El gobierno del presidente Donald Trump se prepara para vender unas 40.000 bombas de 2.000 libras a Israel a cambio de unos 2.800 millones de dólares, en lo que supondría la mayor transacción de Washington con este tipo de munición pesada, según adelantó este martes el diario The Washington Post. La partida incluye unas 20.000 bombas MK-84 y BLU-117 y otras 20.000 unidades de la I-2000, según un funcionario citado por el rotativo.
Todas son municiones estadounidenses de unos 900 kilos diseñadas para ser lanzadas desde el aire y las dos primeras constituyen bombas de propósito general, mientras que la I-2000 es una ojiva penetrante para atacar búnkeres y otras estructuras blindadas. La magnitud de este paquete supera incluso a transacciones similares para Israel realizadas por el Gobierno de Joe Biden(que se estima que vendió unas 14.000 de estas bombas tras los atentados de Hamás de octubre de 2023), e incluso por el Gobierno Trump el año pasado, cuando notificó que transferiría algo más de 39.000 de estas armas.
A su vez, la Administración Biden retuvo en mayo de 2024 una transferencia programada de unas 1.800 de estas bombas ante la preocupación de que Israel pudiera emplearlas en una operación en zonas densamente pobladas de Rafah. Este tipo de munición está considerado entre los más destructivos en el arsenal estadounidense e Israel ha sido criticado por emplearlo frecuentemente en Gaza y el Líbano.
Aunque la operación se considera como una venta, la transacción se financia mediante un mecanismo conocido como Financiación Militar Extranjera (FMF, por sus siglas en inglés), en el que Estados Unidos aporta dinero de sus contribuyentes que los países compradores emplean para adquirir las armas.
El proyecto de eliminación
La ONG israelí Betselem emitió esta semana un detallado informe, titulado El proyecto de eliminación, donde desglosa el supuesto plan de Israel para «desmantelar los cimientos» de la existencia palestina con el objetivo de que se vuelva «cada vez más fragmentada, vulnerable y dependiente». «El proyecto de eliminación liderado por Israel en Cisjordania busca reorganizar el espacio y las condiciones de vida en él para que el control israelí y la presencia judía se conviertan en algo contiguo, institucionalizado y permanente», asegura.
El proyecto de eliminación, basado en 2.000 testimonios de residentes de Cisjordania recopilados en los últimos tres años, hace hincapié en la «distinción institucional» entre los judíos que viven en asentamientos -sujetos a legislación civil y con plenos derechos políticos- y los palestinos -bajo régimen militar- que habitan ese territorio.
Betselem desglosa en el reporte que las políticas de Israel para «socavar la existencia palestina» se han mantenido desde 1967, pero que se han acelerado desde finales de 2022, cuando llegó al poder el Gobierno liderado por Benjamín Netanyahu sustentado, en parte, por la ultraderecha nacionalista. la organización.
Para la ONG israelí, el plan está perfectamente diseñado para conseguir que «las tierras y los recursos pasen a control judío; se expandan los asentamientos, los puestos de avanzada y las explotaciones agrícolas», mientras los sistemas jurídicos operan para dotar estos procesos de garantías legales.
De hecho, según Betselem, desde 1967 Israel se ha apoderado de más de 200.000 hectáreas —más de un tercio de Cisjordania— mediante una serie de mecanismos legales, urbanísticos y administrativos, como las declaraciones de tierras estatales, zonas militares cerradas, reservas naturales o el establecimiento de asentamientos.
La violencia como «mecanismo central de control»
La ONG también destaca en su informe que la violencia en Cisjordania funciona como un «mecanismo central de control, desplazamiento y desmantelamiento», pues «restringe el margen de acción de los palestinos». Betselem también ha documentado decenas de casos de colonos ejerciendo facultades militares, desdibujando la distinción entre civiles armados y soldados con altísimas tasas de impunidad.
Y es que, entre 2016 y 2024, se presentaron ante el sistema de justicia militar 2.427 denuncias relativas a daños causados por soldados a palestinos y a sus bienes, pero solo en el 22,7% de los casos se iniciaron investigaciones y únicamente en el 0,9% se formularon acusaciones formales.
Además, entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2026, fuerzas israelíes y colonos mataron a 1.087 palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, incluidos 242 niños y 21 mujeres, de acuerdo al informe.
Los mecanismos israelíes para la «eliminación»
«Israel ha restringido el desarrollo económico palestino independiente desde 1967, canalizando la mano de obra palestina hacia el mercado laboral israelí, controlando los recursos y los pasos fronterizos, e impidiendo su desarrollo autónomo», resalta Betselem. No obstante, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Israel ha explotado esta dependencia «de manera más agresiva», revocando 140.000 permisos de trabajo para palestinos en suelo israelí y disparando la tasa de desempleo en Cisjordania.
El informe, presentado este lunes en una rueda de prensa en Jerusalén, retrata cómo se implementa el «mecanismo israelí de eliminación» palestina a través de cinco epígrafes titulados: violencia e intimidación, restricciones de movimiento, estrangulamiento económico, destrucción sociopolítica, y limpieza étnica y apropiación territorial. «Los cinco ámbitos operan simultáneamente y están interconectados, reforzándose mutuamente (…) Son parte de un mecanismo complejo, regido por una lógica e implementado mediante diversas prácticas por distintos actores israelíes», continúa el documento, de 249 páginas de extensión.
Capítulo aparte merece para Betselem la Franja de Gaza, donde «la lógica de eliminación ha alcanzado su forma más extrema»: «La normalización de las matanzas masivas y la destrucción brutal que Israel inflige en Gaza ha ampliado drásticamente lo que el público israelí considera violencia legítima contra los palestinos», completa.
Las violaciones aquí descritas están financiadas, protegidas e integradas en la política estatal israelí y se llevan a cabo dentro de un sistema de amplia impunidad», afirmó durante la presentación la directora de la ONG, Yuli Novak, que llamó a la comunidad internacional a actuar con acciones, no declaraciones.
- Beverly Fanon-Clay: Socióloga estadounidense, profesora universitaria, colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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