El ataque vandálico contra las instalaciones del MAS en Santa Cruz, por parte de grupos afines a los cívicos cruceños, parece mostrar una escalada conservadora que politiza el incendio en la Chiquitania, de manera similar a la receta usada en Nicaragua en 2018, para desgastar la imagen pública del presidente Evo Morales como defensor del medio ambiente y para boicotear las elecciones del 20 de octubre.
Ayer en la tarde, decenas de activistas que portaban banderas del 21F, y que resultaron cercanos a los cívicos cruceños, asaltaron varias oficinas del MAS. Ingresaron lanzando patadas y luego se llevaron equipos y destrozaron las instalaciones, según mostró el canal televisivo Abya Yala en su cuenta de Twitter.
“Es increíble, esa es la democracia que está propiciando el Comité Pro Santa Cruz, esa es la democracia que está propiciando Carlos (de) Mesa, esa es la democracia de Carlos Ortiz, destrozar sedes, intolerantes; han deshecho la casa de campaña, todos los equipos de atención médica se los han llevado”, denunció el candidato del MAS Rolando Borda, según indicó la agencia ABI.
En Tarija, Patricia Galarza, expresidenta del Comité Cívico, pidió ayer evitar la llegada del Jefe de Estado a ese departamento, mientras los cívicos de Santa Cruz y de algunas otras regiones llamaron a un paro indefinido a partir del 10 de octubre, intentando vincular su rechazo a la candidatura del presidente Evo Morales y las posturas antigubernamentales respecto a los incendios en la Chiquitania.
Por su lado, un autodenominado grupo “Conade” pidió a los partidos políticos retirar sus candidaturas y llamó al voto nulo, mientras el candidato presidencial Carlos de Mesa culpó a Evo Morales por el siniestro en la Chiquitania.
Este intento de aprovechar un incendio de magnitud con fines político-electorales ya fue evidenciado en 2018 en Nicaragua, donde ardieron 5.551 hectáreas de bosque en la reserva biológica llamada Indio Maíz.
Pese a que el Gobierno de Nicaragua combatió el siniestro con ayuda internacional (helicópteros cisterna, movilización de las FFAA y voluntarios), la derecha de esa nación activó protestas políticas disfrazadas de medioambientalismo y usó las redes sociales para culpar al Ejecutivo por el incendio, magnificando los daños a la flora y fauna.
Convocados por ONG y activistas, jóvenes salieron a las calles con la consigna “SOS Indio Maíz”, con el fin de causar un estallido social violento que motive la intervención de las fuerzas de seguridad del Gobierno nicaragüense y luego esto desemboque en una situación de ingobernabilidad social y política.
De manera similar, en Bolivia varios políticos y activistas, como los cívicos cruceños, buscan unir sus consignas contra Evo Morales y sus posturas sobre el siniestro en la Chiquitania.
También de manera parecida a lo ocurrido en Nicaragua, se puso en marcha la consigna “SOS Bolivia” por parte de activistas como Jhanisse Vaca Daza, quien impulsa una campaña en inglés contra la imagen pública de Morales.
Esta campaña que politiza el incendio en la Chiquitania minimiza el hecho de que los focos de calor bajaron de 8.461, registrados el 17 de agosto, a 634 hasta el miércoles, gracias al Plan Tajibo, y desmerece la creciente ayuda internacional contra el siniestro.
En ese marco, dirigentes cívicos (con excepción de Tarija, Chuquisaca y Oruro) convocaron al paro indefinido exigiendo la renuncia de los vocales electorales.
Si esa renuncia se produjera, se pondrían en riesgo las elecciones del 20 de octubre, uno de los pilares de la democracia.
Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el paro convocado por los cívicos “es una postura antidemocrática de grupos que son minoritarios y que quieren imponer de manera atrabiliaria su impostura a la mayoría”.
En 2018 se produjo un incendio en Nicaragua y la derecha usó esa tragedia para desestabilizar al Gobierno. Algo similar podría estar ocurriendo ahora en nuestro país.
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