Con un análisis histórico, que se remonta a la propia fundación de la república, el autor del artículo, un intelectual indígena, reflexiona sobre las elecciones judiciales de octubre y, sobre todo, respecto de la preselección meritocrática.
¿Cómo construir un sistema judicial, a la altura de las urgencias de la sociedad boliviana en el siglo XXI? Es la pregunta que da sentido al presente artículo. Y es que los sistemas judiciales en América Latina entera, tienen el mismo problema en común: La corrupción.
No hay, en todo el continente, un país que haya librado exitosamente la lucha contra la podredumbre judicial.
Experiencias llamadas “buenas prácticas”, se las tiene todas documentadas en sendos informes del PNUD, BID, BM, GTZ hoy GIZ, USAID, ACEID. Agencias que en los noventa se “lotearon” el mayor intento de reforma judicial neoliberal, que fracasó con un ruido estruendoso en campana de palo.
Y es que los operadores políticos y sus pares judiciales, vieron a la reforma como un negocio institucional a la vez que personal.
El Poder Ejecutivo atrapado en las cuotas de cumplimiento que la cooperación internacional exigía, el Legislativo emitiendo leyes aquí y allá para cumplir con las mismas cuotas y el Judicial atrapado por ambos lados para hacer cumplir leyes de protección al capital transnacional.
Era un pandemónium para consultorías de todos los tipos, para todas las áreas del Derecho, pero particularmente para favorecer, jurídicamente hablando, a la inversión extranjera. Desde Goni el 95, hasta Mesa el 2004, el sistema judicial era un sistema vacacional a la vez que experimental conducido, intencionalmente hacia el fracaso.
Un país entero fue sometido a un experimento frustrado en todo el continente, la reforma judicial neoliberal, jamás pudo cumplir su promesa con el pueblo, pero cumplió a cabalidad su compromiso con el capital transnacional, llamado en ese tiempo “modelo neoliberal”, “seguridad jurídica”, “arbitraje internacional”.
En el camino hasta el concepto “justicia comunitaria” que parecía ser el más exitoso de toda la reforma judicial, se cayó después de Ayo Ayo… Ramiro Molina tuvo que ver la vida, pasión y muerte de su criatura deforme.
Sin duda, no se puede hablar de éxitos o fracasos en cualquier modelo de reforma judicial, sino se toma en cuenta los orígenes de los mismos, es decir si no se toma en cuenta, el soporte arqueológico, tecnológico y gnoseológico del sistema en su complejidad institucional, subjetiva y de prácticas sociales.
Me explico históricamente, el 15 de diciembre de 1825 Simón Bolívar ordena que las antiguas Audiencias y Cabildos, pasen a llamarse Cortes y Juzgados, el 21 de diciembre ordena que las Cortes y Juzgados se manejen de acuerdo a las leyes de Cádiz de 1812. El pecado original, fue copiar nombres de un nuevo modelo de Estado, llamado liberal, y dar continuidad a un viejo problema colonial: usar leyes ajenas a nuestra realidad.
Del mismo modo Andrés de Santa Cruz copiaría -en base a una mala traducción-, el Code Civil francés y Facundo Infante un español, a la vez que su Ministro del Interior nos daría una copia del Código Penal Español de 1822, Santa Cruz creía que copiar lo de Europa es bueno y mejor. Hoy algunas almas neoliberales tienen la misma idea del Derecho, copiar de afuera y no producir desde adentro de la realidad.
Para los años setenta, años de dictadura, se inicia el primer proceso de reforma jurídica apegada a la doctrina de seguridad nacional, nacen por ese tiempo, el Código Penal, Civil, de Familia, Comercial, los procesales penal y civil, de familia. Todos destinados a dar continuidad a una corriente de reforma judicial que, dizque se apegarían a las nuevas doctrinas del derecho, dominantes en Europa y los EE.UU.
La enseñanza universitaria, veía con asombro la rapidez de las reformas, la velocidad de sus aprobaciones, y el cambio de mentalidad, que convertía al Juez en un mero burócrata de normas y plazos. El positivismo jurídico-administrativo había ganado la batalla contra la filosofía del derecho.
