Por José Galindo * -.
Ni narco-estado, ni estado-capturado por el narco, ni sindicatos narco-cocaleros. Tres afirmaciones hechas por políticos de oposición durante los últimos días deben ser desmentidas con datos. Bolivia se encuentra bajo la misma amenaza que la economía global ilícita impone sobre el resto de los países del resto del Tercer Mundo, y de hecho, ha jugado mejor sus cartas. Mejor que México, mejor que Colombia y mejor que los propios EE.UU. El caso Montenegro debe ser razón de alerta, no de alarma.
Un término cada vez más recurrente para señalar situaciones en las que ciertas instituciones del Estado han sido penetradas por estructuras criminales dedicadas a negocios ilícitos es la de “Estado capturado”, que describe contextos donde sujetos provenientes del crimen organizado logran influir significativamente sobre políticos y estructuras formales del Estado para facilitar sus negocios al margen pero con el apoyo cómplice de la Ley. Montenegro, Medina, Moreira, Castedo, son sólo algunos de los nombres que hoy parecen confirmar, para la oposición, la hipótesis de que algunas instituciones del Estado boliviano se encuentran actualmente bajo el dominio de redes transnacionales pertenecientes al crimen organizado, que amenazan la seguridad pública e incluso la propia gobernabilidad del país. Aún peor, según algunos, una buena parte de nuestra economía se explica por la venta de la materia prima para hacer cocaína, la hoja de coca, lo que prácticamente nos haría un “narco-estado”. Si todo esto suena demasiado fatalista para ser verdad es porque, justamente, no lo es.
Es bueno reflexionar sobre los verdaderos alcances de éstas presunciones y no caer en el alarmismo que convenientemente parece estar ventilándose en estos tiempos electorales. El crimen organizado se ha venido globalizando desde finales del siglo pasado a un ritmo que seguramente McDonald’s y Burger King hubieran querido para sus franquicias, y de hecho es muy probable que los bolivianos aún estemos en los márgenes de una poderosa economía global ilícita.
De hecho, el narcotráfico, como industria motora del capitalismo contemporáneo, es tan influyente que sería imposible entender el Brasil de Bolsonaro sin ella. Siendo las cosas así, el Estado Plurinacional tiene más razones para estar alerta que para sentirse amenazado. Es más, aunque será objeto de otra publicación, de hecho puede decirse que el modelo boliviano de lucha contra el narcotráfico no sólo es más exitoso que el punitivo tradicional, sino que es la forma preferencial en la que el mundo tendrá que enfrentarse a éste reto en el futuro.
Tres falsas conclusiones
No obstante, concentrémonos primero en la actual coyuntura del país: Que la Justicia como institución en Bolivia se encuentra sumida en una grave crisis de legitimidad no debería sorprender a nadie, aunque no está de más indignarse. Las portadas de los periódicos y programas enteros de otros medios de comunicación suelen revelar, muy a menudo, escándalos que involucran a oficiales de policía, jueces, fiscales y abogados con sórdidos esquemas de corrupción y actividades criminales.
Es un fenómeno transversal al Estado boliviano, que pasa desde el Ejecutivo hasta el Órgano Judicial e incluso a algunos políticos del Legislativo. Sin embargo, Bolivia está lejos de parecerse a otros ejemplos de expansión de la actividad criminal como México, Colombia o El Salvador, donde regiones enteras de éstos países se encuentran bajo el control de clanes, carteles, maras, pandillas y mafias cuya autoridad ha sobrepasado por mucho la de la Ley, o donde ellos son ahora la Ley.
Pero ya ha corrido la voz de alarma en el Estado Plurinacional, cuya población, más que indignada, contempla con resignada tristeza cómo cada nuevo caso que revela la prensa no hace más que confirmar las razones para su desconfianza con los tribunales de Justicia, con la Policía y con la burocracia en general. Que es grave es innegable, pero desmitifiquemos algunas aseveraciones que se han hecho al calor de la coyuntura, para evaluar la extensión y profundidad de la enfermedad. Tres falsas conclusiones deben ser desmentidas por el momento: que el gobierno ha construido esencialmente un narco-estado; que el narcotráfico ha penetrado todas sus estructuras; y que la producción excedentaria es la principal causa de todo esto.
