La violencia contra las mujeres está arrojando más víctimas fatales que cualquier accidente, desastre o crimen relacionado al narcotráfico o al tráfico de armas, por ello es fundamental declararla como Emergencia Nacional.
Miles de mujeres de todas las edades, de todos los grupos sociales, pero sobre todo de los estratos más pobres, son golpeadas, violadas y asesinadas, en muchos casos son crímenes perpetrados con premeditación, maldad y alevosía.
La violencia contra las mujeres es una de las principales violaciones de derechos humanos, que a pesar de su magnitud se caracteriza por la impunidad de los agresores y la tolerancia de la sociedad. Los últimos casos de violencia contra mujeres que se han dado en el país, cometidos por autoridades departamentales, municipales y funcionarios públicos, deben sancionarse con todo el rigor de la Ley. Además la Ley integral contra la violencia que será tratada próximamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional debe incluir entre los requisitos para ser representante nacional, departamental o municipal o para ocupar un cargo como funcionario público, no tener antecedentes de agresión contra las mujeres. Y cuando la violencia sea perpetrada por alguna autoridad pública deberá será un agravante para la pena que se le determine.
Un reciente estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que entrevistó a mujeres de doce países de Latinoamérica, destaca que el 53% de las consultadas en Bolivia, afirmó haber sido maltratada de alguna manera. Se sabe que 7 de cada 10 mujeres en el país sufren de algún tipo de violencia, es decir el 70% de mujeres han sido agredidas de alguna manera. La violencia contra las mujeres en Bolivia significó 511 feminicidios entre 2009 y 2012. De esa manera, las muertes y asesinatos de mujeres por razones de género van en aumento. Del 2007 al 2012 se reportaron más de 442 mil denuncias por algún tipo de violencia, de las cuales 23 mil fueron investigadas por la justicia, pero sólo 96 de estos casos llegó a tener sentencia ejecutoriada. Según datos de la ONU Mujeres del 70% de las mujeres bolivianas que sufren violencia, solamente el 17% se atreve a denunciar ante la policía el maltrato.
La Constitución Política del Estado en su artículo 15 reconoce que “todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia, como en la sociedad y el Estado adoptará medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional…”. Así mismo, Bolivia cuenta con un amplio marco normativo como la Ley contra la violencia en la familia y doméstica y la Ley de protección a víctimas contra la libertad sexual, la Ley contra la trata y tráfico de personas y la Ley contra el acoso y violencia política en razón de género.
Supuestamente estas normativas deben ser implementadas por todos los niveles gubernamentales, mediante el Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades. Específicamente el eje de violencia en razón de género se debería ejecutar mediante el Programa Nacional de Lucha contra la Violencia. También existen una serie de organizaciones no gubernamentales y redes interinstitucionales que trabajan desde hace años en la atención y prevención de la violencia en el país.
Sin embargo, se ha constatado que todas estas acciones se dan de manera desarticulada, con escasos recursos, sin una institucionalidad adecuada y no son una prioridad dentro de las políticas públicas estatales, a pesar de que por la magnitud de casos, la violencia contra las mujeres se ha convertido en una guerra de alta intensidad.
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