octubre 24, 2020

Mujeres en situación de violencia extrema y la administración de justicia

por: Patricia Brañez C. *

El Semanario La Época asume el compromiso de hacer visible la violencia contra las mujeres como la forma más brutal y emblemática del ejercicio del poder patriarcal. En esta oportunidad presentamos un artículo que, más allá de las cifras que ya publicamos, pone nombres (ficticios, para proteger la identidad de las víctimas) que dan cuenta de la proximidad humana de estos hechos. Las víctimas no son sólo cifras, son personas reales a quienes se les ha conculcado, mediante el ejercicio de la fuerza, los derechos más preciados de las y los seres humanos: la libertad, la dignidad y hasta la vida.

La muerte (de las mujeres) es lo más visible, pero es el final de una serie de diferentes tipos de violencia.

(Geni Gómez – Red de Mujeres del Norte)

Margaritas, Juanas, Angélicas, Verónicas, Marías y así podemos ir nombrando a las mujeres que, después de largas historias de violencia física, sexual y psicológica, mueren en manos de sus “parejas sentimentales” o sus “seres queridos”, amigos, conocidos —y también desconocidos— que después de violarlas las matan. Las edades de riesgo van desde el momento en que nacen y, en tanto mujeres, como bebés, niñas, adolescentes, jóvenes o mujeres adultas, siempre existe la posibilidad de ser víctimas de asesinato.

Así pues, la violencia acompaña a las mujeres en todas las etapas de su vida y constituye uno de los mayores y más complejos fenómenos socioculturales. Basada en la misoginia 1 dirigida a dañar a las mujeres por el solo hecho de serlo, las agresiones se han convertido en una seria preocupación para diferentes grupos sociales, gubernamentales y no gubernamentales, que la reconocen como un fenómeno fundamentado en la relación de poder históricamente desigual establecida entre hombres y mujeres y promovida desde la cultura.

Cuando hablamos de violencia, con el término se alude a todo acto de fuerza coercitiva que se ejerce contra las mujeres por el simple hecho de serlo y que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psicológico o emocional, ya sea en la vida pública o en la privada, manifestándose como el símbolo más espantoso de la desigualdad existente en nuestra sociedad.

Por la direccionalidad de las agresiones a la persona mujer, existen varias formas de violencias, como la que se ejecuta en el ámbito doméstico, llamada intrafamiliar y de pareja. Las agresiones sexuales también son violencias contra las mujeres dentro y/o fuera del espacio familiar o de pareja. También es violencia el acoso sexual y, al igual que las de otra índole, las mismas son dirigidas en un alto porcentaje contra mujeres y niñas y ejercidas, prácticamente en un ciento por ciento, por hombres violentos.

La violencia contra las mujeres entonces se palpa en los hechos cotidianos, cuando el uso arbitrario del poder y la fuerza es explícita o implícitamente aceptada por las normas o por las costumbres y la violencia se “normaliza”, permaneciendo por lo general ignorada u oculta, a menos que adquiera proporciones desmesuradas y difíciles de esconder.

¿Cuáles son los testimonios de las mujeres en situación de violencia extrema?

Los testimonios de las mujeres que se animan a hablar de la violencia a la que son sometidas son aterradores, ya que no existe otra palabra que puede describir estos hechos:

TORTURA. “… desde que he empezado a vivir con él, siempre me ha golpeado,… es celoso. Él me hace tomar pastillas (la dopa) y me mete piedras en la vagina, lanas…, ha tratado dos veces de ahorcarme con mis trenzas…” (Testimonio Angélica 2, 23 años, con 7 hijos) 3.

No podemos entender cómo las mujeres pueden vivir con un torturador, con su torturador. Pero esto tiene una explicación y está referida a la construcción social sobre la diferencia sexual: en tanto mujer “perteneces a los hombres”, sea tu padre que te “educa con chicote”, tu hermano que te “exige que no manches a la familia”, tu pareja que reclama a golpes “el débito conyugal” que no es más que estar siempre dispuesta a tener relaciones sexuales cuando él lo requiere. La sociedad asentada en un sistema patriarcal le ha dado la propiedad de tu cuerpo.

