febrero 4, 2023

El programa opositor: cambiar la Constitución

La oposición se ha encargado, en los últimos días, de confirmar el absoluto desprecio que le tiene a la Constitución Política del Estado, aprobada mediante un referéndum por más del 64 por ciento de la población en 2009. Pero no solo es desprecio que le tiene, sino un afán obsesivo por destruir su contenido material y simbólico.

De los candidatos a la presidencia, el más directo ha sido Jaime Paz Zamora, quien ha afirmado que propone “borrar” la Constitución Política del Estado vigente. En la misma dirección, aunque con mayor cautela discursiva, se mueven otros jefes de partido de la oposición. El vacilante Carlos Mesa, el día se la presentación de su candidatura, sostuvo que proponía el “regreso” al liberalismo republicano. Pero también está Rubén Costas del Movimiento Social Demócrata (MSD), quien condiciona una alianza con el periodista al acuerdo de impulsar una Estado federal.

¿Qué significa, en términos generales, esa línea de coincidencia política e ideológica de la oposición?

En primer lugar, que el “programa” de la oposición es destruir el Estado Plurinacional, para dar paso a un retorno, sobre nuevas condiciones, al viejo estado liberal-republicano excluyente. No se trata de un mero cambio de la forma de Estado que propone la oposición, sino de algo más profundo. En realidad, es la nostalgia de un tipo de orden estatal que posibilitaba la reproducción ideológica y política del poder de un bloque social que siempre se auto-asignó, en gobiernos militares y civiles, el papel de conductor de los destinos del país.

En segundo lugar, la propuesta de “borrar” la Constitución es revertir la más grande ampliación de derechos de nuestra historia. Es el bloqueo al ejercicio efectivo de los derechos y el retorno al mero reconocimiento formal de los derechos. Es el regreso a un orden social y político en el que es la clase dominante y no el pueblo el que se beneficia en todos los planos. A los opositores no les agrada una igualdad sustantiva y no formal de los ciudadanos y ciudadanas.

En tercer lugar, es una convocatoria a disminuir el papel del Estado en todos los niveles, lo cual implica, en el tipo de sistema económico, un retorno a la fase privatizadora y transnacional de los recursos naturales, de las empresas estatales y de la vida social en general. Eso significa el desconocimiento de la economía plural y volver a cargar el papel de lo privado. Es constreñir el estado a niveles tales que no solo se perjudiquen los servidores públicos, quienes serían echados masivamente, sino que provocaría el cierre de muchos emprendimientos privados que se benefician indirectamente de la capacidad de consumo instalada en la población por el actual modelo económico.

Como resulta obvio, pero no por ello hay que dejar de subrayar, cambios constitucionales de esa envergadura se traducirían, nuevamente, en un acceso radicalmente desigual a la riqueza y por lo tanto en una nueva ampliación de la desigualdad social. Es la instauración de una sociedad en que la brecha entre el ingreso de 10 por ciento más pobre y el 10 por ciento más rico sea superior en más de cincuenta veces.

Ahora, una cosa es muy clara. Para hacer estas reformas constitucionales se requiere llevar adelante una nueva Asamblea Constituyente y, para ello, disponer de una relación de fuerzas favorable para la derecha. Es improbable que eso suceda, pero ya la oposición no puede ocultar sus cartas ni mucho menos el proyecto de país excluyente con el cual sueña.

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