por: Fernando Arenas Silvetty
Continuando el estudio sobre las políticas de soberanía alimentaria encomendadas por la CPE a través de un desarrollo rural integral sustentable y la negociación de los tratados internacionales mismos reflejados en los diversos artículos de nuestra constitución es menester recordar las condiciones externas referentes a la crisis alimentaria mundial, mismas que en si encerraría el verdadero encarecimiento y costo de la importación de alimentos hacia Bolivia.
Las exportaciones, orientadas a hacia una mayor inclusión social, generarían entonces variaciones en su tipo, caracterizándose por un incremento de valores agregados, basado tanto en el desarrollo productivo como en el fortalecimiento del mercado interno, cimentadas en una economía social comunitaria. Nace de ahí el cambiar la naturaleza de las exportaciones al extremo de ya no considerarlas a un mero nivel mercantilista sino como nuevas alternativas que determinen el desarrollo y el bienestar común dentro de las organizaciones de la economía plural, por tanto el elemento de la soberanía alimentaria tendría que estar ligado íntimamente a la seguridad alimentaria dentro de cualquier parís del mundo evitando así su especulación y escasez, teniendo por ejemplo a la exportaciones de alimentos regulados para la exportación (cárnicos, granos y azúcares) que tuvieron un incremento de hasta un 12% en relación al 2008, que como se recordará fue la gestión en la cual se inicio con las restricciones temporales y regulación de exportación de los mismos.
Se debe entender, desde mi punto de vista, que desarrollar las exportaciones no parte de incrementar las cantidades totales del volumen o el valor de las exportaciones, ello podría caer en la clásica reflexión de los opositores de que este fenómeno se debería a la elevación de los precios internacionales o a los efectos de la crisis alimentaria mundial que obligan una demanda automática de estos productos, para mi entender el desarrollo de las exportaciones parte por cambiar la dinamización de la producción desde el mercado interno donde no nos detenemos en la mera transformación tecnológica productiva para la exportación o en la lucha por el cambio en la calidad de los exportación de bienes primarios sino en el dinamismo de los medios de producción a partir de la implementación y el desarrollo de las relaciones sociales de producción determinadas por la autogestión de los productores directos, la lucha anti monopólica contra la propiedad privada (especialmente las referidas a la tierra) y la inclusión social con apertura hacia el comercio internacional.
Posiciones que podrían desembocar en elementos altamente sensibles como la nacionalización en lo referente al comercio exterior, encaminada a partir de la implementación de políticas productivas industriales priorizando la promoción del desarrollo productivo rural, garantizando una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma adecuada las necesidades básicas internas y priorización del sector productivo agroindustrial campesino. El estado determinará una política productiva industrial y el apoyo a la organización de estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y rurales fortaleciendo la capacidad exportadora de bienes con valor agregado y servicios. Mismo que ampliaría las actividades referentes a las ventajas comparativas naturales ya tradicionales.
El clásico modelo de D. Ricardo para el comercio exterior, está cimentado también en la teoría de la distribución y la renta de la tierra, donde la especialización no nace por la incapacidad de producción de un determinado bien, sino por el aprovechamiento de la tecnología y el recurso de la fuerza de trabajo a través del desarrollo de los costes relativos, que desembocan en la ampliación de la frontera del consumo.
Posteriormente Marx habría desarrollado la teoría referente a la renta diferencial de la tierra donde la real ganancia que se tiene de las de tierra mejores son del propietario gracias al derecho de la propiedad privada sobre la misma, ganancia como es sabido cimenta también una concentración de riquezas en las manos de pocos como una característica adyacente para la sobrevivencia del capitalismo, gracias a una posición colonialista en los países del sur. Ello planteando lineamientos que hagan cumplir lo encomendando en nuestra constitución en lo referente a la prohibición de monopolios y oligopolios privados.
A partir del análisis del desarrollo de la producción agrícola cuyo valor esta constituido entre salarios, renta de la tierra y beneficios vemos que existe entonces una lucha a favor de la distribución equitativa de la misma reflejada en los paradigmas del vivir bien en función a la economía social comunitaria. Cuya desembocadura se cimenta en la soberanía alimentaria cuyo principio debe ir casado también con el termino seguridad alimentaria que lucha por un mejoramiento y control en las redes de distribución de los alimentos a la población y a los intermediarios que son quienes pretenden también dominar el control de los precios, elementos que son combatidos por el gobierno a fin de lograr un consumo sustentable, dicha seguridad alimentaria pasa también por la lucha por los precios accesibles de todos los pobladores de la población urbana y rural, aunque paradójicamente se catalogue a la región de América Latina como una de las mayores productoras de alimentos del mundo ello en función a tener la mayor cantidad de tierras agricultables, de ahí la constante lucha de las grandes empresas productoras transnacionales de alimentos por la ampliación de la fronteras agrícolas. Ello pasaría entonces por el fomento individual a las familias productoras rurales asegurándoles un acceso a la agricultura comunitaria mismo apoyo que está determinado por la ley 144 (Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria). En este elemento se cuenta también como un elemento determinante a la Ley Marco de Autonomías mismas que protegerán estas políticas de producción respetando los sistemas de producción propios de la región velando por la recuperación y la preservación de sus saberes ancestrales.
Todos estos elementos deben ir con el objetivo del derecho universal a la alimentación que es a fin de cuentas el verdadero enfoque de la soberanía alimentaria ya sea como un eje nutricional o como un autogestionamiento productivo que debe enmarcarse dentro de la Economía Social Comunitaria todo ello mediante la disposición de tecnologías alternativas, populares y ecológicas, formas de trabajo comunitario y producción no asalariada como el ayni, expresadas en el reparto equitativo de los excedentes y libertad operativa con soberanía comunitaria desarrollando su sistema agroalimentario y sus factores de producción, ejerciendo nuestra soberanía frente a injerencias transnacionales.
* Economista
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