La aprobación de dos proposiciones acusatorias para juicio de responsabilidades contra ex altas autoridades de Estado, entre ellas Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, es una buena noticia para el país. La impunidad con la que se actúo contra los bienes comunes durante dos décadas de neoliberalismo no puede seguir.
La base de estas acusaciones es la transferencia en condiciones de irregularidad y de grave atentado contra los intereses del Estado que importantes políticos del pasado perpetraron bajo el manto de procesos de “privatización” y “capitalización” de las empresas estatales.
Como se deduce de los hechos que hizo conocer la comisión de investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional el martes 13 pasado, estas ex autoridades no solo que transfirieron en condiciones desfavorables a los privados lo que era de todos los bolivianos, sino que además de eso incurrieron en otras ilegalidades en esos procesos, como el de financiar las actividades de una fundación privada. El propio Doria Medina, no se sabe si ingenua o cínicamente, sostuvo a principios de semana que con la privatización realizada en su gestión el Estado recibió 20 millones de dólares de la liquidación de unas 24 empresas de las corporaciones de desarrollo. Es decir, está claro que el promedio es menos de un millón de dólares por empresa.
De seguro que las ex autoridades comprometidas en la disposición arbitraria e ilegal de los bienes comunes de los bolivianos y sus representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional tratarán de desviar la atención con argumentos recurrentes como “gobierno que no cree en la participación privada” o “gobierno que persigue políticamente con pretextos ideológicos para eliminar la competencia”. Los últimos nueve años permiten predecir sus reacciones.
Pero no hay que confundir a la gente. El gobierno de Evo Morales ha demostrado hasta ahora no solo su respeto a la iniciativa privada que surgió de proyectos con recursos propios sino que incluso le dio su apoyo. Eso debe continuar y nada lleva a pensar que se actuará contra la propiedad privada, al menos mientras cumpla una función social en el marco de la Constitución. Lo que si está claro, sin embargo, es que el Estado y el gobierno deben investigar a los que hicieron fortunas por la vía de la apropiación de recursos públicos o entregando lo que es de todos a unos cuantos. Los privatizadores deben rendir cuenta de lo que hicieron y los políticos opositores deben saber que nunca más regresarán los tiempos del saqueo de nuestros recursos.
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