octubre 20, 2020

El refugio en la legislación internacional

por: Liliana Guzmán Gorena *

Los instrumentos internacionales relativos a refugiados, con los que ahora cuenta la humanidad para la protección de los derechos de las personas que encuentran refugio en otro Estado, a causa de persecución o riesgo de su vida o libertad o que huyen de conflictos armados y violaciones de derechos humanos, son el resultado de hechos históricos que nos remontan a 3500 años, donde podemos encontrar relatos de historia antigua e inclusive bíblicos.

La experiencia de los refugiados es una de las más significativas en la historia de la humanidad; muchos pueblos han pasado por el refugio y también han recibido refugiados; esta dialéctica ha marcado la identidad de las naciones y de su cultura, de su memoria histórica, de su ser colectivo y de su religión. Es una historia de sufrimientos y esperanzas, es la difícil y penosa situación, por la que millones de personas terminan lejos de sus hogares y sus tierras.

Si bien las Naciones Unidas han enfrentado la “cuestión de refugiados” desde el principio y aún antes de su constitución formal, puede decirse que el fenómeno de los refugiados y de los desplazados comenzó a principios del siglo XX (1912) con las guerras balcánicas, asumiendo dimensiones más preocupantes con la revolución rusa y la fatídica suerte que corrió la enorme cantidad de desplazados forzados a causa de la segunda guerra mundial. Estos hechos plantearon la necesidad de un nuevo orden normativo universal que definiera la condición jurídica de los refugiados.

En la actualidad 141 países son parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados suscrito en 1951. Este primer acuerdo internacional que cubrió los aspectos más importantes de los refugiados y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967), son instrumentos estrechamente ligados a los principios de los derechos humanos, cuyos antecedentes normativos, entre otros, están en el art. 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que es el primer documento internacional que reconoció el derecho a solicitar y gozar de protección contra la persecución.

La Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984), es un acuerdo en el marco de la OEA que agrega la amenaza de la violencia generalizada, la agresión interna y la violación masiva de los derechos humanos. Esta Declaración constituye la base de la política de refugiados de la región y se ha incorporado a la legislación nacional de muchos Estados. En este mismo contexto, se encuentra la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984.

Para llegar hasta aquí se recorrió un largo camino de luchas de pueblos, de naciones y de activistas por los derechos humanos e intelectuales, que forjaron la doctrina y sustento de estas normas internacionales.

Las dictaduras en América Latina en los décadas 60, 70 y 80 del siglo pasado provocaron heridas profundas en decenas de miles de familias que encontraron refugio en México, Cuba, Europa, Canadá y otros países y que fueron jurídicamente protegidas por los instrumentos del Estatuto del Refugiado

El refugio es muy serio y su aplicación se la debe ejercitar con la seriedad que merece un bien jurídico que le costó mucho a la humanidad y la comunidad internacional que enarbola sus principios

Conceder a una persona o grupo de personas la condición de Refugiadas, implica un análisis y estudio de cada caso sobre la pertinencia o no de otorgarla, con criterios de elegibilidad, de acuerdo a los citados instrumentos y formas complementarias de protección, enlazando con las normas internas de los estados parte. Los Estados amigos o enemigos o más aún si son amigos deberán conciliar las preocupaciones nacionales relativas a la seguridad con las normas internacionales de protección.

¿

Quién es un refugiado en los términos de la Convención 1951 sobre el estatuto de los refugiados?

La Convención define a un refugiado como la persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de tal país o no quiere regresar a él a causa de dichos temores…”.

Las causas de persecución deben coincidir con uno de los cinco puntos señalados que figuran en el Artículo 1. A de la Convención. Cuando el motivo de la persecución es diferente, no deberá tenerse en cuenta a esa persona como candidata para acogerse al Refugio. Entonces, las causas de persecución pueden ser en razón de raza, religión, nacionalidad, grupo social determinado y/u opiniones políticas.

Los solicitantes de asilo, es decir, aquellos que pretenden que se les considere como refugiados en otro país, deben demostrar de manera individual que su temor de ser perseguido es evidente y someterse a un proceso jurídico mediante el cual el país de destino decide si el peticionario califica como tal.

La ley internacional acepta el derecho a pedir asilo, pero no obliga a ningún Estado a concederlo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que se creó en 1951 para colaborar con la protección de los refugiados en el ámbito internacional recomienda procedimientos de aplicación a la Convención a fin de evitar errores.

El caso Cossio

Después de todo lo anteriormente expresado, surge la pregunta si el caso de refugio de Mario Cossio se ajusta a la citada definición de la convención. Veamos.

¿En qué consiste la persecución?, ¿Cuáles son las pruebas que demuestran que su temor está bien justificado?, ¿Cómo se definen las bases de la persecución (raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, opiniones políticas)?

El refugiado Mario Cossio, no demostró una relación entre él y un peligro real de daño; no demostró que “existen amenazas contra su vida, su seguridad o su libertad”.

El Estado boliviano no está persiguiendo a Mario Cossio por razones de raza, no está en cuestión el color de su piel o los rasgos que caracterizan a una raza, ni por la religión que profesa, ni por su nacionalidad, no está en cuestión su lengua, su cultura o sus costumbres, tampoco es perseguido por pertenecer a un grupo social, ni por la posición social que ostenta; su persecución no se basa en su opinión política que puede ser contraria a la del gobierno, pues en esa lógica estarían perseguidos todos los oponentes políticos, que no es así ya que tienen representación en la asamblea legislativa y en gobiernos regionales, municipales y en otras instancias estatales y no estatales.

Cossio es un perseguido de la justicia boliviana acusado de la comisión de presuntos delitos en la administración de recursos públicos que habrían ocasionado daño económico al Estado. Mario Cossio, como cualquier otro ciudadano, tiene las garantías que le ofrece la estructura jurídica boliviana, para defenderse y probar su inocencia. No es comprensible, por tanto, que quien reclama inocencia tome como primera acción la de huir del territorio donde habría cometido los delitos de los que se le acusan.

En conclusión, el Estado paraguayo a través del CONARE no logró realizar una interpretación fidedigna de la Convención. Las resoluciones de instancias semejantes de otros Estados no se pueden basarse en amistades o enemistades, el sustento debe ser siempre, el conjunto de elementos jurídicos y la doctrina.

Es pues necesario que el Estado Paraguayo revise la protección que brinda al Mario Cossio en atención a criterios jurídicos y doctrinales que determinan la condición de refugiado, en base a mecanismos que la propia Convención de 1951 y del Protocolo de 1967.

El Estatuto del Refugiado es un recurso jurídico internacional de protección a la vida y la libertad de personas que se encuentran en riesgo de perderlas injustamente, no es una oportunidad de encontrar una vida cómoda o huir de responsabilidades con la justicia del país de origen.

*     Egresada del curso de “Refugiados” del Instituto de Derecho Humanitario de San Remo-Italia

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