por: Natalia Coronel
Pasaron casi dos meses desde la muerte del fiscal Alberto Nisman y las repercusiones siguen marcadas por una disputa política, mediática y legal entre el gobierno y la oposición, exacerbada por el año electoral en Argentina.
El escándalo desatado por la inconsistente investigación del fiscal Alberto Nisman acerca del supuesto encubrimiento por parte de altos funcionario del gobierno –incluida la presidenta Cristina Fernández– en el marco de la causa del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994, terminó con un desenlace aún más escandaloso: la muerte del fiscal y una oposición política que no pierde oportunidad para desgastar a un gobierno democrático.
Estos factores hoy signan el debate político en la Argentina y no deja de sorprender la intervención de los servicios secretos en un país cuyo gobierno está a punto de dejar el poder y todos los candidatos con posibilidad de ser electos no se perfilan como continuadores del proyecto kirchnerista.
Alberto Nisman tenía a su cargo la causa del atentado contra el edificio de la AMIA y la Embajada de Israel, sin embargo, su nombre no cobra notoriedad por la obtención de resultados al respecto, sino por denunciar a la presidenta Cristina Fernández por el supuesto encubrimiento en la causa AMIA y el memorándum con Irán, que se hizo para investigar y juzgar en aquel país a los sospechosos de estos ataques.
Cronología de los hechos
El fiscal regresa repentinamente de sus vacaciones en el exterior en medio de la feria judicial y presenta una demanda contra la Presidenta, su canciller, Héctor Timenmann, un diputado y un antiguo militante disfuncional. Los acusa de formar una asociación ilícita para, a través de una red de diplomacia paralela, ofrecerle a Irán impunidad a cambio de petróleo. La denuncia está basada en escuchas telefónicas que no se condicen con las contundentes afirmaciones del difunto fiscal.
Cuatro días después de haber presentado la demanda contra la gobernante, el fiscal aparece muerto en el baño de su departamento, casualmente, el día anterior en el que expondría ante el Congreso de la Nación las pruebas que, según sostuvo en todos los medios opositores, culparían de forma fehaciente a la Presidenta.
El 18 de enero, uno de sus custodios y su madre, lo encontraron muerto en el baño de su departamento. Había sangre en todos lados. Nisman tenía la cabeza contra la puerta y una pistola calibre 22 cerca de su cuerpo.
Con un arma al lado y los custodios desorientados, la trama es perfecta para una novela policial. ¿Se mató o lo mataron? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? Por ahora todo indica que es un suicidio. Aunque la ex mujer del fiscal y madre de sus hijas, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, y querellante en la causa, lleva adelante su propia investigación y hace unos días presentó una serie de conclusiones a las que había arribado su equipo forense que –según ella– fundamentaban su categórica afirmación sobre el “asesinato”.
Luego de la sucesión de hechos mencionados empezaron a aparecer nombres relacionados con el fiscal: Diego Lagomarsino, tiene 35 años, es técnico informático y era empleado de Nisman desde 2007, fue quien el sábado 17 a las 20.30 le prestó la pistola Bersa de donde salió el disparo que terminó con su vida. Según declaró, su jefe había sido amenazado y le pidió el arma para cuidar a sus hijas. Hoy es el único imputado en la causa y todas las miradas apuntan hacia él.
Otro de los nombres que aparecen es el de Jaime Stiuso. Ocupaba el cargo de Director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, cuya cúpula fue renovada por la Presidenta en diciembre último y de la cual fue removido. Su relación con Nisman era lógica, ya que, en causas de terrorismo internacional, la SI es el encargado de investigar. Nisman lo llamó varias veces el 17 de enero, antes de morir.
No obstante, la relación entre la querella y la fiscal que lleva la causa, Viviana Fein, cada vez es más tensa. La fiscal habla de “totales diferencias” entre las pericias oficiales y las encargadas por la ex esposa de la víctima. Arroyo Salgado presentó fundamentos médicos que descartarían el suicidio y apuntala su teoría del homicidio cuestionando la investigación desarrollada por Fein, mientras la fiscal afirma que aún no hay nada claro, “es una muerte dudosa”, sostiene.
