por: Felipe Tascón
| Sobre el punto de cultivos hoy proscritos, a ambos lados de la mesa de La Habana, se encuentran dos posibilidades de negociación: sustitución o regulación. |
| Entre Ronald Reagan y Cartagena de Indias Los gobiernos colombianos han sido disciplinados soldados en la “guerra contra las drogas” relanzada por Reagan y dirigida a reducir la oferta del producto ilegal, aquí focalizada contra los productores de la hoja de coca. La otra posibilidad sería el actual coqueteo de Santos con la legalización. Washington reporta exitosa su guerra antidroga, pero hay suficiente evidencia de fracaso: es ineficaz en eliminar la oferta, mientras si consigue reducirla aumentando el precio final: la cocaína -a pesar o gracias a la guerra- es bien pagada en los mercados al detal. La tarea real de reducir la oferta, a escala del cultivador de la hoja de coca, pasa por disminuir el área sembrada. En Colombia existen tres caminos para conseguirlo: 1. la fumigación aérea realizada sobre el 1,8% del territorio nacional, es ejecutada por contratistas del norte, y es nefasta no solo con las siembras de coca, sino también para la salud, las parcelas aledañas, los animales y las cuencas hidrográficas; 2. la erradicación manual forzada, ejecutada por clientelas uribistas, enfrenta resistencia campesina; 3. en minoría la erradicación consensuada con los cultivadores de coca, a cambio de sustituir cultivos, con o sin desarrollo integral complementario. Gracias a Cardozo, Zedillo y Gaviria, el presidente Santos, le sonríe a la legalización, así en la cumbre de Cartagena de Indias del 2012, expresó: “llegó el momento de analizar si lo que hacemos -en materia de lucha antidrogas- es lo mejor o buscamos una alternativa más efectiva y menos costosa en general”. Pero en la misma cumbre, Obama bloqueo la discusión sentenciando: “legalizar las drogas no es la respuesta”. Esta posible alternativa, ha continuado latente, de ahí el apoyo del gobierno Santos al reingreso de Bolivia a la Convención de Estupefacientes, después de su denuncia de la errática prohibición del masticado y siembra de coca (Viena 10/01/13). Entre Cartagena del Chairá y Simón Trinidad La guerrilla de las FARC, en la pasada negociación del Caguán, planteó ambas alternativas: un plan de erradicación consensuada, y la propuesta de legalización. En junio del 2000 en la zona de distensión, se dio la conferencia internacional sobre “cultivos ilícitos y medio ambiente”, que giró en torno a la “Planificación de mecanismos para la sustitución de cultivos ilícitos”. Un Plan piloto en el municipio de Cartagena del Chairá, planeado a 5 años para probar la viabilidad de la sustitución de cultivos controlada por la población local, apoyada por la guerrilla, el gobierno y por países donantes. Se proponía que un equipo de profesionales del agro, a partir de estudios detallados del suelo de las 8.765 hectáreas de hoja, y toda el área del municipio, identificara cultivos y crías idóneas para sustituir los cultivos de coca. Esto complementado por un plan de desarrollo para incrementar la presencia del Estado en salud y educación, más construcción de ferrocarriles, carreteras, canales, puertos y aeropuertos, todo un collar de huellas de cemento. Hasta ahí un plan de desarrollo clásico, digno de Prebich, que al definirse como de “sustitución de cultivos ilícitos”, también lo hacia digno del fantasma de Reagan, o de la JIFE. Era lo previamente se había conversado en Costa Rica, entre el comandante Raúl Reyes, y el entonces director de Asuntos Andinos del Departamento de Estado Philip T. Chicola. Para Washington y Bogotá, el único problema del Plan Chairá, era demorar 5 años. Pero el problema era otro, los campesinos colombianos no llegaron a cultivar la coca -para cocaína- por un pacto con el diablo, sino cuando fracasaron en el intento de aplicar la agricultura que conocían -de los valles andinos- en las tierras donde los expulsó la guerra, o los mudó la reforma agraria: afuera de la frontera agrícola. Llegaron a la coca, porque la escasa capa vegetal del bosque húmedo de los baldíos donde se asentaron, casi no les dejaba cultivar otra cosa, y con las excepciones -por ejemplo: maíz, plátano o yuca- el excedente no había como sacarlo al mercado por las pésimas vías. Por esto solo una parte del municipio piloto, se volvería productiva con vías. El plan conllevaba gran riesgo para sus autores, porque incluía la sentencia: “los que se resistan al cambio deben ser expulsados de la región por