantizó hoy que no promoverá privatizaciones de empresas públicas estratégicas ni la entrega a privados o extranjeros de los recursos naturales.
“El Gobierno nacional ratifica que no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales estratégicos a intereses privados nacionales o extranjeros en perjuicio del Estado boliviano”, afirma la respuesta gubernamental a los puntos presentados la víspera por la COB como premisas a un diálogo pacificador tras 47 días de bloqueo.
La central matriz del sindicalismo boliviano exigió garantías contra cualquier proceso de capitalización, concesión o transferencia de activos estatales.
Asimismo, reclamó frenar las gestiones de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), principal impulsor mundial de las políticas de corte neoliberal.
Respecto a este último asunto, prometió el Gobierno que “transparentará toda negociación, crédito o acuerdo con organismos internacionales, conforme a la normativa vigente, resguardando la soberanía nacional, la sostenibilidad fiscal y el interés del pueblo boliviano”.
Sobre la promesa proclamada como bandera durante la campaña presidencial en 2025 por el mandatario, Rodrigo Paz, de redistribución de los recursos bajo la consigna de 50/50 (mitad para el Gobierno central y el otro 50 por ciento para gobernaciones, municipalidades, comunidades indígenas y universidades), la Administración de Paz formuló un nuevo anuncio.
Indicó que se “impulsará una mesa técnica de pacto fiscal y distribución de recursos con las instancias competentes, en el marco de la Constitución, el régimen autonómico y la sostenibilidad financiera del Estado”
Las autoridades gubernamentales bolivianas también dijeron respaldar la conformación de una Comisión Especial Mixta Legislativa para investigar el caso denominado “narcomadera”, relacionado con embarques desde Bolivia de ese tipo de material procesado con 108 toneladas de drogas incrustadas, el cual fue decomisado en puertos del Pacífico chileno.
En materia de derechos y movilizaciones, el Ejecutivo sostuvo que “no apoyará ninguna norma que criminalice la protesta pacífica ni que restrinja de manera desproporcionada el derecho constitucional a la movilización”, lo cual es impulsado por los grandes empresarios y la ultraderecha vinculada a este sector.
Sin embargo, fuentes gubernamentales informaron que se mantendrá la obligación de garantizar “la libre transitabilidad, el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, la circulación de ambulancias y el funcionamiento de servicios esenciales”.
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