Bolivia no es un narco-estado
Un narco-estado es un Estado que se financia con actividades provenientes del narcotráfico, principalmente a partir de presupuestos no oficiales que muchas veces ni siquiera están bajo el control de gobiernos locales sino más bien en los bolsillos de capos regionales con una autoridad casi de facto sobre sus territorios. Acá, la producción y comercialización de la droga son la principal actividad económica de sectores enteros de la población afectada, como es el caso de algunos estados de México. De acuerdo a José María Carmona, entrevistado por la BBC Mundo, “El estado abandonó el apoyo al campo y cambió su política agraria. Eso generó una importante base social al narcotráfico”, con casi 9 mil comunidades agrarias involucradas en la producción de drogas, añade luego.
Aunque los cinco primeros sectores que componen el PIB boliviano están encabezados por la agricultura, seguidos por la banca, el comercio, la construcción y las comunicaciones, es casi imposible señalar a la hoja de coca como el principal cultivo del país: ese es la soya. En cuanto a ingresos del Estado en todos sus niveles, es bien sabido que provienen principalmente de la venta de hidrocarburos y minerales: en 2018 la venta de hidrocarburos significó casi 9 mil millones de dólares; la venta de minerales casi 3 mil millones. Ni siquiera se sabe de gobiernos locales bolivianos que estén financiando sus Programas Operativos Anuales con recursos provenientes de la producción o comercialización de droga.
Bolivia no es un “Estado capturado”
Mientras un narco-estado financia la economía de sus sociedades, un Estado-capturado (que a veces es también un narco-estado) se caracteriza por penetrar y financiar la política: con alcaldes, legisladores y hasta presidentes dependientes del narcotráfico desde el momento que hacen campaña. Es el caso de los narco-partidos, narco-diputados, con sus narco-nominas en México, y fue incluso el caso de Pablo Escobar, siendo él mismo un narcotraficante que llego a diputado, en Colombia. Hasta el momento, no se ha sabido de un solo ministro o legislador boliviano financiado directamente por el narco. Nótese también que, en un narco-estado, las organizaciones criminales son locales y compuestas por nacionales: los carteles mexicanos están dirigidos por mexicanos; los carteles colombianos por colombianos; en Bolivia, las bandas neutralizadas siembre han sido brasileras o colombianas.
Los instrumentos represivos de un narco-estado y un Estado-capturado, además, ejercen un control mucho más estricto sobre su sociedad que un Estado “normal”, como por ejemplo, sobre los medios de comunicación, en orden de acallar toda posible denuncia: piénsese en México nuevamente, donde fueron asesinados 144 periodistas por investigar los vínculos de políticos con narcotraficantes desde el año 2000, mientras que en Bolivia este número es de literalmente cero, ninguno. Añádanse los más de 33 mil muertos durante 2018 en éste mismo país, donde también hay políticos, jueces, abogados y, por supuesto, narcos. Aunque Bolivia no se ha librado completamente del fenómeno de la violencia en sus diferentes formas, el país no se encuentra ni siquiera en la lista de los 20 países con mayores tasas de homicidios del mundo, de los cuales 17 son sudamericanos. Primer lugar, Venezuela, 53,7; segundo lugar, Honduras, con 22,1; Bolivia… 6,3. Esto es relevante, puesto que el tráfico ilícito de drogas es comúnmente asociado con altos niveles de violencia ejercidos por las organizaciones criminales, sean estas maras, pandillas o el propio Estado.
Ahora bien, la debilidad institucional de la Justicia en Bolivia, así como de la Policía y de muchas otras instituciones ligadas a la seguridad y a la salud, no es lo mismo que la extensión del cáncer del narcotráfico a través de sus estructuras de toma de decisiones: la injusticia boliviana responde a una institucionalidad que no se cambió ni se quiso cambiar desde que fuimos República: un Estado discriminatorio, clientelista, hermético ante los sectores más vulnerables y abierto para capas privilegiadas, colonial en muchos sentidos, todas características que obviamente lo hacen más permeable ante el fenómeno del narcotráfico.
