noviembre 24, 2020

Berta Isabel Cáceres Flores

Nació el 4 de marzo de 1973 en la Esperanza, Intibucá, Honduras. Hija de Berta Flores, una mujer con alto compromiso humano y político, que fue, además de partera y enfermera, alcaldesa de su pueblo.

Siguiendo el ejemplo de lucha de su madre, desde adolescente participó activamente en las organizaciones estudiantiles.

Estudió hasta graduarse de pedagoga y en 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para luchar contra la privatización de los ríos y los proyectos de presas hidroeléctricas concesionadas a capitales trasnacionales. Allí se convirtió, en poco tiempo, en una de las voces que más impacto tenía en la lucha y defensa de los recursos naturales, la justicia social y los derechos de la mujer en Honduras.

Fue candidata a vicepresidente en las elecciones nacionales antes del golpe de Estado del 2009, tras el cual encabezó protestas como parte del Frente de Resistencia Popular. En varias oportunidades denunció la expropiación de sus territorios y las carencias en los sistema de salud y agrícola, y rechazó, de forma contundente, la creación de bases militares estadounidenses en el territorio hondureño.

Como líder de la comunidad indígena Lenca, la mayor etnia indígena de Honduras –a la que pertenecía–, luchó contra la presa hidroeléctrica de Agua Zarca en el río Gualcarque en Santa Bárbara. Contaba siempre que en la tradición lenca los espíritus femeninos están en los ríos y las mujeres son sus principales guardianas.

En 2012 fue galardonada con el Premio Shalom en Alemania y en 2014 fue finalista del Premio Front Line Defenders en Irlanda; en abril de 2015 fue reconocida con el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente. Al recibir este último premio denunció la profunda conflictividad ambiental existente en su país y expuso al presidente hondureño Juan Orlando Hernández por su responsabilidad en la misma:

“Vivimos en un país de enclaves en el que se ha entregado más del 30 por ciento del territorio a las transnacionales mineras, donde se han aprobado proyectos aberrantes como las zonas de empleo y desarrollo económico (…) una visión neoliberal en el que la energía también ha dejado de ser un derecho fundamental para la humanidad”.

El 25 de febrero de 2016 la comunidad Lenca “Caserío Güise” en Intibucá fue desalojada violentamente y destruida. Junto a otros compañeros, comenzó realizar la denuncia pública del hecho, además de la del asesinato de cuatro dirigentes de su comunidad, centrándose amenazas en su contra.

El 3 de marzo de 2016, a sus 42 años, sicarios accedieron a su vivienda en La Esperanza y la asesinaron a balazos mientras dormía. Sus familiares acusan de los hechos al gobierno hondureño y sus órganos de seguridad, quienes en desacato de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no le ofrecieron la debida protección, así como a la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Bancos de financiamientos extranjeros y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), capitales que amenazan la subsistencia de estas comunidades y contribuyen al desarrollo de estos megaproyectos contaminantes en el río Gualcarque.

La Época.-

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