noviembre 27, 2020

La Revolución Autonómica

El proceso autonómico ha sido construido social y participativamente y la gente va a responder a eso.

A una semana de que los ciudadanos bolivianos acudan a las urnas para expresar su posición acerca de los Estatutos Departamentales, Cartas Orgánicas Municipales y Autonomías Indígenas Originario Campesinas, el semanario La Época conversó con el Viceministro de Autonomías Departamentales y Municipales, Emilio Rodas, para desarrollar en profundidad las implicancias prácticas del proceso autonómico por venir.

Javier Larraín (JL).- ¿En qué consiste la autonomía departamental? ¿Qué implicancias concretas tiene para la población en términos económicos y político-sociales?

Emilio Rodas (ER).- La autonomía es la capacidad o posibilidad de tener un autogobierno que los ciudadanos eligen. Ya han definido en una determinada jurisdicción construir un nivel autonómico, porque este proceso comienza en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija en el 2006, y en los otros cinco departamentos, en el 2009.

La voluntad ciudadana por construir su régimen autonómico está en la Constitución Política del Estado. Ahora, ¿qué implica? Construir su autogobierno, elegir sus autoridades ejecutivas.

Nosotros tenemos en el departamento un Gobernador y una Asamblea Departamental que legisla; en el caso de la aprobación del Estatuto –que está en la tercera jerarquía normativa del país, después de la Constitución y los convenios y tratados internacionales– tendríamos una asamblea que legisla y cuyo presupuesto sería de absoluto dominio del departamento, sin preguntarle a nadie en qué tiene que disponer eso.

JL.- ¿La Asamblea Departamental determinaría en qué pueden ser invertidos esos recursos?

ER.- Claro, pero hay algunos que son de naturaleza rígida, por ejemplo, del IDH va el 10% para género pero, la autonomía te permite asignarlo a los programas y políticas de género que definas. No se precisaría que el Ministerio de Justicia le diga que tiene que hacer esto o aquello, como ocurría antes con las prefecturas, donde el departamento teóricamente tenía presupuesto pero era el ministerio del área el que le decía a la prefectura en que tenía que gastar.

JL.- ¿Cómo se coordinan los planes de esos niveles con la planificación central del Estado en materia de salud, educación, etc?

ER.- Hay un mecanismo general que es de articulación y coordinación, el Consejo Nacional de Autonomías, y reúne a las máximas instancias a nivel central –cinco ministerios por ahora–, los nueve gobernadores, representantes del sistema municipal, de las autonomías indígenas originarias campesinas y de las autonomías regionales.

Este consejo es el que define grandes políticas, acuerdos, y debate temas que tienen que ver con el desarrollo nacional y que involucran a todos los niveles de gobierno.

JL.- ¿Cada cuánto se reúne el Consejo Nacional de Autonomías?

ER.- Antes teníamos la previsión de que se reuniera mínimamente dos veces al año, ahora lo hemos modificado para que pueda el Presidente convocarlo cuando lo considere necesario.

JL.- ¿Hay otro tipo de instancias coordinadoras?

ER.- Sí, tenemos los consejos sectoriales –por área– en justicia, salud, producción, etc., y éstos reúnen a todos los niveles sectorialmente.

Ciertamente ahí subyace una debilidad porque todavía el empoderamiento autonómico en el nivel subnacional es débil, seguimos esperando que el nivel nacional nos oriente para ver dónde vamos.

La otra debilidad es a nivel central pues asumimos que nosotros definimos la política de La Paz, y que el nivel subnacional tiene que hacer lo que nosotros creemos que debe hacer, incluso con su plata.

Los dos mecanismos que he mencionado tienen que funcionar con eficiencia y garantizar que la concurrencia, coordinación, articulación y gestión, pueda darse entre todos los niveles.

JL.- ¿Qué es un Estatuto Departamental y qué una Carta Orgánica Municipal? ¿En qué se diferencian?

