diciembre 2, 2020

Colombia: Una encrucijada en medio del proceso de paz

Durante los últimos 50 años lo único que ha habido en abundancia ha sido violencia, pobres y leyes que no se cumplen.

En Colombia la guerra no es el problema de fondo, aunque acabarla sería un paso fundamental para abordarlo. La guerra no es solo contra las FARC, es contra los pobres, por eso una salida negociada abriría una nueva esperanza. La paz es con las comunidades y sus propuestas aunque callar los fusiles y poner los ojos sobre la violencia estructural sería un buen principio del fin de la guerra.

Durante la larga noche de la guerra, en Agosto de 2012 y contra todo pronóstico, Timoleón Jiménez, comandante del Estado Mayor de las FARC, y el recientemente electo presidente Santos, anuncian que culminó la fase exploratoria de los diálogos y que van a ir a negociar a La Habana sin ningún tipo de cese al fuego ni tregua alguna. Nada está acordado hasta que todo este acordado, dijeron. Los puntos a tratar serían: Política de desarrollo agrario integral, Participación política, Fin del conflicto, Solución al problema de las drogas ilícitas, Víctimas e Implementación, Verificación y refrendación de los acuerdos.

La tierra

El primer punto, el problema de la tierra, es uno de los más candentes por ser parte determinante en la violencia estructural en Colombia y elemento principal del conflicto social y político. Las partes acordaron que una anomalía histórica que permaneció durante años olvidada en un cajón, podría ser la solución, no por que las partes lo dijeran, sino porque el campesinado así lo exige desde hace años. La ley 160 de 1994, decretada –pareciera por equivocación– atendiendo la coyuntura dominante del momento, y donde se reconocen las Zonas de Reserva Campesina y la Unidad Agraria Familiar, sería el punto de encuentro frente al problema de las tierras que el campesinado necesita para poder escapar a la extinción. Ya existen territorios reconocidos como Zona de Reserva Campesina en Colombia por parte del Estado, pero su principal virtud, que es la inversión, se vio truncada por la falta de voluntad política del gobierno y por un conflicto de intereses derivado de las locomotoras mineras, como denominó el propio presidente a su plan de desarrollo y venta del país al capital extranjero. El real interés del gobierno sería, más que la paz, sacar a un actor que le impide la explotación y optimización de los jugosos ingresos de la minería.

Este planteamiento afecta directamente al punto de drogas ilícitas, ya que una inversión estructural del gobierno a través de las Zonas de Reserva Campesina, tal como ordena ley, podría generar condiciones para la sustitución estructural, social, gradual y concertada con las comunidades de los ingresos derivados de la comercialización de los cultivos de uso ilícito y generar garantías para la no replantación de esos u otros cultivos de uso ilícito. En la política actual del gobierno, impuesta por los Estados Unidos a través del proyecto de financiación militar conocido como Plan Colombia, sólo se contempla la erradicación manual o la aspersión con el dañino y recientemente prohibido glifosato para acabar con esos cultivos. Esta política equivocada provoca grandes desplazamientos y hambrunas y un círculo vicioso en la ruralidad, al ser el único medio para recibir el sustento para sus familias. La arremetida neoliberal acabó con toda capacidad de transporte y comercialización de los productos y los precios cayeron en picada ante la entrada al mercado de productos de otras economías más competitivas. Esa situación tiene los rincones más apartados de Colombia en una situación de total dependencia de la cadena del narcotráfico, sin ser los campesinos narcotraficantes pero sí como fuerza de trabajo fundamental antes de que los cultivos se conviertan, propiamente, en drogas ilícitas. Las FARC sí se financian del negocio cobrando un impuesto a los narcotraficantes, los funcionarios del Estado de igual manera lucran a través de las mafias que los permean.

La política

En cuanto a la participación política, fundamental para las FARC, el Estado pide que antes de participar, la guerrilla deba desmovilizarse y entregar las armas, en una pantomima parecida a la protagonizada por los paramilitares en 2006. La insurgencia habla de dejación de armas en función de unas garantías que ofrezca el Estado de manera permanente y que no se van a desmovilizar si no para transformar en una fuerza política de carácter civil sin renunciar a su ideario político marxista.

Las víctimas, de manera mayoritaria son campesinos y campesinas e indígenas damnificados de la violencia estatal, en esta última etapa llevada a cabo por el paramilitarismo de Estado que generó un índice todavía desconocido, pero seguro atroz y sin precedentes en el continente Americano, de víctimas mortales, violaciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, mutilaciones, robo de tierras, ganado, quema y atentado contra bienes privados, persecución por motivos políticos y otros tantos delitos de lesa humanidad. La ley de víctimas y restitución de tierras vigente desde 2008 con la desmovilización de los paras, presentada como una ley de justicia transicional, no ha servido para que haya justicia, verdad, reparación ni tampoco garantías de no repetición y más bien ha representado impunidad y una afrenta a las víctimas.

La desinformación

Los medios de comunicación, como hicieron desde siempre, juegan a una pendular simetría entre la Fuerza Pública y la insurgencia según les interesa a los poderes fácticos, desconociendo la responsabilidad única e ineludible del Estado como responsable de la defensa de los derechos humanos, pero justificando las acciones ilegales de la tropa señalando que la insurgencia supuestamente también lo hace. Los actores armados del Estado se convierten en víctimas, los guerrilleros en terroristas y los campesinos desarraigados en auxiliadores de la guerrilla, por arte y gracia de la televisión y la desinformación masiva.

Ninguno de los comandantes de la guerra quiere pagar cárcel y cuando reconocen los hechos victimizantes apelan a la equiparación de las eventuales penas o perdón. Esta situación tiene encallados algunos puntos de fondo que parecen no tener una sencilla solución, menos todavía cuando las acciones armadas y saboteos a la infraestructura energética de la guerrilla, después del suspendido cese unilateral al fuego, y los operativos militares del ejército, después del levantamiento del cese de bombardeos, están dando cuenta de la fragilidad de la mesa y la volatilidad del estatus quo además de la peligrosidad de no decretar un cese al fuego bilateral permanente y verificable por la comunidad internacional, tal y como está pidiendo a gritos el movimiento social colombiano.

El pueblo decide

Con un futuro acuerdo, será el pueblo colombiano el que decida si respalda o no los acuerdos y, si fuera así, las partes tienen visiones diferentes frente a la refrendación de los acuerdos. Las FARC recogieron el sentir de las organizaciones sociales y proponen una constituyente donde haya un canal directo y principal de participación popular, donde se replanteen las estructuras del Estado comprometidas en el conflicto para apuntalar el proceso, al contrario que en la mesa, donde la insurgencia proponía que otros actores sociales formaran parte del diálogo, situación a la que el gobierno nacional no quiso ceder. El Estado por su parte cree que con un referendo habría suficiente.

En Colombia durante los últimos 50 años lo único que ha habido en abundancia ha sido violencia, pobres y leyes, sobre todo las que no se cumplen. Podría ser bueno abrir la puerta a la paz con justicia social de una vez por todas.


* Carlos García Enrique, Psicólogo y periodista alternativo.

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