Los conflictos que se vienen registrando en el sector minero, ya sea traducido en enfrentamientos entre cooperativistas y trabajadores asalariados (Colquiri) o comunarios y asalariados (Malku Kota), es un anticipo de mayores conflictos en uno de los rubros de mayor importancia en la generación de ingresos para el país.
La importancia de la minería se ha incrementado en los últimos años debido a la gran demanda de materias primas en el mercado mundial, particularmente de China, pero también por los altos precios a pesar de momentos de relativa reducción. Entonces, demanda y altos precios han convertido a esta parte de la industria extractiva en atractiva para todos.
Es muy difícil saber si la tendencia se mantendrá por meses o años, pues si bien existe una crisis del modo capitalista de organizar la economía, al mismo tiempo hay razones como para pensar que la salida no será la desvalorización de la minería, en parte por la creciente producción de automóviles en el mundo y su ascendente demanda, pero también por las escasas posibilidades que tiene el capitalismo de salir de la crisis por la vía de la desvalorización del capital.
En ese contexto mundial es que debe entenderse la importancia de la industria minera en el país y los conflictos que se están registrando. Hasta ahora el gobierno ha enfrentado, con problemas y relativo éxito, varios conflictos en el sector, de los cuales Colquiri y Malku Kota son los más significativos por la forma cómo se han desarrollado. Empero, es poco conocido el avasallamiento de minas en varios departamentos.
Desde esa perspectiva, la problemática minera requiere de soluciones estructurales. La Constitución Política del Estado reconoce la economía plural (estatal, comunitaria, cooperativista y privada), pero sería un grueso error pensar que su aplicabilidad será automática en la minería y exenta de peligros. Está claro que la realidad supera los buenos deseos.
Entonces, se impone la necesidad de que los actores de la industria minera —estado, asalariados, cooperativistas, privados y ahora comunarios—, debatan clara y abiertamente sus visiones particulares para construir, a partir de eso, una “visión común” que beneficie a todos y sobre todo al país. El hecho de que Bolivia sea por excelencia un país minero, es algo que puede facilitar las cosas.
Un escenario de gran importancia para eso y altamente consecuente con la aplicabilidad de las democracias participativa-directa y comunitaria de la Constitución es la convocatoria a una Cumbre de la Minería, como la que pronto se llevará a cabo en el sector salud.
El ministro de Gobierno lo ha planteado durante los conflictos de Colquiri. Pero no solo debe contarse con la voluntad política del gobierno para hacerla realidad sino con la voluntad política de los otros actores. Y eso es lo ausente hasta ahora.
Los asalariados, cooperativistas, comunarios y privados deben deponer sus intereses particulares y pronunciarse ante ese llamado gubernamental que, de concretarse, es el escenario adecuado para construir juntos una política minera.
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