un tiempo, previo acuerdo en asambleas comunitarias y el Estado Mayor del Frente encargado de ejecutar los planes como autoridad”, es decir, que como la agrología no iba a encontrar alternativas para toda el área cocalera del Chairá, las FARC hubiera terminado expulsando a su base social. En paralelo las FARC manejaban un plan B, diferente al comprometido entre Reyes y Chicola. En marzo del 2000 enviaron una carta abierta al Congreso de EE.UU., proponiendo legalizar las drogas. Luego, en junio del 2001, el comandante Simón Trinidad afirmaba “Nosotros hemos dado a conocer a la opinión nacional, al pueblo norteamericano y al Congreso de los Estados Unidos nuestra propuesta de legalizar el consumo de la droga para acabar con el negocio del narcotráfico en el mundo”, calificando al sistema financiero global como el principal beneficiario del narcotráfico, mientras quienes “sufren los rigores de la represión” son los productores de los países andinos; al tiempo que proponía “que estos miles de millones de dólares que hoy en día se destinan a la represión a los cultivadores se dediquen más bien a mejorar la salud de las personas que ya están afectadas de enfermedades producto del consumo de estas sustancias”. Resalta la claridad con que formula Trinidad, por lo que vale la sospecha: esta seria la causa real del proceso que Uribe inventó (wikileaks) para extraditarlo. El equipo negociador fariano, en febrero y dentro de las “Ocho propuestas mínimas para el ordenamiento social y ambiental”, proponía: “Hay que… considerar planes de legalización de algunos cultivos de marihuana, amapola y hoja de coca con fines terapéuticos y medicinales, de uso industrial, o por razones culturales”. Esto debe verse, como la recuperación del argumento de Simón Trinidad. Desde los cocales hasta Wall Street En la cumbre de Cartagena del 2012, Obama argumentó que su país en la historia ha invertido “30 mil millones de dólares en programas de prevención y tratamiento”, cifra que le permitió mostrarse responsable con su demanda interna. Vale compararla con las híper-ganancias de la cocaína; trabajemos con cifras del ex-canciller mexicano Jorge Castañeda, quien filtra datos compartidos por EE.UU., a un colega de gabinete suyo hace 10 años. Esta fuente, tazaba al kilo de cocaína pura saliendo de Colombia en 1.700 dólares, para después de recorrer Centroamérica, llegar a la frontera norte de México en 12.500, y con solo cruzarla alcanzar los 20.000, llegando al mayoreo a 30 mil en Nueva York o Seattle, y bordeando al menudeo los 100 mil. Entonces es claro que las híper-ganancias de la cocaína aparecen en el mercadeo, en el tráfico al acercarse a EE.UU. y al consumo. La utilidad que produce dentro de EE.UU., es el diferencial del precio al detal con el costo en su frontera sur: 100 menos 20 = 80 mil dólares por cada kilo (asumiendo que los narcos norteamericanos solo tocan la mercancía ya en territorio de su país). Esta cifra hoy debe ser mucho mayor, porque como señala la misma fuente, ya en el 2008 el precio detallista llegaba a 200 dólares el gramo de alta pureza, y porque -como veremos más adelante- el precio de salida desde las áreas productoras no cambia. Asumamos vigente esta cifra, entonces los 30 mil millones gastados en prevención en toda la historia, divididos por 80 mil, solo equivalen al reditó que dejan 375 toneladas de cocaína traficadas dentro de EE.UU., cifra muy inferior a la producción anual mundial del 2011, tasada por la ONU entre 776 y 1.051 toneladas. En medio siglo de guerra, EE.UU. ha invertido el equivalente a lo ganado en 4 o 6 meses por los capitales de la cocaína en los países del norte. Si fuera un juego de póker, diríamos que por cada dólar gastado en prevenir, el tráfico les devuelve entre 10,300 y 14.000 dólares. En el otro extremo quienes industrializan coca en infusión o harina, el peruano Manuel Seminario o el colombiano David Curtidor, relatan que pagan un precio superior por la hoja a los agricultores, que aquel que estos obtienen cuando la coca se destina a pasta básica de cocaína. Esto supone una suerte de rigidez en el precio de la pasta, que por dos décadas ha oscilado entre 600 y 1.000 dólares por kilo. Así que la zozobra de la guerra eterna en su contra, impide que a los cultivadores les llegue algo de la híper-ganancia. Pero los campesinos siguen dedicados al cultivo, aun con una inflación estratosférica, porque no hay alternativas: coca es lo que da la tierra que poseen en la selva. Que La Habana mire a La