Cada vez que el presidente Evo Morales observa o critica el trabajo de algunos medios de comunicación comercial, mal llamados independientes, éstos y otros que se sienten aludidos, acuden a advertir con “el fantasma” de una ley de medios que el gobierno se traería entre manos y a mencionar los riesgos que ésta conllevaría si se materializa.
Como toda actividad humana, mucho más si esta tiene relación con derechos fundamentales de las personas, una ley de medios puede llevar consigo una serie de riesgos que es bueno plantearlos, aún antes de que exista un anteproyecto o proyecto de ley referido a este tema.
Existe el riesgo de que se descubra quiénes son los propietarios de esos medios de comunicación, qué intereses políticos, económicos o de otra índole representan y de dónde salió el dinero con el que construyeron sus medios.
Otro riesgo previsible es que los canales de televisión se vean impedidos de difundir publicidad de todo tipo, sin responsabilidad alguna, sin límite de tiempo, sin horarios de protección a los menores, así como publicidad con explícito o encubierto contenido xenófobo, misógino u homofóbico; publicidad engañosa que induce al error o al consumo desmedido.
Sin duda que también está latente el riesgo de que los canales de televisión no puedan continuar difundiendo la programación que les viene en gana, en los horarios que mejor les parezca, sin que absolutamente nadie -menos el televidente- tenga opción alguna de reclamar. Violencia exagerada, sexo explícito, apología de los delitos y de los delincuentes, dejarían de ser los temas principales de su programación. Hay pues el riesgo de que todo aquello que hoy pugna por el raiting desaparezca de las pantallas de televisión, sea abierta o de cable.
Es evidente que también se corre el riesgo de que los medios deban explicar de qué viven? Cuánto pagan a sus trabajadores? Si les brindan todas las condiciones establecidas por ley para el desarrollo de sus actividades? Si se respeta la libertad de expresión y de opinión al interior de ellos?
Esos riesgos son evidentes y seguramente deben haber algunos más, pero sin duda alguna que ellos afectarían a un pequeño grupo de privilegiados que hoy manejan, abierta o encubiertamente, a su libre albedrio, los medios de comunicación; pero, en contrapartida serán beneficiosos para todos los bolivianos, para todos aquellos que creemos que la comunicación masiva es un servicio público y, por tanto como todo servicio público, necesariamente tiene que ser regulado por el Estado.
Obviamente, que todo intento regulador, mucho más si apunta al enorme poder de los medios de comunicación, va a traer consigo riesgos, pero estos deben ser valorados de manera tal que se lo fundamental sea proteger a la mayoría.
Además de los riesgos evidentes citados antes, existe un riesgo mucho mayor, el que las cosas sigan como hasta ahora, que el Estado no tenga el valor de salir en defensa de sus ciudadanos y sigamos librados al abuso de los medios, a la prepotencia de los intereses que representan y a la hipócrita declaración de independencia de estos medios con la que tratan de embaucar a la población.
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