diciembre 2, 2020

Francisco de Toledo artífice de los archivos del cabildo de la Colonia

El factor de poder del Cabildo

El Cabildo fue implantado en América siguiendo el modelo de Castilla. Los alcaldes ordinarios eran Jueces de primera instancia en lo civil y en lo criminal; sus fallos pasaban ante el Cabildo hasta una cuantía de 60.000 maravedís, sus sentencias eran inapelables. Los alcaldes de la hermandad tenían a su cargo la policía en el área rural, condenando con la pena de muerte. Los alguaciles mayores cumplían órdenes de prisión dictadas por los alcaldes; gozaban del privilegio de entrar con espada al Cabildo. Los vecinos tenían la obligación de formar milicias para repeler ataques externos; perseguían delincuentes y criminales. El Cabildo conservaba el “rollo” o “árbol de justicia” y administraba la cárcel; el alférez real enarbolaba el estandarte de la ciudad. Muchos delincuentes rehuían el castigo acogiéndose al derecho de asilo en iglesias y hospitales. Cuidaban el ornato y aseo de las ciudades y la limpieza de las acequias que pasaban a tajo abierto por medio de las calzadas. Reglamentaba el ejercicio de la profesión de médico, el expendio y costo de artículos de botica y sostenían los hospitales públicos. Atendía “la organización de fiestas religiosas, la vigilancia de pesos y medidas, fijación de precios en artículos de consumo popular” y el orden interior de su jurisdicción. [1]

Era responsable del abastecimiento de artículos de primera necesidad, fijando precios, fiscalizando pesos y medidas por medio del Fiel Ejecutor; determinaba tarifas para el trabajo de artesanos, médicos y sangradores. Los comerciantes debían poner sus productos a disposición de los vecinos, cuando notaba escasez, prohibía la exportación. El ocultamiento era considerado traición a la patria. Los Cabildos tenían rentas propias y bienes comunales, como los ejidos (campos en las salidas de los pueblos) usados para descargar y limpiar las mieses sin que nadie pudiese sembrarlos ni plantarlos; las dehesas (campos de pasto silvestre) destinadas al pastoreo de ganados de los vecinos. Los arbitrios (multas o derechos), eran entradas extraordinarias destinadas a obras de utilidad pública.

Los archivos del Cabildo

El Virreinato del Perú, creado en 1542, tenía tuición administrativa sobre una vasta región; en ella la Audiencia de Charcas era el distrito más extenso. En 1617 comprendía “quince provincias dilatadas (…) y son Buenos Aires, Paraguay, Tucumán, Chayanta, Potosí, Chichas, Lipes, Atacama, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Pomabamba, Mizque, Yamparaes, Frontera de Tomina, Pilaya y Paspaya”. [2] Allí se estructuró un sistema documental de archivos conservados en Arcas de Tres Llaves en los Cabildos, Regimientos, Audiencias, Hacienda Real, Tribunal de Cuentas, Casa de Contratación, Consulados; la Escribanía de Gobierno, de Cámara, de Cabildo, de Hacienda, de Provincia, de Número, Eclesiásticas, etc.; que fueron instituidos por el Virrey Francisco de Toledo, mediante Ordenanza Real (1574), dictada en La Plata, [3] en la que instruyó el establecimiento del Archivo de Cabildo en todos los Ayuntamientos de la jurisdicción del Virreynato del Perú. La notable ordenanza afirma que:

“unas de las cosas que mas es menester para el Gobierno de las republicas de estos estados de su Majestad es la guarda, e buen recaudo de las Provisiones, é Cedulas reales que su Majestad envía (…) quedando todas sin ningún efecto, si no hay recaudo en la guardia, y si no estuviesen puestas por orden, de suerte que se pudiese ver, y entender de Ordinario para la ejecución, e cumplimiento de ellas (…) Ordeno y mando que en el Archivo que haya en las Casas del Ayuntamiento en la misma sala donde se hace cabildo haya tres llaves. La una de las cuales tenga el Alcalde más antiguo, y la otra un regidor cual señalare el Cabildo, y la otra el dicho escribano (…)

