noviembre 29, 2020

Pensar lo común

Lo común es lo que no puede pertenecer a alguien, en tanto no es propiedad, pero sí puede ser apropiado violentamente, lo cual permite pensar en un robo.

El primer comunicado de la Coordinadora de defensa del agua y de la vida de Cochabamba decía: “hemos sufrido un gran robo, cuando no somos propietarios de nada” (diciembre de 1999).

En esta frase, contradictoria, sarcástica, se encierra una posibilidad de pensar lo común.

Lo común es lo que no puede pertenecer a alguien, en tanto no es propiedad, pero sí puede ser apropiada violentamente, lo cual permite pensar en un robo.

Cuando en el proceso constituyente boliviano (2006-2009) se presenta la noción de lo común, de lo comunitario, se sucede un fenómeno muy interesante. El lenguaje jurídico que pretendía aprehender el fenómeno constituyente no podía dar cuenta de esta noción. Y no se trata de que “El Derecho” no la hubiera pensado, si lo había hecho como aquello que no lo iba a regular.

La denominada “res communes” o cosa común, era aquello que no fundaba propiedad, ni privada ni estatal. Es decir, no es regulada ni por el Derecho Privado, ni por el Derecho Público, los dos limbos sobre los que se construye tanto el Derecho Occidental como la Teoría del Estado.

Como señala Marie-Alice Chardeux: “en derecho romano, la categoría de la res communes comprendía el aire, el agua corriente, el mar y la orilla del mar” (Chardeux citado por Laval y Dardot. 2015. Lo común. Ed. Gedisa, Barcelona-España, página 41), y es que tampoco se trata de un bien sin dueño, si no que no se trata de un bien no aprehensible.

Un bien sin dueño puede convertirse en propiedad del primero que lo reclame, en cambio un bien común simplemente no puede ser propiedad en tanto su uso es común a todos. En este sentido, lo común termina siendo tratado por “El Derecho” como un bien extra patrimonial, dando la pauta para que el bien común ingrese a la reflexión teológica.

Desde Cicerón, San Agustín a Santo Tomás, el bien común se convierte en una reflexión teológica. Estado e Iglesia se disputarán el monopolio de su tratamiento.

El proceso constituyente exigía repensar la categoría de lo comunitario, sin embargo, ni el Derecho ni el Estado occidental han sido construidos para pensar o aprehender lo comunitario. Necesariamente lo comunitario ingresaría de una manera compleja a afectar las nociones clásicas de Derecho y de Estado. A esta manera la hemos denominado una “nueva condición de estatalidad”.

Hay un punto de partida al cual se ha llegado después de un conflictivo proceso constituyente en el país. El Artículo 1 de la Constitución Política del Estado (en adelante la Constitución) señala que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario.

En esta declaración, un Estado comunitario no supone solamente que se trata de un Estado con una formación social comunitaria, sino que está impregnado por una experiencia comunitaria.

Se puede decir que en el proceso constituyente no se puede acomodar la figura moderna arquetípica del contrato social (ni rousseauniana ni hobbesiana), porque la idea de un contrato social –como figura fundacional de las relaciones societales– es que antes del contrato exista la necesidad y las condiciones para el mismo. Lo comunitario implica otro tipo de relación: “la comunidad existe, se funda, en torno a un motivo que convoca a sus miembros al vínculo de lealtad descrito. Este motivo no se pretende propio, sino común, es un motivo que concierne a la totalidad, la colectividad, por lo tanto trasciende la particularidad” (Centro de Estudios Constitucionales, 2012: 161). Por lo tanto, el sentido comunitario del Estado supone una inversión en la manera en como la modernidad comprende y plantea la relación entre Estado y sociedad.

Pero este es un punto de partida que sin embargo precisa ser revisado en sus recorridos. Un punto de partida tiene una serie de recorridos previos, de deambular, de convocatoria, de enfrentamiento y de repertorios.

Una lectura del proceso constituyente se la puede realizar a partir de la propuesta de Constitución del Pacto de Unidad de mayo de 2006.

Para el Pacto de Unidad el Artículo 1 de la Constitución vigente en realidad tenía que ser el Artículo 2, veamos:

Artículo 1

Esta Constitución respeta y constitucionaliza la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios y afrodescendientes, el dominio ancestral sobre sus territorios y garantiza su libre determinación que se expresa en la voluntad de conformar y ser parte del Estado Unitario Plurinacional Comunitario, y en el derecho a controlar sus instituciones, al autogobierno, a desarrollar su derecho y justicia propia, su cultura, formas de vida y reproducción, al derecho a reconstituir sus territorios y al derecho a definir su desarrollo con identidad.

Artículo 2

Bolivia se caracteriza como un Estado Unitario Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático y social, que reconoce el pluralismo jurídico, político, cultural y lingüístico; descentralizado y con autonomías territoriales.

Garantiza la igual dignidad de las personas, las naciones, pueblos y culturas y fomenta el respeto mutuo y el diálogo intercultural.

Se funda en los principios de unidad, solidaridad, reciprocidad, complementariedad, armonía, equilibrio, equidad social y de género en la participación, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, con equidad de género, para “vivir bien”.

Fuente: Acta de Acuerdo de las Organizaciones del Pacto de Unidad, Constitución Política del Estado Boliviano.

No se trata sólo de un orden distinto, sino de una manera de pensar distinta. Hay un momento previo al Estado. Éste puede negarlo o puede dejarse afectar por el mismo. Si se hubiera mantenido el orden propuesto por el Pacto de Unidad es posible que la des formalización hubiera sido mayor, con consecuencias no previstas, en tanto la propuesta suponía que el Estado deviene el objeto y la sociedad la autodeterminación. Entonces la sociedad no podía ser la construcción arquetípica de estructuras de dominación que la moldean a las dinámicas y necesidades del sistema o modo de producción capitalista. La sociedad pasaba a determinar al Estado a partir de sus particularidades y características plurales. Esto implicaba la reformulación o re-significación de las relaciones de poder, y su complejización en el marco de las narrativas culturales de la sociedad plural.

Por lo tanto, a partir de la constitución del Estado plurinacional comunitario no es posible un contrato social, sino una relación dúctil y plurívoca de construcción y determinación constante del Estado, desde la sociedad plural.


* Abogado.

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