por: José Carlos Condori
Sin industrialización nuevos frentes de empleo permanentes con salarios dignos y estables son imposibles de pensar.
La larga noche neoliberal
Cuando el neoliberalismo se empoderó del Estado boliviano aprobando a sangre y fuego el D.S. 21060, la resistencia de la clase obrera y del conjunto de las organizaciones populares fue categórica. Las relocalizaciones, la libre contratación, la enajenación de los fondos sociales, la privatización de las empresas estatales, la nueva ley de pensiones, y el conjunto de las leyes aprobadas por los partidos de la derecha malviviente (MNR. MIR, ADN, PDC, CONDEPA, FR, NFR, UCS y otros grupúsculos) hicieron escarnio de los derechos laborales, humanos y constitucionales.
La destrucción de la fuerza laboral y de su capacidad organizativa empezó con el despedido masivo de los trabajadores mineros, fabriles, ferrocarrileros y petroleros, entre los más importantes. Se impuso la flexibilización laboral para cuidar de la manera más grosera la ganancia del capital. Se impuso el salario mínimo nacional como regla de oro para todos los trabajadores con cargo a despido inmediato en caso de protesta, dejando convertida a la Ley General del Trabajo en un triste andrajo para trapear los pasillos del Ministerio de Trabajo y sus direcciones departamentales.
Nuevos tiempos, nuevos problemas
El cambio de timón con la elección del compañero Evo Morales como presidente fue el resultado de largas jornadas de lucha heroica de los sectores populares expoliados por el neoliberalismo. Se enarbolaron consignas de resistir, perforar y derrotar al neoliberalismo. Hasta que al fin, con la unidad de obreros, campesinos, naciones originarias y clase media el neoliberalismo quedó aplastado. El 2005 se abre un periodo político de cambios, de reformas, de democratización del poder político y económico, de recuperación de los derechos políticos humanos y laborales perdidos con el neoliberalismo.
Pero el neoliberalismo en sus casi veinte años de reinado avanzó y anidó en la mentalidad de muchos dirigentes sindicales, que al igual que en los tiempos del patronazgo neoliberal siguen pensando que la vida de dirigente es un estilo de vivir mejor que sus compañeros de base, olvidando que deberían representarlos para hacer respetar sus derechos laborales, principalmente su estabilidad laboral.
¿Proceso de cambio?
La identificación política con el proceso de cambio no puede estar condicionada a exigir una relación de apoyo al Presidente a cambio de que sus demandas corporativas, sectoriales o de grupos interesados sean atendidas a la medida de sus expectativas, al contrario debe ser un proceso de compromiso para construir una sociedad donde la democratización del poder político y económico abarque al conjunto de los sectores sociales más empobrecidos, que no son pocos.
La protección de la fuerza laboral ha hecho que el gobierno nacional emita decretos que garanticen la estabilidad y la inamovilidad laboral con decretos muy específicos y de carácter coercitivo para su cumplimiento.
Pero si bien la nueva norma tiene su ámbito de aplicación, concreta y específica, los empleadores del sector empresarial privado, estatal, gobernaciones y municipios, han buscado de manera consciente los mecanismos para no cumplirla.
En el caso de las empresas privadas, que tienen como prioridad maximizar sus ganancias y reducir sus costos, principalmente los referidos a las obligaciones sociales, acuden muy orondos a cambiar de razón social para justificar el despido de sus trabajadores e iniciar un periodo de contratos nuevos con escalas salariales nuevas, imponiendo el salario mínimo nacional como salario base. El ejemplo patético es lo que ha ocurrido con la empresa minera Inti Raymi, de Oruro: todos sus trabajadores despedidos con la venia de sus dirigentes sindicales, de autoridades de los ministerios de minería y de trabajo. Para estos trabajadores no hay “proceso de cambio”.
El gobierno del proceso de cambio ha apostado a continuar apoyando la instalación de industrias estatales, desde los municipios hasta los de carácter estratégico nacional; sin embargo, hasta hoy no existe explicación alguna sobre los méritos por los que fueron elegidos y designados sus gerentes, el hecho concreto es que éstas aún no alcanzan los niveles de eficiencia productiva y se debaten en la incertidumbre sin poder garantizar estabilidad laboral y salarios dignos a sus trabajadores; es más, quedaron incorporados en la categoría de funcionarios públicos, por tanto no pueden organizarse para defender sus derechos ni opinar sobre el funcionamiento de sus empresas.
El arranque de empresas estratégicas como la ESM y la GNRE esperan su turno, sin duda alguna son emprendimientos vitales para el Estado boliviano, pero nuevamente la pregunta, ¿bajo qué criterios fueron designados sus gerentes?, ¿por su experiencia profesional, por sus títulos de post grado, favor político, confianza política o recomendaciones?
En el caso específico de la ESM, sus resultados son incuestionables, empresa que se cierra, al menos hasta nuevo aviso, y deja en la incertidumbre a más de un centenar de familias, la postergación del desarrollo de una región y del Estado Plurinacional, y que, además, deberá apuntar unos milloncitos de bolivianos en gastos despilfarrados por sus administradores.
La industrialización es una necesidad urgente para el país y para el pueblo boliviano, para generar nuevas fuentes de empleo, nuevas fuentes de ingreso para las arcas del Estado y nuevos circuitos económicos. Por lo mismo estos mega proyectos no pueden ser dirigidos a control remoto, despilfarrando el presupuesto de la manera más infame, no pueden carecer de organización interna, eficaz y eficiente, no pueden dejar de contar con una unidad de planificación (esa instancia que ordena las actividades), no pueden dirigir las operaciones desde La Paz, como es el caso de la GNRE, donde las investigaciones más importantes se realizan en Lab. Villa Fátima. Llega al extremo la impostura que contratan la construcción y montaje de una Fábrica de Baterías de Litio en la Palca (Potosí), para producir baterías con litio extranjero, porque en LA PLANTA PILOTO DE LLIPI NO HAY PRODUCCIÓN DE MATERIA PRIMA PARA ESTA FÁBRICA DE BATERÍAS, HOY LLAMADA POR VERGÜENZA ENSAMBLADORA.
Lo mismo sucede con la Planta Semi Industrial de Cloruro de Potasio, tiene capacidad para producir 1000 toneladas mes de KCL y apenas produce 200 Toneladas. Hasta aquí estamos señalando el peligro de que la ansiada industrialización esté en riesgo. Y sin industrialización nuevos frentes de empleo permanentes con salarios dignos y estables son imposibles de pensar.
Y es que a casi diez años del proceso de cambio, se han producido cambios trascendentales en la constitución política, los derechos laborales se han constitucionalizado. Pero las condiciones precarias de la seguridad laboral no han cambiado a la par. Por el contrario, los despidos en las empresas estatales y proyectos, como los arriba mencionados, se condicionan a intereses de orden económico de grupos beneficiados con ciertos tipos de contratos, y a recomendaciones políticas que luego hace que los trabajadores, por cuidar su puesto de trabajo, pierdan el derecho a pensar por sí mismos y se conviertan en empleados de sus patrones de turno, de los patronzongos de turno.
Esta es una materia pendiente de análisis y reflexión si de verdad queremos la industrialización de nuestros recursos naturales.
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