noviembre 25, 2020

Sobre el acoso y la violencia

por: Adriana Salvatierra 

El pasado 1ro de Mayo fue un día memorable por la imponente movilización social que selló el compromiso de la clase obrera con el Proceso de Cambio. En Santa Cruz, el día de los trabajadores fue empañado con uno de los cotidianos e indecentes actos de agresión contra la mujer.

El Alcalde Municipal Percy Fernández “metió mano” durante un acto público a una periodista de PAT. El video se expandió de forma casi virulenta al punto que la condena ética colectiva por lo menos fue instalada y por primera vez se logra abordar con seriedad el asunto. Al día siguiente, el Alcalde emite una carta de disculpas, que según el “abogado natural” de la agredida (su esposo) no serían tomadas en cuenta hasta que se emita una disculpa pública, misma que fue emitida 3 días después en diversos medios de comunicación y con eso “el abogado natural” da por cerrado el asunto mientras la afectada sigue en silencio.

Más allá de las movilizaciones locales, las acciones legales asumidas se concentran en la querella ante la fiscalía por parte de la Diputada de MSM Marcela Revollo y la denuncia por acoso sexual presentada por la Plataforma de Lucha Contra la Violencia a la Mujer en la Unidad de Víctimas Especiales, amparadas en la Ley 348; a esto se suma que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados definió viajar, y luego suspendió su viaje a Santa Cruz para recibir un informe de los hechos por parte de la autoridad municipal.

¿Qué nos ha dejado esto hasta el momento?

Impunidad. Bolivia continúa teniendo la segunda tasa más alta de violencia sexual contra las mujeres en América Latina, y el 80% de los casos quedan en la impunidad. El 2013 cerramos con 154 casos de violencia política y 125 feminicidios (sin contar la cantidad de mujeres que mueren en el silencio de sus comunidades). Es cierto que la Ley 348 se convierte en una herramienta para luchar contra la violencia desde el mismo acto de señalarla como un tema de prioridad nacional y de salud pública. Sin embargo las prácticas machistas, discriminatorias y violentas continúan sucediendo en la intimidad de los hogares, en la calles y en los actos públicos donde la sensación de poder sobre la mujer y sobre los gobernados no se esconde.

Conciencia colectiva de lo que implica una agresión. Si bien el horondo esposo de la mujer afectada no continuará las acciones legales puesto que recibió muy conforme las disculpas públicas del Alcalde, este tema pasó a ser no sólo de índole personal o familiar sino público. No es que las feministas o las organizaciones sociales hagamos de este hecho una comidilla para la destrucción de una figura política; sino que este acto público de agresión no es más que un ejemplo concreto de la violencia estructural y cotidiana a la que están expuestas las mujeres y en mayor porcentaje las mujeres pobres, indígenas y campesinas.

Vigencia del Patriarcado. No es ella quien se defiende, pues pese a la intimidación que genera la agresión en un acto público, hubiésemos esperado que sea ella quien dé seguimiento a la defensa de su integridad. Sin embargo, cual transacción feudal entre varones, el esposo y el Alcalde arreglan cuentas, se entienden y negocian, y ponen punto final al hecho. Es el esposo quien sale a decir ante el acto flagrante que el caso se cierra, que no desea continuar los conflictos, convirtiéndose en el representante legal, moral e intelectual de la afectada como si esto se tratara sólo de la “honra familiar” aislando y desvinculando al resto de la sociedad del acto público de violencia.

Silencio y complicidad. No sólo el silencio de muchos “referentes” nos duele, también duele la pasividad, el dejar el tema como un hecho de competencia exclusivamente femenina o familiar. Pues este es el principal freno que encuentra la aplicación de la Ley 348. Agrede aún más el silencio de quienes dicen militar en la trinchera de la igualdad, la justicia y la dignidad.

Debemos luchar contra el silencio colectivo de la iglesia, del Comité Cívico Femenino, de la oposición boliviana que busca congraciarse con todos para aumentar porcentajes, y también contra el silencio de nosotros mismos como militantes del Cambio. Condenar la burla que se impulsa desde muchos sectores para vaciar de contenido la gravedad del asunto, condenar las sátiras que lo único que hacen es caricaturizar la violencia y hacerla digerible con algo que provoque una sonrisa y nos permita olvidar el daño.

No se trata de destruir una figura pública, no nos interesa. Se trata de destruir las prácticas violentas que se ejercen contra la mujer; se trata de dar continuidad y profundidad a la agenda del Proceso de Cambio donde los y las militantes luchamos contra todo tipo de inequidad social.


*    Militante de Columna Sur
      as.arriaza1989@gmail.com

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