octubre 20, 2020

¿Por qué se rechazó la consulta previa?

La negativa de los indígenas que protagonizan una marcha contra la construcción de la carretera que unirá Villa Tunari y San Ignacio de Moxos a la propuesta gubernamental de organizar la consulta previa, tal como ha sido expuesta por el Canciller David Choquehuanca el miércoles 14, es una decisión política que no ayuda a encontrar un camino de salida al conflicto y ratifica que otros intereses políticos están en juego.

La posición de los conductores de la marcha, en los que también existen actores no directamente vinculados al TIPNIS, llama poderosamente la atención pues la interpelación y crítica más importantes que se hizo al gobierno fue precisamente el ignorar la consulta previa establecida por la Declaración de Derechos Indígenas de la ONU, el Convenio 169 de la OIT, la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley de la Madre Tierra. En ese momento, más allá de la conveniencia o no de la carretera, era evidente que el cuestionamiento no carecía de sentido, más aún por tratarse de un proceso de cambio impulsado por el bloque nacional-indígena-popular.

Pero ahora, hay que insistir, el rechazo a la consulta previa —pues es evidente que no se ha iniciado la construcción del segundo tramo objeto del conflicto—, incorpora un factor a la coyuntura que puede aportar a deslegitimar la marcha en sus aspectos centrales y respaldar el criterio de que la oposición busca sacar una tajada al alimentar ese “anti-evismo” que lo ha desarrollado, de distintas maneras, desde el comienzo mismo del proceso de cambio.

Con esta negativa indígena a la consulta previa —cuya organización demandaría paralizar por varios meses el proyecto de la carretera, lo que ya era una ganancia para los indígenas—, aumentan el número de errores cometidos por los conductores de la marcha. El primero fue incrementar de uno a dieciséis el número de temas a tratar con el gobierno, con lo que se puede pensar que la apuesta era inviabilizar cualquier solución al conflicto y, segundo, el rechazar el planteamiento de organizar mesas de trabajo cuyas comisiones podían trasladarse a la ciudad de La Paz para dialogar con el presidente Evo Morales.

Lo hemos señalado en este espacio. Una mirada positiva de lo que está sucediendo debería conducir a la apertura de un espacio de diálogo entre el gobierno y ese sector movilizado de los indígenas con dos objetivos: intercambiar criterios sobre la lectura de la Constitución Política del Estado, cuya aplicabilidad explica estas naturales contradicciones, y a encontrar un punto de acuerdo entre las lógicas de desarrollo (aprovechamiento racional de los recursos naturales) y el respeto a la naturaleza. Obviamente esto paso por separar a la derecha, bastante metida en el conflicto.

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