En los noventa se inició formalmente el proceso de reforma judicial, con un entusiasmo solo comprensible por la obscena cantidad de dinero que la cooperación internacional “prestaba” a Bolivia. Un negocio rutilante se había iniciado, el de las consultorías para la implementación de la nueva institucionalidad, la reforma normativa y la construcción de un modelo de control de constitucionalidad que nos mostraban un popurrí jurídico y judicial circense.
Después de la reforma constitucional gonista del 94-95 el sistema judicial había cambiado su horizonte liberal del siglo XIX, por una estrategia entreguista del 95-2004. El Tribunal Constitucional, El Consejo de la Judicatura pasaron a ser una caricatura de modelo judicial.
Atrapados por la ley, y el poder político, los Jueces de las más altas cortes, poco o nada podían hacer, sino cumplir a cabalidad las decisiones de los padrinos ocasionales inquilinos del legislativo, la embajada de los EE.UU. por ese tiempo podía hasta definir a los Fiscales Generales, Ministros de la Suprema, incluso fiscales de materia antinarcóticos.
Pasada la efervescencia del 2003 y la guerra del gas, vinieron tiempos de intensos debates sobre la construcción de un nuevo poder judicial.
La Asamblea Constituyente el 2007 introdujo la elección popular para los Jueces de las altas cortes. Una buena decisión, pero su aplicación el 2011 nos mostró que ahora, año 2017, el modelo de preselección tenía que modificarse e introducir un criterio académico de evaluación: Meritocracia es el camino…
No estoy en contra, pero creo urgente establecer algunos parámetros técnicos y políticos para entender de mejor forma el nuevo modelo de preselección que establece el reglamento legislativo.
Primero la búsqueda de un Sistema Judicial, independiente e imparcial solo es posible a través de la calidad técnica de las sentencias. A mayor calidad técnica de las decisiones judiciales, mayor muestra de la imparcialidad del Juez a la vez que un sistema robusto de independencia judicial.
Segundo: Un sistema meritocrático solo es explicable, cuando el postulante cumple cuatro requisitos que son producto de la formación profesional, a saber:
a. Sólida formación teórica y doctrinal, no solo del conocimiento convencional en las Teorías del Derecho en general y por Materias en particular, sino además del saber crítico hacia esas mismas doctrinas dominantes, lo que repercutirá en la calidad de las explicaciones e irrefutabilidad de las sentencias.
b. Conocimiento altamente práctico de los mecanismos que siendo procesales, se convierten en chicanas judiciales y que mudan al Estado de Derecho, en una caricatura instrumental de abogados inescrupulosos.
c. Compromiso político con los pobres y vulnerables de la sociedad, pues el sistema judicial (todos los sistemas judiciales por América Latina), como lo dicen las estadísticas, están llenos de gentes que no tienen recursos para pagar abogados caros o que son producto de las desigualdades sociales que los gobiernos generan en su dependencia de los EE.UU.
d. Descolonización del Sistema Jurídico y Judicial, un Juez que no tenga dispositivos críticos sobre la colonialidad del Derecho, difícilmente podrá librarse de los horizontes euro-anglo-céntricos del Derecho y su tutelaje dominante por tierras de Abya Yala. Un Juez que no conozca los soportes coloniales del orden jurídico está condenado irreparablemente a reproducirlo de modo ingenuo.
La combinación de los cuatro componentes en la formación de un abogado, constituyen un modelo de selección, que no pasa por la identidad indígena, campesina y popular, sino por un cuerpo sólido de conocimientos y destrezas que ven en la corrupción un acto despreciable sino monstruoso. Creo que es la mejor fórmula posible.
Por tanto, la meritocracia no debe entenderse como la sumatoria de cartones postgraduales, sino y fundamentalmente en un modelo mucho más complejo pero igualmente medible, en méritos teóricos, prácticos, políticos y decoloniales.
Como veo que la derecha impide a Carlos Alarcón y sus pares, presentarse a las elecciones judiciales, es hora de convocar a las mujeres, al fin y al cabo si vemos las estadísticas de matriculación postgradual en Derecho, hoy las mujeres tienen un considerable récord de alza.
La corrupción debe combatirse desde todos los ángulos de la realidad y eso constituye una obligación mayor en países que como Bolivia, están siendo el resultado de una revolución victoriosa contra el capitalismo, el colonialismo y el machismo.
En ellas está la decisión.
¡¡¡ Jallalla kullakitanakas !!!
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