por: Romer Alcon Alanoca
Una aproximación al tema de los “fondos” nos remite a definirlos. Los “fondos” son una forma de asignación focalizada de recursos públicos. En este sentido, lo que se busca es que los recursos se aprovechen de mejor manera para que a su vez se logren mejores resultados. La idea que subyace en esta forma de asignación de recursos es que la concentración del gasto público en un tema o grupo vulnerable de la población logrará mejores resultados. En otras palabras, al crearse un “fondo” de desarrollo productivo lo que se busca es que parte del gasto público se concentre en el sector productivo para lograr mejor productividad, o en otro caso, al crearse un “fondo” infantil lo que se busca es que parte del gasto público se comprometa para beneficio de la niñez, de ahí que se sostenga que se focaliza la asignación de recursos públicos con la creación de “fondos”.
En nuestro medio los antecedentes de esta forma de asignación de recursos públicos son varios. Un ejemplo lo constituye el Fondo Social de Emergencia (FSE) que se creó en la última gestión de gobierno de Víctor Paz Estenssoro. El propósito de este “fondo” era paliar el alto costo social que trajo la implantación de la nueva política económica. Cabe mencionar que, a tono con la nueva orientación que trajo la nueva política económica, el FSE no estaba encargado de la implementación de proyectos sino de financiarlos y monitorear los gastos. Desde entonces se han creado varios “fondos”.
Es en este marco que debe inscribirse el “fondo de desarrollo indígena”. Lo que se buscaba con el mismo es una asignación focalizada de recursos provenientes de la renta gasífera a las comunidades originarias, con el propósito de logar su bienestar. Por otro lado, cabe señalar que, en contra de lo que dicta el sentido común, el “fondo de desarrollo indígena” se creó por decreto supremo en el periodo del presidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005–2006) y en atención a demandas que exigían la reglamentación de la ley de hidrocarburos en lo que se refiere al destino de la renta gasífera.
Lo anterior nos permite señalar un elemento de suma importancia, que no ha sido tomado en cuenta varias de las apreciaciones que se han hecho sobre el caso del “fondo de desarrollo indígena”, que el mismo no es una instancia técnica encargada de diseñar e implementar proyectos sino de financiarlos. Por tanto, la responsabilidad del diseño de los proyectos ha quedado en manos de la iniciativa de los directos beneficiarios, sin que se haya tomado en cuenta las capacidades técnicas de las organizaciones representativas de las comunidades originarias para encarar esta tarea de carácter técnico. Las consecuencias de ello se han reflejado en proyectos que presentan deficiencias.
Sin embargo, el caso del “fondo de desarrollo indígena” refleja también problemas de orden estructural. Tal vez el más importante, la corrupción. Todavía en nuestro medio el Estado es visto como una fuente de enriquecimiento privado, lo que deriva en que se ha internalizado los “negociados” como una pauta de comportamiento del conjunto de la sociedad y, por tanto, no propia de tal o cual sector social. Lo que nos obliga a desentrañar las ideas que subyacen a esta conducta. Sin duda, una de las ideas sobre la que se asienta la corrupción es el que la política es una guerra encarnizada que paga muy mal, por lo que toda oportunidad para el enriquecimiento debe ser aprovechada. Inevitablemente, lo anterior nos lleva a una materia en la que aún tenemos muchas tareas pendientes, la formación de cultura ciudadana. No basta con que tengamos todas las instituciones y organizaciones propias de la democracia, si no tenemos una cultura democrática, que entienda la actividad política como el mayor de los servicios públicos.
Otro elemento estructural no de menor importancia es la falta de internalización de la evaluación como actividad transversal de la gestión pública. Con la legitimación que ha ganado el Estado en los últimos años las expectativas de la sociedad son mayores hoy en día, lo que deriva en mayores responsabilidades para el Estado. Este último tiene en las políticas públicas su principal herramienta de acción. Siendo que no existe, por mucho que se desee, la inefabilidad del Estado, sólo adoptando la evaluación como elemento transversal de la gestión pública es que se podrá rescatar lecciones que a su vez permitan dar continuidad o ajustar, según corresponda, los elementos que hacen a las políticas públicas.
Ya que la asignación de recursos públicos es una política pública, en el caso del “fondo de desarrollo indígena”, una evaluación inicial, y por ello insuficiente, permite señalar que las deficiencias se presentan en la elaboración de los proyectos, que debe ser solventada con asesoramiento técnico para las comunidades originarias en el monitoreo de la implementación de los proyectos, que debe ser atendida con la implementación de mecanismos de fiscalización mixtos, es decir, que provengan tanto de instancias estatales, como la contraloría, y de la sociedad civil organizada. Esto es de suma importancia ya que lo contrario es ver este caso como un escándalo mediático que no merece más que la reprobación social y punto. Posición esta última que se inscribe en la ausencia de una visión de largo plazo de la renta gasífera.
Concentrarse en el momento presente nos hace perder de vista que el carácter no renovable del “gas” hace finita la renta gasífera, en consecuencia, será más que necesaria una evaluación final del gasto de esta renta que nos permita observar si la relación costo benéfico es equilibrada. En el caso del “fondo de desarrollo indígena”, la pregunta final que tendrá que hacerse es si el gasto público efectuado se ha traducido en mejores condiciones de vida para las comunidades originarias de Bolivia.
* Estudiante de Ciencia Política en la UMSA
Leave a Reply