noviembre 27, 2020

Cuando la mayor potencia del mundo amenaza a un pueblo libre

por: Rudy López González

La derecha ha ido ganando terreno en espacios simbólicos para la opinión pública internacional sembrando la duda de si Maduro respeta o no los derechos humanos.

Al cumplirse el primer año de su promulgación, el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, renovó la Orden Ejecutiva en la cual declara a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional del país norteamericano.

Con tintes de Doctrina Monroe, el decreto se firmó el 9 de marzo de 2015 y fue renovado un año después. Este orden no es únicamente de carácter injerencista contra Venezuela, también es un llamado de atención a los países latinoamericanos para hacer notar que Estados Unidos sigue siendo la potencia mundial, o al menos intenta seguir siéndolo. Cabe resaltar que la doctrina Monroe, teniendo el propósito teóricamente de apoyar las independencias latinoamericanas y protegerlas de las potencias europeas, deviene en dominación de aquellos países recién libertados y el posicionamiento de los EE.UU. como potencia económica política y hegemónica en dicho territorio.

Motivos del “decreto Obama”

Según confirman los distintos comunicados emanados de la Casa Blanca, el decreto se firma como una manera de sancionar a Venezuela por violación a los derecho humanos, persecución política, coartar la libertad de prensa, uso de la violencia en protestas anti gobierno y por actos de corrupción. Específicamente va dirigida a 7 personas, entre las cuales destacan Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana, Gustavo Enrique González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, entre otros.

El decreto también autoriza al Departamento del Tesoro, en consulta con el Departamento de Estado, al dirigirse a cualquier persona determinada:

1. Por ser un líder actual o anterior de una entidad que tiene, o cuyos miembros han estado comprometido en cualquier actividad descrita en la orden ejecutiva o de una entidad cuya propiedad e intereses de propiedad están bloqueados o congelados en virtud de la orden ejecutiva; o

2. Por ser funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela; personas nombradas o identificadas para la imposición de sanciones en virtud del presente decreto, incluidos los siete individuos que se han enumerado, tendrán su propiedad e intereses de propiedad en los Estados Unidos bloqueados o congelados, y se les prohíbe a las personas de EE.UU. de hacer negocios con ellos. El decreto también suspende la entrada en los Estados Unidos de personas que cumplen los criterios de las sanciones económicas.

Ecos de oposición

La derecha venezolana felicitó con algarabía el acontecimiento y en conjunto con varios actores internacionales, que puedan influir en la política y en la sociedad, han instalado un discurso de odio avanzando en desprestigiar el gobierno bolivariano. Es así como desde hace menos de dos años a partir de lo que la derecha llamó “La Salida”, mejor conocida como “las guarimbas”, actos terroristas que produjeron la mayor cantidad de asesinatos, daños a la propiedad pública y privada, en la historia reciente; se aceleró la intervención norteamericana en Venezuela.

El financiamiento a organizaciones de la derecha, así como el recrudecimiento de la guerra económica han mostrado por estos días su cara más perversa. Se intensificó una guerra sin precedentes en el ámbito de los medios de comunicación internacional a la cual Caracas no ha podido hacer frente. De manera vertiginosa la oposición llanera ha ido ganando terreno en espacios simbólicos para la opinión pública internacional generando al menos la duda de si Maduro respeta o no los derechos humanos.

Un ejemplo de esto es que en la fachada de la sede oficial del Gobierno regional de Madrid se colocaron dos afiches pidiendo por la libertad de Leopoldo López, mediáticamente conocido (él y su esposa, Lilian Tintori) como defensores de los derechos humanos. López, cumple condena por incitar a la violencia y desconocer a las instituciones del Estado durante aquellas guarimbas que ocasionaron más de 43 víctimas fatales.

El decreto firmado en marzo del año pasado Barack Obama, que en un primer momento anunció sanciones contra siete altos funcionarios venezolanos, se convierte a los ojos del mundo en una amenaza para el país contra el cual se dicta dicha institución. Lo que es inusual y extraordinario es el lenguaje usado por la Casa Blanca al decretar una emergencia nacional en Venezuela pretendiendo justificar con ello que este país pequeño, bloqueado financieramente y asediado permanentemente desde todos los flancos pudiera ser de manera real y objetiva una amenaza a la paz norteamericana.

Alcances peligrosos

Este tipo de procedimientos ha sido utilizado de manera usual contra países donde existe petróleo, recursos estratégicos o con los que haya alguna divergencia ideológica derivando casi automáticamente en asfixia económica, desprestigio comunicacional y por ultimo intervención y ataques militares.

Las sanciones van abiertamente a atentar contra la revolución bolivariana puesto que los argumentos de amenaza son totalmente infundados en violaciones a los derechos humanos y a la democracia. En diciembre 2014 Obama había firmado una “Ley para la defensa de los derechos humanos y la sociedad civil de Venezuela de 2014”, cuyo enunciado deja ver claramente la intención de apoyar a los grupos opositores y atentar contra el estado de derecho del país.

Con una relación bilateral más deteriorada producto de las expulsiones mutuas de personal diplomático, así como de declaraciones de parte y parte, sumado al corolario de una renovación del decreto de Obama, queda claro que el país del norte arreciará su campaña contra Venezuela hasta ver derrotado al gobierno de Maduro.

Estados Unidos ha declarado estados de emergencia en países como:

Corea del Norte, desde los años 50, Cuba desde los 60, Irán desde los 70, Irak en los 90, Yugoslavia en los 90, Birmania a finales de los 90, Zimbabue en el 2002, Bielorrusia el 2004, Siria el 2004, República Democrática del Congo en 2006, Sudán en 2007, Somalia en 2010, Libia en 2011, Costa de Marfil en 2011, Líbano en 2012, Ucrania en 2014, Yemen en 2012 y 2014, Sudán del Sur en 2014, Rusia en 2014 –prorrogadas en 2016–, Venezuela en 2015 –prorrogadas en 2016–, habrá que determinar que recursos estratégicos o divergencias ideológicas han motivado dichos decretos.

Toca analizar el verdadero sentido de la prórroga por un año de la Orden Ejecutiva que el pasado 9 de marzo de 2015 declaró a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de la potencia más poderosa del mundo.

Los EE.UU. como el gendarme protector de los derechos humanos en el mundo se arroga la tarea de decidir que persona o entidad puede ser sancionada sin notificación previa, ni bajo que criterio, los afectados sólo tomarán conocimiento de dicha sanción en el momento de realizar una transacción financiera. Entonces, el instrumento forjado para sancionar a funcionarios del gobierno venezolano en realidad intenta demoler la institucionalidad legal y vigente en este país, socavar el derecho internacional para someter y condenar a una nación. Cobra mayor importancia así la protesta incansable del pueblo venezolano y latinoamericano ante la inminente renovación del financiamiento a acciones terroristas de la derecha, a los constantes sabotajes y asedios al gobierno y a la amenazante expresión de un Imperio contra un pueblo libre del sur.


* Cientista político / @rudyalg

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