Paz Parece que en el siglo XXI, es mejor no mirar al jugador de póker: sus trucos están gastados, y at portas de una negociación de paz, sería mejor mirar a los orígenes, mirar a la planta milenaria andina y amazónica, que algo debe tener para resistir una guerra desigual de 50 años. Hay que recuperar los saberes sobre su uso por los pueblos originarios del continente, porque ahí esta la salida para los colonos cocaleros que han llegado a ella por necesidad. En una entrevista reciente en El Espectador, dije que “el mejor proyecto alternativo para la coca -insumo de la cocaína, es un producto de esa misma planta -insumo de productos legales y altamente benéficos”. Esa es para mí, la conclusión más importante del reciente foro de La Paz, donde académicos, emprendedores y activistas, durante tres días discutimos y aprendimos sobre el tema, teniendo un publico excepcional: las cocaleras y cocaleros de Los Yungas y El Chapare. A continuación resumo la política pública boliviana, y algunas conclusiones y recomendaciones del Foro. El psicólogo social peruano Baldomero Cáceres inicio en 1977 una lucha por la reivindicación de la hoja. En su disertación, recordó al psiquiatra limeño Hermilio Valdizán, quien en 1913 eludiendo todas las investigaciones científicas previas, y trasladando sin rigor las primeras condenas a la cocaína, camuflo como ciencia a la leyenda negra de la hoja de coca por motivos racistas. De Valdizán se derivan el trivial y negativo Informe de la Comisión de NNUU para el estudio de las Hojas de Coca (1950), origen de la inclusión en 1961 de la hoja en la Convención de Estupefacientes, por esto el foro le recomendó al presidente Evo denunciar también este informe. La importancia de la investigación de Cáceres, es que demuestra el origen erróneo, acientífico y racista de la condena a la coca. El medico norteamericano Andrew Weil -director del Centro de Medicina Integrativa de la Universidad de Arizona- es contundente sobre a la polémica coca/cocaína: “La única diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. Cualquier droga se convierte en tóxica en dosis suficientemente altas. Algunos venenos se convierten en agentes terapéuticos útiles en dosis muy bajas”. Su escuela médica no es dogmática, propone combinar los avances médicos occidentales, con los saberes de las plantas: “Si estuviera en un grave accidente automovilístico, no querría ser tomado primero por un chamán, herbolario o quiropráctico; Me gustaría recibir el mejor tratamiento convencional en una clínica de emergencia. (Más tarde usaría otros métodos para acelerar el proceso de curación.)”. La importancia del aporte de Weil, es que vislumbra posibilidades, para el uso medico legal y comercio de la coca en los países del norte. También los aportes de otros cuatro investigadores. Los médicos japoneses Seki y Nisshi, que expusieron sus experiencias con la coca en uso medicinal contra obesidad, gingivitis, diabetes, inhibición de células cancerígenas y merma de hipertensión, por lo que llaman a la hoja, un biobanco. Otros dos ponentes, el antropólogo brasilero Anthony Henman y el medico boliviano Jorge Hurtado, relataron el uso de la harina de coca, en Londres y La Paz, en terapias para consumidores a la cocaína. El vicepresidente de APEHCOCA Perú Javier Trigo, realizó una exposición sobre las formas de consumir la hoja como alimento y sus valores nutricionales. A partir de lo cual el IV Foro, le propuso al presidente Morales, incorporar la harina de coca en los menús de su programa institucional Desnutrición Cero. Lo planteado por los industrializadores de la coca, coincide en este universo de mercado para la hoja como alimento. En Bolivia las acciones del Viceministerio de la Coca, encabezado por Dionisio Núñez, que estimula el procesamiento y mercado legal para la hoja de coca. Lo más destacable: una industria de los cocaleros de Los Yungas, que mezcla coca con stevia para exportar al Ecuador. También Manuel Seminario de Perú, quien realiza una gira continental en su Coca-Móvil, exponiendo productos benéficos de la hoja. De Colombia David Curtidor, de la industria indígena Coca-Nasa, quien demando y gano a Uribe por la publicidad negativa de “la mata que mata”. También se dio una feria exponiendo, los variados productos derivados de coca que existen en nuestros países. Dos museólogos Alejandro Camino del Perú y Estelina Quinatoa del Ecuador, recordaron el valor ritual y antropológico de la “planta Maestra”, con un consumo precolombino