Y en eso están, tratando de entrar, lo que no quiere decir que ya estén acá. De la misma forma que sindicatos, círculos empresariales y organizaciones profesionales necesitan influir sobre políticos en orden de garantizar el respeto a sus derechos, los empresarios del narcotráfico, y sus emisarios, necesitan de los favores de las autoridades policiales, judiciales e incluso e la aquiescencia de políticos en orden de que sus negocios no sean intervenidos. Montenegro no es el primero ni será el último, lo que quiere decir que el Estado tendrá que desarrollar mecanismos formales para “proteger la política” de la influencia del narcotráfico. Diputados, alcaldes, concejales, senadores, ministros e incluso presidentes y vicepresidentes, al igual que figuras públicas, deben ser puestas bajo el escrutinio del Estado, la prensa y la propia sociedad.
Los productores de hoja de coca no son narcotraficantes
La producción de hoja de coca excedentaria ha dado motivos y falsas justificaciones para apuntar con el dedo acusador a los cocaleros bolivianos, particularmente a los del trópico cochabambino. Con argumentos comprensibles, pero sin una sola prueba señalan a los cocaleros como el germen de la narcopolítica en Bolivia, hasta el extremo de rumorear sobre sus riquezas cada vez que un auto de lujo llega al país, como sucedió con el Lamborghini… que ni siquiera pertenecía a un cocalero. Pero, aun aceptando aquella hipótesis, teñida de racismo ¿Cuándo valor extraen ellos de la cadena productiva del narcotráfico? ¿Qué tan ricos se hacen produciendo la materia prima de una de las drogas con mayor costo en el mercado ilícito internacional? Según Allan Gillies, investigador de la prestigiosa revista Journal of Illicit Economies and Development, de la London School of Economics, los cocaleros bolivianos extraen nada menos que el 0,01% de la cadena productiva de la cocaína.
Veamos lo que tiene que decir sobre los cultivadores de hoja de coca en Bolivia, Colombia y Perú: “La ‘Guerra contra las drogas’ también ha apuntado a comunidades rurales que se han volcado al cultivo de coca (…) por razones de pobreza más que por codicia. Pero las políticas basadas en la represión, incluyendo la erradicación de la hoja de coca, han tenido poco efecto en el precio y la disponibilidad de la cocaína en la calles de Norteamérica y Europa. En vez de ello, sólo han servido para infligir más daño a su subsistencia”.
Pero como señalamos, se trata más de un prejuicio que de un hecho comprobado (afirmar que los cocaleros del trópico boliviano son exitosos empresarios de la droga), prejuicio que es además racista. ¿Cuánta gente se indignaba cuando Roberto Suárez dirigía el negocio de la droga desde Beni? ¿O cuando la hija del entonces presidente Hugo Banzer Suarez salía con Marino Diodato, miembro del crimen organizado italiano? ¿qué pasó con los narcovínculos, donde Samuel Doria Medina aparece en una foto con uno de los involucrados? ¿Barbas Chocas y el MNR? Además de preocupante, pues se trata de las mismas comunidades que fueron vulnerabilizadas por el Estado durante la década de los 90s, y detrás de las cuales se organizó un movimiento popular que acabó con el viejo sistema de partidos. De hecho, el resentimiento contra este sector de la población, ¿no tendrá que ver más con eso que con sus actividades económicas?
Bolivia debe debatir sobre la expansión de los cultivos de hoja de coca, pero sobre hechos y preocupaciones honestas sobre el medio ambiente, el desarrollo y la inclusión social, y no sobre imperativos provenientes desde Washington, que es sobre lo que tratará la próxima publicación: aunque las drogas son un innegable problema que debe ser resuelto a nivel internacional, solamente EE.UU. lo han convertido en un factor condicional de sus relaciones diplomáticas, manipulando e interviniendo en otras partes del mundo en nombre de ello en no pocas ocasiones y con terribles resultados.
* Politólogo.
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