diciembre 2, 2021

La función interpretativa del Tribunal Constitucional Plurinacional

El autor hace un recorrido teórico de la función interpretativa del Tribunal Constitucional Plurinacional hasta hacer una rápida referencia a la sentencia constitucional sobre la Ley 222, que convoca y organizada la consulta en el TPNIS.

Debe entenderse por función interpretativa del Tribunal Constitucional “aquella mediante la cual se determina el sentido y alcance de las expresiones del derecho contenido en la Constitución en su aspecto formal (…) la interpretación constitucional tiene en principio un doble objeto posible: o bien procura fijar el sentido de una norma constitucional; o bien interesa para fijar el sentido de una norma o de un comportamiento en relación a la Constitución” (Carmona Tinoco y Monroy Cabra citados por Cárdenas, 2011: 89).

Respecto a la interpretación constitucional debe reparase en la frase del Juez Charles Evans Hughes según el cual “una Constitución es lo que los jueces dicen que es” (citado por Cárdenas, 2011: 77). Esta cita debe ser sopesada al interior de lo que es la interpretación de la Constitución.

La interpretación de la Constitución es parte de la hermenéutica jurídica, disciplina que tiene por objeto el estudio y sistematización de los principios y métodos de interpretación jurídica. Debe repararse en el término hermenéutica, éste proviene del griego hermeneia que guarda una referencia al dios Hermes (el intérprete o mensajero de los dioses), entonces hermeneia para los griegos fue buscar en la garantía de los dioses el mensaje de ellos en las palabras. Fue Aristóteles el que sistematizó la heremeneia y la localizó en su Tratado de Lógica más conocido como Organon. En el siglo VI d.c., Boecio tradujo hermeneia como De interpretatione, de donde se relacionó la interpretación como una parte de la hermenéutica (Linares Quintana, 1987). Sin embargo siguiendo esta referencia etimológica, la interpretación estaría obligada a dar con el mensaje verdadero, en esta consistencia del mensaje como operador de la divinidad.

No es casual que en la historia de la evolución de la interpretación jurídica se encuentre la escuela de la exégesis y los glosadores que trabajaban en la ley como se trabaja en las sagradas escrituras 1. Fue con la Revolución Francesa que la interpretación de la ley fue dejada a los representantes del pueblo, generando la discusión que ya se hizo referencia sobre el control político de constitucionalidad y/o el control judicial de constitucionalidad.

En sus lecciones de 1802 uno de los primeros constitucionalistas franceses Savigny expondrá que la interpretación debe recoger cuatro elementos: el lógico sistémico, el gramatical, el histórico y el espíritu del pueblo (Cardenas, 2011). Desde Savigny se abren las discusiones en materia constitucional sobre la interpretación de la Constitución. A principios del siglo XX aparecerá la doctrina del derecho libre, promovida por Kantorowicz, Isay y Ehrlich que tendrá como principio que “es el juez, en consecuencia quien asume esta tarea creadora a través de la sentencia” (Aragón, Manuel, en Ferrer Mc-Gregor, 2005: 39).

Esta tarea de interpretar la Constitución debe reparar, entonces, en la posibilidad creadora de Derecho a partir de los materiales constitucionales con los que los Tribunales cuentan al respecto.

Sin embargo, para comprender esta labor creadora de Derecho, es necesario anotar una salvedad metodológica, la diferencia entre disposición y norma. Es decir debe diferenciarse entre la disposición, entendida como el texto jurídico, en este caso el texto constitucional y la norma entendida como el enunciado efectivo para su concretización, es decir aquel que causa estado, que se aplica.

La explicación de Ascarelli puede aportar un poco más de elementos para esta diferencia:

“La norma no está encerrada en el texto de tal forma que se pueda descubrir y la interpretación no es el reflejo de lo que está encerrado en el texto. El texto es, si queremos decirlo así, una semilla para una formulación -constantemente renovada y transitoria- de la norma, efectuada por el intérprete para cada aplicación” (Ascarelli citado por Chiassoni en Pozzolo y Escudero, 2011: 10).

Entonces los jueces trabajan en su labor interpretativa con textos, y de ellos dan vida a la norma.

En palabras de Prieto Sanchís: “El objeto de la interpretación, aquello que se interpreta, es siempre un texto, un enunciado o conjunto de enunciados lingüísticos. Propiamente, la norma no es el presupuesto de la interpretación, sino su resultado, es decir, la norma es el significado que se obtiene del texto mediante la interpretación” (Prieto Sanchís, 2007: 226).

Esto nos permite, a partir de la diferencia entre disposición y norma, ingresar en la distinción que proponen los constitucionalistas italianos respecto a un fallo de la Corte Constitucional italiana en 1956:

“La Corte juzgó que objetos de sus juicios no fuesen sin más lo textos de las leyes y actos con fuerza de ley, sino las normas expresadas por dichos textos. Con esto, se introdujo una separación estructural entre textos y normas, que fue estimada provechosa bajo doble perfil práctico: por un lado, permitiendo declarar la ilegitimidad de una norma de ley, sin declarar necesariamente y al mismo tiempo, la ilegitimidad del texto de ley correspondiente en respeto al principio de conservación 2; por otro favoreciendo la praxis de la llamada interpretación adecuadora, esto es, la que adecua el sentido de un texto normativo infra constitucional a las normas constitucionales, de manera tal que se hacen desparecer los conflictos entre Constitución y leyes ordinarias, por lo menos según una tendencia interpretativa de principio” (Chiassoni en Pozzolo y Escudero, 2011: 8-9).

