El gobierno de los Estados Unidos, a través de su representante en Bolivia, ha afirmado que su país requiere de mayor información para tomar una determinación sobre el pedido boliviano de extraditar al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a sus principales colaboradores.
El tono y la forma con la que su encargado de negocios se ha referido a la exigencia boliviana de acelerar la extradición del ex Presidente es un anticipo bastante claro de la posición política estadounidense: la impunidad está garantizada contra quien cometió delitos de lesa humanidad.
La solicitud de más argumentos jurídicos se convierte, de esta manera, en una grosera manipulación de la Casa Blanca, pues es evidente que Bolivia -tanto gobierno como las víctimas de octubre de 2003-, le han hecho llegar la amplia documentación que existe sobre los hechos.
Las posiciones de Estados Unidos frente a casos como éste, no es casual ni reciente. Dentro de su territorio se encuentra uno de los terroristas más grandes del continente, Posada Carriles, quien es sistemáticamente protegido ante el pedido venezolano de su extradición, para que responda por la voladura en pleno vuelo de un avión comercial cubano en 1976 que fue planificado y organizado en el país sudamericano.
Pero también contribuye a esa posición las incongruencias oficiales. La Cancillería ha pedido modificar el trata de extradición que ambos países tienen firmado desde hace años, con lo que se da a la defensa del ex presidente un argumento bastante fuerte a su favor. Cualquier modificación del Tratado regirá para adelante después de su suscripción.
No hay que caer en ese tipo de debates intrascendentes. Por el contrario, lo que se debe hacer es mantener una presión constante para que Estados Unidos extradite a Sánchez de Lozada. Eso es lo mínimo que la Casa Blanca está obligada a hacer como señal de que desea una relación amistosa con el gobierno del Estado Plurinacional.
El demorar la resolución de este caso solo representará una demostración de que Estados Unidos le brinda protección al ex presidente boliviano y no precisamente por un gesto humano, sino por las profundas relaciones políticas que Sánchez de Lozada mantiene con la clase dominante de ese país.
Es evidente que Sánchez de Lozada tiene mucho que decir sobre el accionar estadounidense en el país y por lo tanto goza, sin importar que sean demócratas o republicanos, de la protección del imperio.
Un juicio por los hechos de octubre permitiría sentar en el banquillo de los acusados no solo al ex presidente, sino a la clase y los intereses que condujeron Bolivia durante dos décadas de neoliberalismo.
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