junio 22, 2021

¡¿Se negocia o se aplica?!

El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.

Constitución Política del Estado,

Capítulo I. Art. 14. Inc. II

El desacato machista y discriminador de la Junta Escolar de Padres de Familia del Colegio Bolívar de Cochabamba, y sus hijos, y de servidores públicos, maestros y docentes, a la Constitución Política del Estado es inaceptable y más aún que se haya producido en un Estado que anhela avanzar hacia un mayor ejercicio de los derechos humanos.

Más aún cuando se habla de procesos de “despatriarcalización”, tesis política planteada ya el 2006 por las combativas Mujeres Creando, en la que cuestionaban justamente las estructuras profundamente patriarcales del Estado y cuyos andamiajes normativos, estructurales y praxis burocrática continuaban oprimiendo, cosificando y atentando contra la vida y dignidad de las mujeres y que luego ha sido asumida por el propio Estado, luego de aprobada la nueva Carta Magna.

Por ello es inaceptable que se haya dado margen al de-sacato, pues durante los días del conflicto se atentó contra la dignidad y los derechos de adolescentes mujeres que sólo anhelaban estudiar en un establecimiento educativo y porque el Estado debería garantizar —a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos—. El conflicto develó las estructuras patriarcales y profundamente misóginas de un andamiaje todavía difícil de deconstruir y menos de erradicar, dando lugar a márgenes para negociar, dialogar y concertar el atentado a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de diez estudiantes mujeres.

Las amenazas de violación, los comportamientos violentos que registraron los medios de difusión del país, los enfrentamientos misóginos, las faltas graves de conducta, los insultos y las diversas formas de expresión discriminadoras y atentatorias a los derechos humanos de esas estudiantes y sus familias proferidas por alumnos y padres de familia lamentablemente deben proseguir el curso de la justicia y acatamiento a la Constitución Política del Estado, y porque la sociedad boliviana tiene que asumir que la dignidad y vida de las mujeres ya no pueden ser negociadas.

Basta!! Históricamente se ha negociado nuestra dignidad, con nuestras muertes; las golpizas, los vejámenes, el feminicidio, los abortos inseguros, la mortalidad materna, el acoso político, el acoso laboral o las violaciones permanentemente se han transado en los juzgados, en los distintos estamentos de la justicia patriarcal, se acallan voces a nombre del —diálogo y la concertación—, a que son “asuntos familiares”, “espacios de varones”, no es posible seguir calladas ante la infamia, ante las mazamorras machistas que siembran miedo, violencias, dolor y muerte.

Y porque la Constitución Política del Estado Plurinacional por la que pelearon más de la mitad de las mujeres bolivianas del país, debe aplicarse a —todas las personas, naturales o jurídicas, (…)— y erradicar no reductos machistas, sino estructuras societales y estatales profundamente patriarcales que se aprovechan no sólo de la vida de las mujeres, sino de la dignidad humana de ellas.

En la antesala de su centenario el Colegio Bolívar de Cochabamba ha develado que sus cimientes centenarias son tan sólo la muestra dolorosa de una sociedad todavía patriarcal y misógina. La historia lamentablemente se escribe con hechos.

*          Feminista queer y periodista

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