octubre 28, 2021

¿Y qué de las rentas sobre los recursos naturales? Propuestas hacia la nueva Agenda Plurinacional

Los países de América Latina y el Caribe se caracterizan, históricamente, por vivir de las rentas que les proporciona las actividades extractivas de recursos naturales, renovables y no renovables, destinadas a la exportación hacia los países desarrollados. A esta práctica, de la cual nos es difícil abandonar, se la denomina “rentismo”. Este modelo de economía también se conoce como “primario exportador”, porque la base de la economía es la exportación de materias primas, que son utilizadas o industrializadas en los países capitalistas que han impuesto sus modelos de desarrollo a costa de comprarnos recursos naturales buenos y baratos y vendernos productos industriales caros y tóxicos.

La historia económica boliviana se suele entender y explicar por periodos denominados ciclos, los mismos que están referidos a cierto recurso natural que ha permitido la obtención de renta, así se sabe que existieron: el ciclo de la plata, el ciclo del estaño, el de la goma y la castaña y en las últimas décadas se afirma que estaríamos en el ciclo del gas. Por lo tanto en estos tiempos estamos manteniéndonos con las exportaciones de gas natural. Consecuentemente, la renta petrolera es la de mayor importancia económica en estos momentos y unos de los problemas fundamentales es como se está distribuyendo esta renta petrolera. De la estructura de la renta petrolera, uno de los componentes que tiene mayor alcance distributivo es, sin duda el IDH.

Los recurso provenientes de la explotación de los hidrocarburos, principalmente el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), creado mediante ley 3058, es un tema que debe reconsiderarse a través de una evaluación que permita tener claridad, sobre la utilización que se le está dando, desde las distintas instancias que se benefician de estos recursos. Consecuentemente es un asunto aún no cerrado por completo, en tanto y en cuanto una evaluación objetiva sobre los resultados que se han conseguido hasta ahora, permita saber si estos usos, están o no coadyuvando a la imagen objetivo del Vivir Bien.

De acuerdo a esta ley, 3058, el IDH equivale al 32% del valor de la producción de los hidrocarburos dentro del territorio boliviano, de toda la producción de gas, petróleo y gas licuado de petróleo (GLP), producción que se queda en el mercado interno y la que se exporta. Los decretos supremos que reglamentan la ley 3058, plantean que la distribución del IDH debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:

•          El 4% de la producción departamental es distribuido a cada uno de los 4 departamentos productores, (Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba), porciento que resulta ser el 12,5% del IDH total recaudado.

•          El 2% de la producción nacional va a cada uno de los 5 departamentos no productores,(La Paz, Oruro Potosí, Beni y Pando), este porciento representa el 31,3% del total del IDH.

•          El 4,5% del valor total de la producción, corresponde al 14,1% del IDH, constituye el Fondo de compensación para los departamentos que se encuentren por debajo del IDH nacional promedio, esto es, a todos los departamentos menos Tarija.

•          El 7% del IDH conforma el Fondo de Compensación para La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por ser éstos los departamentos de mayor población, montos que deben ser distribuidos entre los municipios, con 80% y las universidades, con el 20% de estos tres departamentos, de acuerdo a la población de los mismos.

•          Parte de los recursos que percibe el TGN, el 5% del IDH total va para un Fondo Indígena, dirigidos a financiar proyectos de desarrollo productivo y social; y el restante 30,2% queda como saldo para el TGN, montos que deben ser coparticipados por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, otros fondos.

Esta complicada forma de explicar la distribución del IDH se puede resumir y en un gráfico aclaratorio, a continuación: Ese 32 % de la producción que adquiere la forma IDH se distribuye entre gobernaciones, municipios, TGN y universidades, en los porcentajes que se aprecian en el gráfico.

Los criterios que se utilizaron para definir esta distribución corresponden a una época en la que funcionaba, plenamente, la democracia de pactos y los poderes regionales, no se había aún cuestionado, de manera práctica, el patrón de acumulación neoliberal, estas serían observaciones desde el punto de vista de las estructuras de poder, en crisis pero vigentes en el 2005. Desde el punto de vista de la técnica, las influencias que los tecnócratas tuvieron no salían de los marcos del poder político y económico, de sus visiones cortas y técnicas sofisticadas que no tienen relación clara con las necesidades de la gente y con las asimetrías vigentes en las estructuras sociales y económicas de la sociedad boliviana. Pero, sobre todo, en esos tiempos de crisis neoliberal, estos asuntos de distribución se definían entre las cuatro paredes de los operadores político y cumpliendo, a cabalidad, las sugerencias de los organismos internacionales del neoliberalismo, instituciones que favorecían, de manera descarada a los capitales transnacionales y una cuantas migajas para los aliados nacionales, es decir las élites dominantes y sus partidos políticos tradicionales.

Definiciones de cómo se distribuye la renta petrolera y otras rentas, como la minera o forestal, necesitan adecuarse a las propuestas del proceso de transformaciones y de la visión país que se proponen en la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPEP) y a la utilización de la planificación con participación de mediano y largo plazo, instalando el proceso planificador situacional y estratégico.

Sembrar las rentas de los recursos naturales, renovables y no renovables, significa la construcción de una economía post capitalista, por voluntad y la participación de los actores de la sociedad que tengan este nivel de conciencia, venciendo las posiciones conservadoras y reaccionarias que ejercen, por ejemplo, los comités cívicos, instituciones que representan y defienden los traumas que el colonialismo nos dejó instalados, como el racismo, el regionalismo, el egoísmo, el “no importismo” por los demás, etc. Por lo tanto, los comités cívicos deben desmontarse por voluntad de las organizaciones sociales progresistas que tienen la firme voluntad de descolonizar y desmontar el aparato neoliberal y nacionalista de las 60 décadas anteriores.

Pero, la construcción de una economía post capitalista no puede basarse solamente en reformas en la distribución de las rentas, mediante reformas tributarias, o de la ejecución de mega proyectos de industrialización de los recursos naturales y del desarrollo de energías alternativas. Uno de los aspectos principales tiene que ver con la decidida participación ciudadana en la administración de los crecientes ingresos petroleros y mineros estatales. En otros términos se trata de tomar decisiones sobre el excedente económico por parte de la sociedad organizada y progresista, de los trabajadores, de los campesinos, de los pueblos originarios y de las clases medias revolucionarias.

Por eso es clave y urgente que las organizaciones sociales del pueblo excluido hasta ahora, desarrollen mecanismos de control social efectivo, e impugnen las decisiones unilaterales e improvisadas de esos comités cívicos conservadores y de alguno que otro gobernante, departamental o nacional.

Tomando en cuenta los aspectos señalados en torno a la rentas sobre los recursos naturales es necesario que se elaboren propuestas agresivas “hacia una nueva agenda nacional”, para retomar y profundizar el proceso revolucionario boliviano.

*          Docente Investigador Titular UMSA, economista subversivo

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