diciembre 3, 2021

El “perseguido político” Roger Pinto

Concluido el modelo neoliberal con total fracaso, pero enormes ganancias para sus sostenedores, sobrevino el actual gobierno que ya lleva buenos años con novedades de toda índole, sobre todo relacionadas con quienes se apoderaron de dineros del Estado o vendieron la cosa pública.

Algunos aún se golpean el pecho señalando que vendieron las empresas del Estado a razón de una por semana, hasta completar 70, pues el tiempo no les alcanzó para seguir descapitalizando al Estado. Mucho del dinero proveniente de esas ventas, se perdió en el camino y jamás llegó a las arcas estatales. Los responsables huyeron o se refugiaron en el paraíso de los corruptos en que se ha convertido Estados Unidos.

Los que se quedaron, conspiraron y no dudaron en dividir el país a través del golpe cívico- prefectural de 2008 y posteriormente con la contratación de mercenarios cuyo propósito era iniciar una guerra civil con el mismo fin. El imperio, ayudó en los preparativos, pero su embajador terminó expulsado del país.

Los neoliberales, se declararon perseguidos políticos, cuando en realidad, son delincuentes que han cometido delitos comunes y la justicia es la única que les persigue para que rindan cuentas de sus actos.

El último “perseguido” es el senador Roger Pinto, acusado de una veintena de delitos comunes, sobre todo relacionados con enriquecimiento ilícito cuando era prefecto de Pando. Varios millones de dólares se encuentran en juego y sobre los cuales no desea rendir cuentas.

Hace poco ingresó a la embajada de Brasil, solicitando asilo político. De manera formal, el gobierno de ese país no comunicó haber concedido el pedido, pero opositores de ultraderecha nacionales y parlamentarios de Brasil, no pierden ocasión para exigir la concesión de “salvoconducto” para que pueda llegar al aeropuerto y emprender huida.

Si el gobierno de Evo Morales, concede tal salvoconducto, estaría reconociendo implícitamente que Pinto es ciertamente un perseguido político. Otros de su mismo comportamiento actuarían de la misma manera. Sería un error garrafal del gobierno, la cancillería y el Ministerio de Gobierno.

Opinamos que no se debe entregar salvoconducto alguno, ni permitir que Pinto salga de Bolivia. Existen casos en que se negó la entrega de ese documento. Uno de los más próximos ocurrió el 3 de octubre de 1948. El peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, solicitó asilo político en la embajada de Colombia en Lima, tras que su partido la Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra) fracasara en un golpe de Estado.

El embajador colombiano, acogió al político y garantizó asilo, pero cuando pide salvoconducto, el gobierno peruano niega dárselo debido a que no era perseguido por un delito político, sino por uno común. Ambos gobiernos debatieron sobre el caso y terminaron acudiendo a la Corte Internacional de Justicia.

Colombia hizo alusión a las convenciones, por entonces en vigor. El Tratado de Bolivia sobre extradición de 1911, la Convención de La Habana sobre Asilo de 1928, la Convención de Montevideo sobre asilo político de 1933. Fue un caso que duró varios años, mientras el político Haya de La Torre permanecía en la embajada.

El asilado Haya de La Torre vivió en la embajada colombiana de Lima, durante cinco años desde 1949 en que se concedió asilo y 1954, cuando finalmente abandonó la delegación diplomática, pues la situación política peruana había cambiado.

El caso de Pinto tiene algunos parecidos. Mientras éste asegura estar perseguido políticamente, el gobierno considera que la única que le persigue es la justicia y por delitos comunes que tienen que ver con la función administrativa del Estado. La controversia está instalada.

En nuestro criterio, Pinto puede quedarse a vivir en la embajada de Brasil. Sería un error entregarle un salvoconducto para que consolide los delitos cometidos y además logre huir con k’epi de dineros acumulados.

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