octubre 19, 2020

8 de marzo: Alto a la impunidad a los agresores feminicidas 1

por: Patricia Brañez Cortez *

El 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, se constituye en un hito histórico por la ampliación de los derechos laborales y ciudadanos de las mujeres con igualdad de oportunidades. Sin embargo, a más de 150 años de estos hechos las mujeres seguimos viviendo discriminación y continuamos siendo consideradas segundas o terceras ciudadanas.

Bolivia en 2009, después de un proceso constituyente, promulga su nueva Constitución Política e introduce como Derecho Fundamental 2 que “todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad (Art. 15, II) y que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado (Art. 15, III).

Recupero lo que señala la Constitución para apelar a las autoridades y a la población en su conjunto ante la gran magnitud de denuncias de casos de violencia contra las mujeres, ya que muchas de ellas, después de una larga historia de violencia cotidiana, concluye lastimosamente con su muerte.

¿Y quién es el agresor/feminicida? En más de un 50% 3 de los casos de feminicidio (asesinato de las mujeres) éste es el “compañero sentimental” de la víctima. Es decir, enamorados, novios, esposos, concubinos o ex, que consideran que su pareja y su vida es de su propiedad y que por lo tanto pueden, como dueños, quitarla.

Ante estos hechos, nuestro Estado, nuestras autoridades, nuestro Gobierno, nuestra Justicia y todas las instancias que deben garantizar derechos constitucionales ¿qué hacen? NADA… o casi nada.

Como las mujeres somos consideradas ciudadanas de segunda o tercera, no se valora socialmente su vida y por lo tanto, sólo se ven los hechos como algo natural, pues claro, al final nos tienen que “educar” y “controlar”. No importa si para esto hacen uso de la fuerza/poder que la sociedad patriarcal les ha dado a los hombres; no importa si es para dañar física, sexual o emocionalmente a una mujer porque culturalmente se acepta que él es el dueño, el que manda, el que decide y el que controla. Es “normal” que a un agresor se le “vaya la mano, o el objeto, o el veneno, o el chicote” y la mate. Y la primera afirmación que se hace es: ¿Qué habrá hecho ella para que “él pierda la cabeza”? No ha sido obediente, no ha seguido las órdenes….”. Afirmación que se erige sólo como justificativo social porque, otra vez, el feminicidio es algo “natural”.

Y cuando digo que las instancias correspondientes no hacen nada, me refiero a que los hechos de feminicidio y violencia extrema contra las mujeres no se sancionan, pese a que hacerlo es un mandato constitucional. Así, los procesos de investigación de las denuncias de estos delitos hasta las audiencias son tan violatorios a los derechos humanos de las familias y de las víctimas que inducen a “dejarlo así nomás”.

Es cierto entonces que no hay justicia para las mujeres en nuestro país. Peor si son pobres (la víctima de violencia extrema o los familiares) porque con cada recurso se debe pagar hasta el papel del memorial o el transporte para el notificador, comprar los insumos para las pericias o preparar las reconstrucciones. Así los feminicidios quedan en la impunidad y los agresores libres.

Dado que la naturalización y normalización de la violencia contra las mujeres y la falta de acceso a la justicia son los principales factores de los feminicidios la violencia contra las mujeres se transforma en algo estructural y está institucionalizada, porque no existen operadores/as y administradores/as de justicia que apliquen las normas jurídicas sin sesgos de género, pues en su imaginario prevalece que esto “así nomás es”.

Ante este panorama exigimos que nuestros gobiernos central, departamentales y municipales desarrollen mecanismos de protección y prevención de la violencia contra las mujeres destinadas a los cambios de actitudes para no tolerar socialmente la misma.

Exigimos a nuestros representantes legislativos que incorporen el Feminicidio como delito en el texto del Código Penal con 30 años de cárcel para los feminicidas sin derecho a indulto. Los torturadores no deben tener indulgencias y el delito cometido no es por “emoción violenta”. Esta figura debe ser eliminada del Código Penal, ya que con su aplicación no sólo estamos justificando un delito sino permitiendo que otros feminicidios se produzcan.

 

*     Coordinadora de Proyectos e Incidencia Política, Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM).

1    Feminicidio es el asesinato de mujeres por ser mujeres. Es la forma más extrema de la violencia contra las mujeres ejercida por los hombres basada en el poder, dominación y control del cuerpo y vida de las mujeres.

2    Producto de las acciones de incidencia política durante largos años de los diversos movimientos de mujeres y feministas.

3    Datos Observatorio “Manuela” Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo del CIDEM.

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