Entonces, el Tribunal Constitucional Plurinacional, haciendo uso de su función interpretativa podría declarar inconstitucional una interpretación sin declarar la norma infra-constitucional como inconstitucional, sino reparando en una interpretación adecuadora, en base a los materiales que le otorga la Constitución. Es lógico que el Tribunal Constitucional Plurinacional puede dejar sin efecto el texto.

Entonces la interpretación constitucional debe ver en la Constitución un conjunto de materiales para la interpretación Constitucional y de las leyes.

Exergo sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional N.0300/2012 sobre el TIPNIS

Es muy temprano para realizar un análisis de la jurisprudencia que nos va dejando el nuevo Tribunal, sin embargo cabe destacar algunos elementos para el análisis.

Primero, el Tribunal declara improcedente la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley 180. Esto no significa que haya declarado la constitucionalidad de esta norma.

Segundo, declara la constitucionalidad de la Ley 222 pero condicionada, es decir esta constitucionalidad depende de la realización de actos futuros, por ello la sentencia insta a los pueblos indígenas del TIPNIS y exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional y ordena al Ejecutivo propiciar el diálogo en resguardo de los derechos de los pueblos indígena originario campesinos.

Finalmente la sentencia advierte que: “ante el incumplimiento de los términos desarrollados en la presente Sentencia, referidos al proceso de consulta, se tendrán expeditas las acciones tutelares para activar la justicia constitucional, en defensa de los derechos fundamentales colectivos inherentes a los pueblos indígenas”. Es decir que de no realizarse los actos futuros motivo de la constitucionalidad condicionada, se pueden activar nuevamente las acciones respectivas en busca de la tutela de los derechos que se vulneren o se amenacen con su vulneración.

Llama la atención que el Tribunal no se hubiera manifestado sobre la calidad de Parque Nacional del TIPNIS, y sólo sobre el carácter de Territorio Indígena, sin embargo al señalar que si no se cumplen las condiciones de constitucionalidad, se encontrarían expeditas las acciones tutelares para activar la justicia constitucional, en defensa de los derechos fundamentales colectivos, hace un guiño al resguardo del derecho al medio ambiente, uno de los más relevantes derechos colectivos.

La sentencia no resuelve por si sola el conflicto, es más parece sólo traducir el conflicto a una terminología jurídica y a un balance de derechos, lo cual puede ser, desde un punto de vista, positivo, en tanto depende ahora del gobierno (tanto del legislativo, como del ejecutivo) buscar esta solución de manera conjunta con los pueblos indígenas del TIPNIS.

Bibliografía

  • Cárdenas, Álvaro. 2011. Interpretación Constitucional. Quito – Ecuador: Ed. Cevallos.
  • Ferrer Mc-Gregor, Eduardo. 2005. La Corte Interamericana de Derechos Humanos como Intérprete. Interpretación Constitucional. Tomo I. México – D.F.: Ed. Porrúa.
  • Linares Quintana, Segundo. 1987. Tratado de Interpretación Constitucional. Principios. Métodos y Enfoques para la aplicación de las Constituciones. Buenos Aires: Ed. Abeledo Perrot.
  • Pozzolo, Susanna y Escudero, Rafael (Editores). 2011. Disposición vs. Norma. Lima – Perú: Ed. Palestra.
  • Prieto Sanchis, Luís. 2007. Apuntes de teoría del Derecho. Madrid – España: Ed. Trotta.
  • Rivera Santiváñez, José Antonio. 2011. Jurisdicción Constitucional. Procesos Constitucionales en Bolivia. Cochabamba – Bolivia: Ed. Kipus.
  • Zagrebelsky, Gustavo. 2009. El Derecho Dúctil. Madrid – España: Ed. Trotta.

1          Cabe aquí la referencia a la Biblia, la misma que en su cierre o final, es decir en el Apocalipsis, señala “Yo atestiguo a todo aquel que escucha mis palabras de la profecía de este libro que, si alguno añade a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas escritas en este libro; y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, quitará Dios su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que están escritos en este libro” (Apocalipsis, Capítulo 22 versículos 18 y 19), en un tono similar Montesquieu señala “los jueces de la Nación, como es sabido no son más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden mitigar la fuerza y el rigor de la ley misma” (Montesquieu citado por Rivera, 2011:90). Nótese la manera en la que la ley sólo debe ser pronunciada como también la Biblia.

2          El principio de conservación de la norma se refiere a que “en aquellos casos en los que (…) una disposición legal, estatutaria, o reglamentaria impugnada, admita diferentes interpretaciones, unas que son incompatibles y otras compatibles con la Constitución, el Tribunal Constitucional Plurinacional, adoptará la que es compatible; de manera que deberá conservar la norma impugnada en la interpretación que es compatible con la Constitución, y solamente expulsar aquella interpretación que no es compatible” (Rivera, 2011:141).

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