ER.- En el orden normativo es lo que la Constitución para todo el territorio nacional. El Estatuto para el departamento y la Carta Orgánica son los pactos sociales a nivel de la jurisdicción; nosotros, por ejemplo, en el municipio donde vivimos, nos ponemos de acuerdo los ciudadanos para poder construir una visión común sobre el qué vamos a hacer en salud, en educación, cómo vamos a definir nuestras relaciones de coordinación, nuestras condiciones de participación ciudadana, el alcance de esa participación, etc. Habrá un municipio que dirá, “quiero tener hospitales, cada cinco cuadras”, y otro que diga, “quiero construir salud preventiva, micro-hospitales o centro de salud en cada cuadra para que eduquen a la gente”, entonces construimos esa visión común.

El Estatuto es el acuerdo de todo el departamento y la Carta Orgánica es cómo desarrollamos el proceso autonómico, cómo implementamos nuestras competencias en este nivel, pero construido social y participativamente.

JL.- ¿Cuál es la labor que le compete al Ministerio de Autonomías en la fomento de consensos de esa eventual diversidad de visiones?

ER.- En lo municipal ya hay un antecedente más sólido en el tema autonómico ya que los municipios se han gobernados por un ejecutivo, un legislativo, y han tenido un cierto marco competencial, asignación de recursos, normativas específicas para su desarrollo. En lo departamental ha sido más complejo porque los departamentos recién surgen a la autonomía y, por tanto, sus asambleas son instancias débiles técnicamente e institucionalmente, aunque en esta segunda gestiones han sido algo más sólidas y robustas.

Reflejo de esa debilidad es que entre 2010-2015, en el nivel departamental se han promulgado 1178 leyes y gran parte de éstas son administrativas, aprobación de presupuestos, modificaciones presupuestarias. A nivel municipal igual, más de 1700 leyes producidas y más de la mitad son aprobación de contratos.

Tenemos que lograr que las asambleas sean instancias donde se defina la línea política del desarrollo a través de la legislación, no solamente declarar el “locoto” como patrimonio municipal o departamental, hay un montón de leyes de ese tipo, y los asambleístas vienen de sus provincias o gestionan un proyecto y piden su aprobación o vienen con su declaración de honores para determinado espacio, lugar o persona, ese es un rol que tenemos que cumplir en el ministerio, tanto en el legislativo y el ejecutivo.

Otro rol es garantizar que haya una relación entre el nivel subnacional y el nivel central, que realmente se comprenda por ambas partes el proceso autonómico. Nosotros en el nivel central tendemos a considerar a veces que la autonomía es un obstáculo para hacer más eficiente y más agiles y no es así, puede ser un canal altamente eficiente para la implementación de políticas de desarrollo en la medida que reconozcamos esos espacios.

JL.- ¿Cómo se conviene entre los planes estratégicos del Gobierno, expresados en la Agenda Patriótica 2025, y los que puedan tener algunas autonomías en otros niveles?

ER.- Esa es una etapa que tenemos que recorrer. Está planteado el escenario para la discusión y el debate del nuevo pacto fiscal.

En el pacto fiscal hemos identificado una tercera etapa, un tercer momento de la metodología que tiene que ver con las construcción de agendas comunes porque no podemos estar en lo nacional con una proyección y en lo subnacional ir en contra ruta.

Tenemos que identificar claramente, en el marco de lo que es la Agenda Patriótica, cuáles son los roles que vamos a cumplir porque la Agenda Patriótica es nacional. La lucha contra la pobreza es un tema que va desde el municipio más pequeño al más poderoso y grande, en todos lados tenemos extrema pobreza pero tenemos que definir qué hace cada uno para eso, qué hace el nivel central, el departamental, municipal, el indígena, cómo sostenemos eso.

Hasta ahora han intentado orientar el debate sobre el pacto fiscal al tema redistributivo y no es el único tema que tenemos que hablar, pues hay que platicar de construcción de agendas, de inversión eficiente, de generación y fuentes de recursos. El más eficiente de los departamentos en cuanto a la generación de recursos propios debe alcanzar el 5%, es decir, de su presupuesto el 5% es generado dentro de su estructura institucional.