Y los titulares dicen:

 

“Le da una paliza por negarse a tener sexo. Golpeó a su esposa al extremo de fracturarle la nariz y la pelvis. Los daños no le permiten movilizar su cuerpo. Se estableció 59 días de impedimento. El agresor fue liberado… con una fianza de 30.000 Bs.”

 

Sí, las mujeres viven torturadas, a pesar de que en nuestra nueva Constitución Política del Estado en su Art. 15 parágrafo I se señale que “toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte”.

Muerte…, asesinato, feminicidio. Los testimonios de los familiares de las mujeres que han fallecido tras largas historia de violencia declaran que no les “llamaba la atención” que su hija o hermana esté con un morete en el ojo o con un hematoma en el cuello. Esto es porque socialmente pensamos que la violencia contra las mujeres es normal.

“Jamás he pensado que podía acabar muerta, nunca me he imaginado que a mi hija la arrastraba de los cabellos”.

 

Muchos de los casos, contados de ésta manera, ya sea recogiendo los testimonios que se toman al momento de la denuncia o por publicaciones periodísticas, deberían alertar a nuestras autoridades policiales, a los y las administradoras de justicia, al órgano judicial en su conjunto, al órgano ejecutivo y legislativo.

Los familiares exigen justicia

Entre muchos otros casos, los familiares exigen justicia para:

1. Camila, muerta en abril de 2009. En la Audiencia de 22 de febrero/2011 en el Juzgado 3º de Instrucción en lo Penal el Juez resolvió otorgar Medidas Sustitutivas y dar libertad al presunto violador y asesino/feminicida de la niña.

2. Lourdes, secuestrada y presuntamente asesinada por su cuñado el año 2000. Han transcurrido 11 años y no existe una sentencia condenatoria para el culpable. Durante todo el proceso más de 60 audiencias han sido suspendidas. La audiencia del 18 de febrero/2011 fue suspendida porque no asistió uno de los Jueces Técnicos.

3. Patricia, asesinada en 1999. El hecho sigue sin esclarecerse y la madre de la niña continúa luchando para que el culpable sea condenado.

4. Iscela, asesinada en diciembre del 2009. Todas las pruebas señalan que el presunto asesino es su enamorado, pero en la etapa de investigaciones “no se han reunido suficientes indicios de prueba”. El Fiscal manejó este argumento para concluir con la resolución de sobreseimiento.

5. Carla, se encuentra en proceso de recuperación psicológica y terapéutica después de haber sido golpeada brutalmente por su esposo hasta dejarla en estado de coma y actualmente está incapacitada a consecuencia de los golpes recibidos. El agresor pretende salir libre planteando un Incidente de Actividad Procesal Defectuosa. Debemos vigilar y no permitir que otro caso quede en la impunidad.

Diariamente se publican denuncias de mujeres en situación de violencia extrema o de asesinatos/feminicidios de mujeres. Y ¿para qué seguir relatando testimonios si corremos el riesgo de convertir el delito en un hecho morboso o reafirmar que la violencia contra las mujeres es natural o normal? ¿Para qué seguir dando cifras y cuantificando las muertes, si parece que no se toman en cuenta para así adoptar medidas concretas para la sanción a los agresores? Si hasta parece que ellos aprenden a golpear —y hasta matar— para después testificar culpando a la propia víctima por el delito cometido.

¿Qué pasa en la administración de justicia?

Vuelvo a los testimonios de los familiares de las mujeres que han sido asesinadas y su “enfrentamiento” con la justicia. Desde el momento de la denuncia de un feminicidio en la FELCC:

“… sólo es para gastar. Si queremos agilizar las investigaciones y el recojo de pruebas periciales por el investigador asignado tenemos que darle plata para las bolsitas, las guantes, reactivos…, todo tenemos que comprar”.

 

Me pregunto si el IDIF (Instituto Departamental de Investigación Forense) no tiene presupuesto para dotar a los investigadores de la Fiscalía con todos los insumos necesarios. ¿No tiene obligación el Estado Plurinacional de entregar o asignar este presupuesto del Tesoro General de la Nación? O para el recojo de la pruebas ¿los investigadores tienen la suficiente capacitación o profesionalidad para implementar una cadena de custodia de las mismas y que las evidencias de un asesinato/feminicidio no se contaminen?