Esos papeles garantizan una eficiente y ágil Administración del Cabildo. Para su custodia y administración, ordena “que en poder de el Escribano de cabildo esté un Libro en que estén sacadas e authorizadas todas las dichas prouiciones e cedulas (…) y en el dicho Archivo esté el Libro de las prouiciones Originales encuadernadas (…)”. Regula la obtenención de copias legalizadas, traslados y la obligación de su difusión, acceso y uso inmediato, cumpliendo el precepto de publicidad:

“é las hagan trasladar, e authorisar en el Libro de Prouiciones, e Ordenanzas que ha de estar en poder del escriuano (…), todo lo qual haga é saque dentro de dos meses de estas Ordenanzas (…) el qual dicho Libro el escriuano, trayga a los Cauildos Ordinarios, y le tenga puesto ensima de la messa y esté instruido e Ynformado de lo Contenido en estas dichas Ordenanzas para dar noticias a las Justicias, e Regimiento quando se tratare de lo en ellas contenido, para que no se baya, ni pase contra el tenor, y forma de ellas”.

Vela por la custodia y seguridad de los Libros, tomando previsiones para su transferencia, por tanto “el Libro no se pueda sacar fuera de la dicha Sala, ni quitar de el algunas de las dichas Provisiones, ni para sacar Traslado, ni para sacar el original en algún Prosezo, ni por otra cauza ninguna (…) y este dicho Libro por muerte o ausencia del dicho escriuano de cauildo se entregue al que subsediere en el dicho Oficio”.

Contempla sanciones por incumplimiento, para quienes infringieran su mandato, sin importar si se trataba del modesto Escribano o del digno miembro del Cabildo “so pena de mill Castellanos (…) desde ahora les doy por Condenados lo Contrario hasiendo, é mando que el Juez de residencia, execute la dicha Pena (…) el escriuano, incurra en pena de 200 pesos (…) (y si fuera cupla del Cabildo) incurra en pena de cien pesos repartidos como a cada uno le cupiere”.

El artífice de ese sistema, Francisco de Toledo, “el Solón Colonial”, nació en Oropesa, Toledo, el 10 de julio de 1515, en Palacio de los Álvarez de Toledo (Condes de Oropesa), descendiente del rey Alfonso XI de Castilla y de Leonor Núñez de Guzmán. Se unió a la Orden religiosa-militar de Alcántara (1535). Sirvió al emperador en Flandes e Italia. Fue amigo de Carlos V (1558). Fue quinto Virrey del Perú (1569-1581). Instaló el Tribunal de la Inquisición, fortificó la costa contra ataques piratas, acabó con el reducto inca en Vilcabamba, ordenó la ejecución de Túpac Amaru. Centralizó la administración colonial, reguló la encomienda, implantó la mita minera (“la maquinaria de hombres para la mina”). Ordenó la reducción de comunidades indígenas (para la recaudación de tributos y la identificación de comunidades para la mita). Fomentó el cultivo de coca. Ordenó la Visita General (1570-1575), empleando más de 50 cronistas, geógrafos, frailes, naturalistas, médicos, intérpretes de lenguas indígenas, pajes, lanceros y arcabuceros. Falleció en Sevilla, el 25 de abril de 1584. [4]


* Magister Scientiarum, Docente titular de la UMSA, Director de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

1. Portugal Ortiz, 1977: Índice de registro de escrituras. La Paz, AHM; Otero, Gustavo, 1942: Vida social del coloniaje. Esquema de la historia del Alto Perú, siglos XVI-XVIII. La Paz, Ed. La Paz: 211.

2. Ovando-Sanz, 1975: Documentos del Archivo de Potosí. Índice del libro de cartas de los oficiales reales al Rey y al Consejo de Indias. La Paz, UMSA: 1-2

3. Ordenanza del Virrey Francisco de Toledo: creación del Archivo de la Villa de La Plata, en 1574. ABNB. EC 1764, N° 131, 203 ffº.

4. Poppe Entrambasaguas, Hugo, 2000: La Biblioteca y el Archivo Nacionales de Bolivia. Historia y compilación de leyes. Sucre.

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