Abril no será un mes cualquiera. Como ya es una tradición todos los años, el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) se someterán a una pulseta desde perspectivas distintas.
El primero hará todos los esfuerzos por mantener algunos criterios con los que ha garantizado una estabilidad macroeconómica en todos estos años: aumentar salarios no más allá del nivel de inflación del año anterior, explicar las razones para orientar la mayor parte de los recursos a la inversión productiva y la industrialización y, seguramente, adoptar algunas medidas adicionales para beneficio del trabajador.
La COB, por su parte, volverá a ser presa de la mayor parte de su historia: pedir un incremento salarial mayor del que realmente se puede dar y que solo le llega a los asalariados que si bien han subido en porcentaje respecto de las dos décadas de neoliberalismo, al mismo tiempo continúan representando la minoría frente a otro tipo de organización del trabajo. Quizá, como todos los años, presente un amplio pliego petitorio, pero el peso de su presión girará entorno al salario.
Entonces, el gobierno y la COB volverán a perder otra oportunidad para encontrarse en un escenario político y no reivindicativo. El resultado de este desencuentro es la disminución de posibilidades para profundizar el proceso de cambio y con ello facilitar a una oposición que, si no fueran esos hechos, poco o nada tendría por hacer.
La reiteración de esta historia se registra, con mayor o menor medida, desde 2006. La configuración del nuevo bloque en el poder al empuje y el protagonismo de los movimientos sociales, particularmente indígena campesino originario, no ha sido acompañada por la participación protagónica de los sindicatos que nuclean a la clase obrera. Salvo algunos momentos, la sindical de los trabajadores ha estado ausente. Y esto es más criticable a la COB que al gobierno pues ni la política regala espacios ni es comprensible que la dirigencia sindical no lea con precisión lo que está pasando en América Latina. Nunca como ahora ha existido condiciones favorables para avanzar en un horizonte poscapitalista.
A pesar de que la COB no es la de antes, donde se atrevía incluso a pedir formas de co-gobierno y co-gestión en la Corporación Minera de Bolivia (COB), es deseable que modifique su táctica para evitar ser utilizada por sectores de la derecha, como ocurrió el año pasado, cuando inexplicablemente coincidió con algunos dirigentes de los profesionales de la salud claramente vinculados a partidos de la vieja y nueva derecha.
La COB no debe perder la oportunidad de darle su sello de clase al proceso boliviano. Si de tensión se habla, debe ser para articularse con el gobierno —incluso manteniendo su autonomía—, en la perspectiva de concretar medidas que industrialicen la economía, generen empleo, diversifiquen la producción y sobre todo consoliden el poder político que hoy está en manos de los que siempre fueron excluidos.
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