diciembre 6, 2021

Propuestas desde las mujeres para la Ley del Ministerio Público

Más de una treintena de organizaciones sociales han trabajado propuestas irrenunciables desde las mujeres para la Ley del Ministerio Público. Tomando en cuenta que se está cambiando estructuralmente la base normativa y renovando el órgano judicial, esta Ley es fundamental para superar las dificultades que tienen las mujeres a la hora de presentar denuncias por maltrato y violencia y la posterior retardación de justicia que obstaculiza los procesos iniciados.

La Constitución Política del Estado es diáfana respecto a la protección de la vida, la seguridad e integridad de las mujeres. El Art. 15 señala que todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad, determinando la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional.

En este marco y con el fin de garantizar la aplicación de la Constitución Política del Estado en cuanto al respeto a los derechos humanos y al principio de equidad de género, las mujeres han trabajado colectivamente propuestas, en procesos participativos para ser incorporados en la Ley del Ministerio Público. De esa manera requieren que se incluyan los principios de igualdad y no discriminación y que las y los fiscales y servidoras/es del Ministerio Público, en el marco de la Constitución Política del Estado, los Convenios Internacionales de Derechos Humanos y las leyes, ejerzan sus funciones en el marco del respeto de los principios de igualdad y no discriminación.

Así mismo, para ser designados autoridades en el Ministerio Publico deben recibir formación en Derechos Humanos y de las Mujeres.

No podrán ser fiscales quienes tengan antecedentes de denuncias por maltrato y violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Respecto a las atribuciones de La Fiscal o el Fiscal General del Estado, deberá determinar la política general de la institución, y los criterios para el ejercicio de la persecución penal, y la defensa de la sociedad, con equidad de género, igualdad y no discriminación. Además deberá disponer la creación de direcciones, coordinaciones, áreas o unidades especializadas y designar a las y los responsables, fiscales especializadas o especializados y el personal necesario. En particular, dispondrá la creación de una Dirección de Investigaciones de delitos que se cometen en el marco de relaciones de violencia doméstica, intrafamiliar y pública. De igual manera será necesario adoptar un sistema de registro, estadísticas y de información al usuario/a de denuncias e investigaciones, diferenciada por género que dimensionen la intensidad y prevalencia de delitos cometidos contra mujeres y niñas.

Las y los Fiscales de Materia deberán adoptar medidas de protección efectivas para garantizar la protección de las víctimas, su seguridad personal y familiar, requerir medidas de atención médica y psicológica de urgencia, evitando su revictimización, que ponga en peligro su integridad física y psicológica, así como las medidas conducentes para que se haga extensiva a testigos y personas afectadas por el hecho delictivo.

Por último entre las faltas muy graves por parte de funcionarios/as del Ministerio Publico están el promover la conciliación en delitos cometidos contra las mujeres en el marco de relaciones de violencia doméstica e intrafamiliar y pública, no utilizar la reparación del daño en trámite de salida alternativa, promover y tolerar la persistencia de estereotipos y roles que promuevan la impunidad de delitos contra la libertad sexual y delitos que se comentan contra las mujeres en el marco de relaciones de violencia doméstica e intrafamiliar y pública. Como siempre es de esperar que los y las asambleístas tomen en cuenta e incluyan estas propuestas para cumplir con lo que manda la Constitución Política del Estado en cuanto a los derechos específicos de las mujeres.

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