Hoy la causa sobresale por su negligencia. Las computadoras y celulares aún no fueron analizados y las cámaras del edificio donde vivía el fiscal, en la zona más exclusiva de Buenos Aires, casualmente, estaban obsoletas. Además de sus diez guardias seguridad a quiénes se les pasó por alto el asesinato de su custodiado.
El uso político de la muerte
El día posterior a la muerte de Nisman, un sector de la Ciudad de Buenos Aires estalló en cacerolazos fogoneados por los medios opositores, la oposición y un grupo de fiscales, que incluso hablaban de un “juicio político” o de una “destitución”, y protagonizaron una marcha desestabilizadora donde el lema principal era el “pedido de renuncia” a la primera mandataria.
Había transcurrido un mes de la muerte de Nisman y estos medios –principal actor político en Argentina– colmaban sus tapas y programaciones informando sobre la marcha en “homenaje” al fiscal fallecido. El 18–F fue una movilización donde se usó la muerte del fiscal para convocar la mayor cantidad de personas a un acto opositor.
Cabe señalar un dato curioso, el grupo de fiscales que convocaron a la movilización en “homenaje” afrontan procesos sumarios y judiciales por mal desempeño en la causa AMIA y en otros expedientes y fueron acusados por familiares de las víctimas de obstaculizar la tarea del propio Nisman.
Lo cierto es que la marcha a la que asistió todo el arco de partidos opositores y sus candidatos presidenciales –salvo las agrupaciones de izquierda–, no fue para nada un acto de homenaje a una persona trágicamente fallecida, exceptuando a sus familiares que también se hicieron presentes.
Al día siguiente de la marcha, el fiscal Nisman había pasado a segundo plano y los medios opositores que fueron la voz convocante apuntaban a que el mensaje del acto había sido “contra la impunidad”, “la corrupción del gobierno” y “en reclamo de justicia”. La misteriosa muerte ya no formaba parte del mensaje a pesar de que durante varios días se manipuló la información generando sensación de irregularidades y conspiraciones y obstaculizando cualquier vía que llevara a la conclusión de que podría tratarse de un suicidio.
La causa judicial
El fiscal Gerardo Pollicita es quien ahora tiene a su cargo la denuncia que dejó abierta Nisman y que recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, quien desestimó la denuncia del fallecido fiscal y presentó un escrito calificando la decisión como “prematura”.
Al desestimar las imputaciones, el juez Rafecas aseguró que: “ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el nuevo fiscal en su requerimiento original se sostienen mínimamente”, por lo tanto, los elementos de la denuncia“inhiben el inicio de un proceso penal porque dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descrito como una supuesta maniobra de ‘encubrimiento’ y/o ‘entorpecimiento’ de la investigación del atentado a la AMIA”.
Era previsible que Pollicitas insistiera en presentar la apelación que deberá ser ratificada o no por el fiscal de Cámara, Germán Moldes, acusado por los familiares de las víctimas de la AMIA de ayudar en el encubrimiento a los funcionarios gubernamentales que en tiempos del gobierno del presidente Carlos Menem se dedicaron a sembrar pistas falsas y desviar las investigaciones.
Pollicitas persiste en la necesidad de un proceso penal. En rigor, el juez Rafecas hizo pública su resolución y los documentos encontrados en la caja fuerte de Nisman para “transparentar el caso” por medio del cual se establece que no existe ni un “sólo elemento de prueba” y se advierte que en el mismo mes de su denuncia y meses antes, el fiscal destacaba el trabajo del gobierno de Fernández de Kirchner.
Pero más allá de la apuesta opositora, la disputa mediática y política, y la confusión de un pueblo expectante, quedan tres cuestiones pendientes por resolver: la muerte del fiscal; encontrar a los culpables del atentado a la AMIA y cuáles son los intereses y quiénes están detrás de la denuncia a la Presidenta argentina.
* Natalia Corones, es una periodista argentina y colaboradora de La Época.
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