ampliamente extendido. El antropólogo argentino Ricardo Abduca, expuso sobre el consumo actual en su país, específicamente en las provincias del noroeste: un consumo consolidado desde el siglo XIX, que “esta arraigado en todas las clases sociales”. En Argentina es legal el consumo y la tenencia, la venta es libre y pública, pero no cultivan la hoja y no hay importación legal, por lo que es urgente un acuerdo comercial bilateral. El coqueo argentino es la prueba viva de un mercadeo internacional de la hoja, y demuestra lo desfasado de la estigmatización racista a la coca. En el foro se encontraron dos connotados baquianos de los intríngulis jurídicos de las convenciones internacionales de droga, el holandés Martín Jelsma director del Transnational Institute; así como su par latinoamericano, el ex-zar antidrogas del Perú Ricardo Soberón. Sus exposiciones nos demuestran que la lucha internacional para desmontar la errática condena de la coca a nivel internacional, es un camino lleno de espinas, pero transitable, para conseguir regular el mercado hoy ilegal. Regulación no significa libre albedrío, en Suiza y en Holanda la droga se vende en dispensarios regulados por el Estado, el gasto va a educar e informar, y los resultados de control de daños son mejores. Hubo tres expositores sobre los movimientos sociales pro-coca: Pedro Arenas de Colombia, tiene un registro detallado de las luchas de los agricultores cocaleros desde 1986 a la fecha, periódica repetición en tragedia de la historia: paros cocaleros y programas de sustitución limitados que no se cumplen. Serafín Lujan del Perú, mostró una historia de luchas cocaleras también salpicada por su conflicto armado interno. El abogado indígena argentino Benito Espíndola hablo de la defensa del uso originario de la coca en su país, desde el derecho indígena. Sobre Bolivia, lo expuesto por el viceministro Núñez, el ministro Romero y el canciller Choquehuanca, así como una película sobre el presidente desde su época de dirigente cocalero, relataron la evolución de la lucha hasta la despenalización del acullico en la Convención de Estupefacientes. Dentro de los avances públicos, vale resaltar el programa de “Control Social”, un instrumento que en alianza con los sindicatos cocaleros, ha reducido la desviación al narco de la coca, mientras estimula el procesamiento de la hoja y su consumo en el mercado legal. Epilogo En el IV foro dije que “el mercado para los productos benéficos derivados de la hoja de coca, podrá consolidarse cuando se neutralice a su contrincante, lo que solo se puede lograr quitándole el carácter de híper-ganancia al rédito de la cocaína, y sabemos que lo híper no le llega por ser o no ser dañina para la salud, sino por el carácter ilegal de su trafico”. A la hoja de coca frente a la cocaína, le pasa lo mismo que al maíz alimenticio frente al que es desviado para combustibles, lo benéfico tiene las de perder por la esquizofrenia del mercado capitalista. Los esfuerzos por el uso legal deben ser ahora, no esperemos que Monsanto patente una semilla certificada de coca. En conclusión hay que descolonizar cabezas: el punto correcto de encuentro entre los dos lados de la mesa de La Habana, es la regulación de la producción y mercado de coca, y en el campo no la sustitución de cultivos, sino la sustitución del uso de la hoja de coca. Después de 50 años, los colombianos tenemos que quitarnos las orejeras, que nos obligan solo a mirar hacia Washington. En este tema, para buscar la paz en nuestra guerra eterna, hay que mirar a La Paz, la del ejemplo de un pueblo y su gobierno reivindicando a la planta milenaria, y también a la del reciente IV Foro de la Hoja de Coca, tan prolífico en ejemplos de sus bondades como alimento y medicina. En febrero pasado, Ricardo Soberón me preguntaba, que habría en común entre el guerrillero Trinidad y el presidente Santos, para que ambos propusieran regular la producción y el mercado. Es probable que en la respuesta a esta incógnita, esté la solución al problema que ha signado nuestra historia de las ultimas décadas, esté el cambio de paradigma que tanto necesitamos, porque tener la mayor área sembrada de coca en el planeta, debe dejar de verse como un estigma o defecto, al contrario somos ricos en el “archí-tónico del reino vegetal”, tenemos una ventaja competitiva. Bogotá, 6 de septiembre del 2013 * Versión resumida del articulo “Que La Habana mire a La Paz” publicado en Internet. |
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