Nuevamente pongo en interrogante si es que la vida de una mujer no es importante. ¿Será que nos siguen considerando ciudadanas de segunda o tercera? Lo mismo ocurre cuando se tiene que notificar/citar al agresor para que realice su declaración en la fiscalía. No existe un presupuesto asignado para que ellos se transporten de un lugar a otro y puedan cumplir con el trabajo asignado. Y claro, el agresor también recurre a muchas artimañas, se oculta, viaja… Simplemente, “desaparece”. Y si con suerte se ha realizado la citación y la fiscalía ha logrado recabar todas las pruebas que incriminen al feminicida, finalmente se llega a la audiencia en la que una o un juez debe decidir, según el informe elevado por fiscalía, para determinar detención preventiva, detención domiciliaria o libertad condicional.

Las declaraciones de los operadores de justicia al respecto señalan que:

“nosotros trabajamos en función de las diligencia o a todas las actuaciones que se han acopiado para dictar una sentencia, evidentemente existen a veces fallas porque no hay la colaboración del IDIF, ya sea sociales, económicas y no tenemos medios para que puedan hacer una investigación como debiera ser,… esto lleva a que se dicten sentencias absolutorias porque no hay pruebas de respaldo…”

 

Según el seguimiento de casos en Juzgados del Observatorio “Manuela” Violencia, Feminicidio y Mujeres en Riesgo de CIDEM, las audiencias preliminares son suspendidas consecutivamente debido a diferentes acciones que los agresores y sus abogados/as realizan para alargar los procesos. En muchos casos los agresores/imputados no se presentan a las audiencias o si ya están detenidos preventivamente no son llevados a tribunales, o el juez no se presenta a la audiencia o prioriza otro caso a uno por violencia extrema en el que la víctima es una mujer.

Y volvemos con las preguntas: ¿es que la muerte de una mujer no es importante de sancionar para los y las juezas? La respuesta es clara: siguen existiendo sesgos de género, no se aplica la normativa desde la sana crítica, se desconocen los instrumentos internacionales que garantizan los derechos humanos de las mujeres, normativa que ha sido ratificada por leyes en nuestro país.

Los familiares de las víctimas de feminicidio y las mujeres que ingresan al sistema de justicia penal se enfrentan a una serie de nudos u obstáculos hasta conseguir —si es que lo logran— que su causa llegue a un juicio oral. Y es una tarea adicional “rogar” que se constituya el tribunal con todos sus componentes, jueces técnicos y jueces ciudadanos. La notificación a los jueces ciudadanos es igualmente otra proeza, pues hay que ubicar sus domicilios y responder la duda que surge cuando se trata de establecer de dónde saldrán los recursos económicos para que los notificadores lo hagan. Muchas veces, del bolsillo de la parte querellante que quiere que el proceso termine, pero que muchas veces pueden durar 5, 8, 10 años hasta que se dé una pena al feminicida. ¿Cuántos casos han recibido sanción entonces? Sólo los que se pueden contar con los dedos de una mano.

*     Coordinadora de Proyectos e Incidencia Política del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), La Paz- Bolivia

1    POLA Z., María Jesús, en “Las Dominicanas y la Violencia una Aproximación al Sistema de Atención desde la Justicia” define a la misoginia como una ideología política para justificar y reproducir la subordinación de las mujeres por los hombres. Etimológicamente significa “odio a las mujeres”. La misoginia y/o la actitud misógina forma parte de los patrones culturales de las sociedades, que establecen rígidas reglas de conducta para las mujeres y que ante la duda con respecto al cumplimiento estricto de las mismas, se toma la vía de culpar a la mujer.

2    Todos los nombres mencionados en el presente texto son ficticios, sin embargo los casos descritos son reales, es decir, son casos de mujeres que han denunciado y han testimoniado la vida de violencia que llevan. Asimismo, se recogen también los testimonios de los familiares de las mujeres muertas que buscan justicia y sanciones penales.

3    Testimonios y Casos atendidos por el Servicio de Atención Integral Psico-Socio-Legal de CIDEM.

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