Los medios de comunicación tradicionales sustentan su prestigio, su mercado de anunciadores y, en cierta forma, su poder, en la cantidad de audiencia que puedan tener en el caso de los medios radioeléctricos, y en su lectoría, más que en su tiraje, en el caso de los medios impresos. Estos datos, lamentablemente, en nuestro país no existen o si existen no tienen ningún respaldo y, por tanto, no gozan de ninguna confiabilidad.
Cada medio de comunicación maneja las cifras que más le conviene, ocultando o tergiversando con seguridad en la mayoría de los casos la verdadera información con la que cuentan en este campo y sobre la cual desarrollan todas sus políticas de comercialización y mercado.
En países vecinos, el Estado, además de organizaciones privadas, han tomado para sí la responsabilidad de realizar estas mediciones, porque indudablemente son importantes para diversas labores comunicacionales desde la acera de los consumidores de medios y desde la de los anunciantes, que finalmente, son los que sostienen a estos medios de comunicación.
En Bolivia no. En nuestro país, cada empresa de comunicación reclama tener la mayor audiencia, haciendo referencia únicamente a estudios encargados por ellos mismos, pero que nunca se los enseña de manera transparente. De vez en cuando circulan encuestas, también de dudosa credibilidad, acerca de las preferencias televisivas y radiales del consumidor boliviano, pero nadie puede validar o certificar que estas sean realmente representativas y estén bien realizadas.
En materia de medios escritos la situación es tan oscura o peor que en los medios radioeléctricos. Periódicos y revistas suelen sustentar su popularidad en encuestas de lectoría, por demás subjetivas, pero que además no cuentan con elementos técnicos suficientes como para que puedan ser creíbles. El tiraje es un misterio. Es un secreto de Estado. Ningún medio de comunicación escrito hace público este dato, aun cuando para diversos fines debía ser público y certificado por alguien.
Vivimos entonces en un mercado comunicacional misterioso, en el cual nadie quiere decir realmente lo que sabe y donde el consumidor no puede saber exactamente esta información fundamental acerca de los productos que consume en materia de comunicación.
Urge pues regular y transparentar esta situación. El Estado debe encargar a una entidad pública, privada o mixta, en la cual podrían tener incluso participación los propietarios de medios privados, que con las metodologías más adecuadas y la tecnología más actualizada, realice la medición de audiencia en todos los medios de comunicación radiales y televisivos y certifique estos resultados, además de hacerlos públicos periódicamente.
De la misma manera se debe exigir a todo medio de comunicación impreso, sin importar su frecuencia o su modalidad de venta o circulación, informar públicamente a sus lectores, con el respaldo suficiente o bajo la modalidad de declaración jurada de su director o editor, el número de ejemplares que se imprimen en cada una de sus ediciones.
Los medios de comunicación dicen buscar la verdad en el Estado y la sociedad, para transmitirla luego a su audiencia. Transparentar y regular esta información de esos medios de comunicación públicos y privados, comerciales o no, sería una buena muestra de su voluntad de contribuir a la convivencia democrática. La caridad podría empezar por casa.
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