JL.- ¿El resto proviene del gobierne central?

ER.- El 95% son trasferencias: IDH, regalías, etc.

En el nivel municipal uno puede entender que Moro Moro, en la provincia de Vallegrande, dependa en un 100% de las transferencias externas ya que su actividad económica es muy débil, pero es incomprensible que Santa Cruz sólo pueda generar el 30% de sus recursos y dependa casi en más de un 60% de las transferencias. Eso tenemos que discutirlo.

JL.- Eso limita la autonomía

ER.- Evidentemente, o sea, te haces autónomo en el gasto pero eres muy dependiente en la generación, por eso hay mucha gente que se asusta y dice: “pero si me dicen ustedes que generen plata nos van a crear más impuestos y nadie quiere más impuestos”, pero, si vemos el caso de Santa Cruz, encontramos que tiene más de 1200 millones de bolivianos de mora tributaria de inmuebles, entonces vemos ineficiencia en la gestión tributaria. No estamos hablando de nuevos impuestos sino de unos ya vigentes que no han sabido o no han podido cobrar. Eso tiene que cambiar.

Lo mismo ocurre en materia productiva. El único que hace inversión productiva es el nivel central, para después compartir las ganancias; el resto de los niveles estamos estirando la mano. Ahora va por cuatrocientos y tantos millones el Bono Juancito Pinto, generado por las empresas nacionales. El Teleférico ya está aportando al Juancito Pinto.

JL.- En esta etapa del proceso autonómico uno de los temas que causa mayor interés es el de las autonomías indígenas, ¿cuál es su real trascendencia?

ER.- Creo que dentro del proceso autonómico es lo más fuerte porque de alguna u otra forma, en los otros tres niveles de autonomías, lo que estamos haciendo es avanzar en la consolidación de un modelo de Estado pero todavía dentro de la cultura occidental.

La incorporación, dentro de la Constitución, de la autonomía indígena, nos da la oportunidad histórica de, primero, la reconstrucción territorial –que no se da estrictamente en esta instancia porque Charagua está en una franja de territorio Guaraní–; segundo, la reafirmación cultural e identitaria, algo clave; y tercero, el reconocimiento de los saberes, normas y procedimientos ancestrales. Poner esos tres elementos en vigencia en un territorio determinado, a partir de la propia voluntad de la gente, es un tema que es de referencia mundial. Bolivia está transitando a consolidar el Estado Plurinacional, reconociendo a nuestros pueblos en lo que realmente son: territorio, identidad y normativa propia.

JL.- ¿Prevén complejidades en un proceso de ese tipo?

ER.- Va a ser complejo, se han generado tensiones en Charagua. Éste es un municipio altamente comunitario, tenemos 32 mil habitantes de los cuáles poco más del 10% son urbano criollos, el resto son guaraníes.

Desde el 2005 ha habido un proceso largo de posicionamiento de lo guaraní ya que antes eran negados, en cambio el alcalde actual, Belarmino Solano, es el tercer alcalde guaraní; en el consejo municipal, de sus cinco miembros, cuatro son guaraníes.

Lo complejo no será el 20 de septiembre sino lo que viene después, cómo consolidar, cómo ejecutar y administrar la autonomía indígena, cómo hacer para que determinados vicios no terminen por desvirtuarla –como ha pasado en otros territorios comunitarios de origen–.

JL.- ¿Puede caber el riesgo de burocratizar una comunidad autónoma indígena?

ER.- Tenemos que reconocer en la normativa nacional que no podemos someter a la instancia de gobierno, que el propio pueblo ha definido, a una estructura que no es un municipio ni un departamento.

La nueva ley de gestión pública que vamos a llevar adelante tiene que tener ese reconocimiento, no puedes decir: “sí, son indígenas, pueblos originarios pero lléname estos 50 formularios en Internet”, etc. Esa nueva realidad hay que reconocerla, y no sólo de manera formal sino práctica.

