El rechazo de algunos sectores al proyecto de Ley de Extinción de Dominios a favor del Estado, refleja varias cosas: un desconocimiento de su contenido, quizá en parte por la insuficiente socialización; un injustificado prejuicio, alimentado por posiciones anti-gubernamentales que se oponen a todo y una doble moral de los sectores de oposición que critican al Órgano Ejecutivo por ser tolerante con la corrupción pública, pero no respaldan un proyecto de ley que busca endurecer la guerra contra los actores de ilícitos que provocan fortunas mal habidas.
De acuerdo a las explicaciones del gobierno, este proyecto de ley está orientado a fortalecer por la vía administrativa la lucha contra cuatro tipos de delitos: narcotráfico, corrupción pública, contrabando y legitimación de ganancias ilícitas, sin que esto signifique la vulneración de garantías y derechos fundamentales plenamente establecidos en la Constitución Política del Estado.
Esto quiere decir que no se vulnera la presunción de inocencia y que la medida solo se toma cuando la persona, natural y jurídica, ha sido encausada penalmente; es decir, como sostiene el ministro Carlos Romero, en una entrevista a un diario local, cuando se ha superado la fase investigativa, de imputación y acusación formal.
Pero además, el proyecto de ley contiene disposiciones que garantizan el derecho a la propiedad privada, pues no se incorpora las figuras de la reversión y expropiación de bienes plenamente consolidados a favor de una persona natural o jurídica.
Esta propuesta normativa además le da garantías al propietario de un vehículo o de un inmueble ante casos en los que sin su consentimiento y participación, un tercero haya utilizado el medio de transporte o la vivienda que no es suya con el objetivo de cometer acciones contra las disposiciones legales vigentes.
Entonces, en vez de rechazar una propuesta para endurecer la lucha contra esos cuatro tipos de delitos, las organizaciones y la sociedad toda debería respaldar esta iniciativa del gobierno, pues finalmente se trata de encontrar algunos puntos comunes para el bien de todos, independientemente de la posición política que se tenga.
Bolivia continúa dando señales claras de su compromiso en la lucha contra las drogas, la corrupción pública de cualquier grado, el contrabando que destruye nuestra industria nacional y con todo tipo de obtención de ganancias ilícitas que atentan contra el intento de construir una sociedad con justicia e igualdad social.
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