diciembre 2, 2020

La renovación del TSE

La calidad de la democracia en Bolivia siempre ha estado en debate, sobre todo en los últimos años. Desde que la oposición regional autonomista fue militarmente derrotada en 2008, y en vista de los innegables logros macroeconómicos del gobierno, uno de los pocos recursos discursivos que le quedan a los detractores de este gobierno es el referido a este tema, criticando así al presidente Morales de liderar un proceso autoritario o, a lo sumo, no democrático.

Uno de los ejes de este discurso también está referido a una supuesta “desinstitucionalización” de nuestro Estado, donde las reglas de juego no son claras y son manejadas arbitrariamente por el MAS. Ahora bien, existe una larga lista de instituciones que no gozan de mucha confianza entre los bolivianos (comenzando por la policía o la justicia), pero en estos últimos meses de elecciones, es el Tribunal Supremo Electoral quien ha visto cuestionada su integridad.

Es así que el viernes 29 de mayo renunció el último vocal, Irineo Valentín Zuna, para dar paso a una reestructuración profunda de la entidad que se supone debe regular la competencia electoral en nuestro país. Este cambio, se espera, dará por resultado un TSE confiable ante los ojos de los diferentes actores políticos de nuestro país y de su población en general.

Ocurrido este cambio, sin embargo, también debe aclararse lo siguiente: la oposición política partidaria actual no puede seguir culpando al tablero por sus derrotas electorales, que en la mayor parte de los casos son demasiado evidentes como para responsabilizar por ellas a cualquier órgano del Estado.

La competencia electoral en el mundo real no siempre se ajusta a la de los paraísos normativos que enseñan en los manuales de ciencia política, aunque existen condiciones básicas para que una democracia sea considerada tal. En el caso boliviano esta competencia electoral ha tenido resultados muy definidos y endorsados por observadores internacionales. Esta reestructuración que se avecina debe ser razón suficiente como para callar las voces que cuestionan la legitimidad del gobierno y el presidente más votado de la historia democrática del país.

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