El Ministerio de Autonomías tiene un viceministerio de autonomías indígenas originario campesinas y su rol es generar esta comprensión para consolidar la autonomía indígena que debe ser un espacio de desarrollo integral, cultural, pero, además, resguardando que no se desvirtúe, que no se conviertan en espacios peligrosos y distorsionen las expectativas que tienen los ciudadanos.

JL.- Hay municipios que en su interior albergan a numerosos pueblos indígenas, ¿cómo se relacionan esos niveles?

ER.- En el nivel municipal tenemos espacios para distritos indígenas. No necesariamente tienes que transitar hacia una autonomía indígena. Pero si ocupas un determinado espacio territorial, tienes determinadas especificidades culturales y de identidad, entonces el municipio puede transitar a construir el espacio del distrito indígena.

JL.- ¿Al aprobar Charagua su autonomía deja de responder a una instancia municipal?

ER.- Claro, porque pasa a ser una autonomía indígena originaria campesina y no un municipio como tal.

JL.- ¿Se disgregaría del municipio en que pertenecía?

ER.- En el caso específico de Charagua lo que se está haciendo es transitar del territorio municipal, que existía institucionalmente, a una autonomía indígena originaria campesina.

Sin embargo, tenemos casos como el de Lomerío, Concepción, Monte Verde, que tocan a más de un municipio, afectando al vecino. Lomerío va a afectar a varios municipios por lo cual ahí sí va a haber una desagregación territorial del antiguo municipio para dar paso a una autonomía indígena por territorio.

JL.- ¿En un futuro podremos llegar a ver una especie de mosaico donde haya territorios autonómicos indígenas, municipales, etc.?

ER.- Así es. Charagua abre las posibilidades al pueblo guaraní de ir ampliando el espacio autonómico.

JL.- ¿Sientes que desde la institucionalidad se ha hecho una buena campaña de difusión?

ER.- Ha habido dos momentos que han afectado la interacción de la construcción estatutaria con el ciudadano. El primero, es el adormecimiento por más de un año y dos meses del Estatuto en manos del Tribunal Constitucional, tenías toda una energía, una fuerza y la gente interesada, debatiendo y discutiendo.

El segundo momento es cuando se lleva al Tribunal Electoral para que este haga la convocatoria, entre enero y abril; luego viene la crisis del TSE. Esos dos vacíos han complicado el proceso.

Al principio también ha habido limitaciones económicas, no había quién imprimiera los estatutos, pero después se han ido intensificando la difusión y, en los últimos dos meses, los actores han asumido la responsabilidad que les corresponde. Intervinieron los de la asamblea, la brigada parlamentaria, la sucesión de municipios del departamento de La Paz, los concejales, asambleístas departamentales, y, cada uno en su espacio, construyendo su forma de comunicarse con la gente.

Como ministerio hemos aportado con algunos elementos, consideramos que no hemos llegado al 100% de la población pero hay en este momento muchas más posibilidades de acceder al Estatuto que hace dos meses.

JL.- ¿Cuál ha sido la recepción de la ciudadanía?

ER.- Hace falta que el ciudadano transite la otra parte, no es sólo la fuerza institucional la que impulsa el proceso, el Tribunal Electoral Departamental ha repartido 500 mil estatutos en La Paz, se lo ha puesto en la puerta de la casa de la gente pero, ahí hace falta la voluntad de leerlo y debatirlo.

En diciembre de 2009 el ciudadano fue a votar por el “sí” y lo de ahora es parte de esa responsabilidad que ha asumido.

JL.- ¿Cuáles son sus expectativas para los comicios del próximo domingo?

ER.- Creo que va a haber una participación importante de la gente. El proceso autonómico ha sido construido social y participativamente y la gente va a responder a eso.

Hace falta que bajemos el tono de la disputa política en este tipo de cosas porque no se puede restringir este momento político como un escenario más de confrontación; tenemos que construir sociedad, Estado, departamento, y no podemos estancarnos, han sido cinco años que ha costado esto y hay que aprovecharlos en lugar de desperdiciarlos.


* Director de La Época.

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