Pronunciamiento de entidades internacionales sobre violaciones a la democracia y los DD. HH. en Bolivia

Derechos Humanos

Una misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Derechos Humanos (ACNUDH) está elaborando un informe sobre las violaciones a los derechos Humanos en Bolivia, situación que han denominado como “crisis”. La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, llegó a afirmar que las muertes “parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”[1].
Antes de la renuncia de Evo Morales, dicho organismo condenó los “atroces crímenes”, en referencia a los tres fallecidos en enfrentamientos sociales y al trato inhumano que recibió las Alcaldesa de Vinto, Patricia Arce. En dicha oportunidad se pidió a las autoridades actuar preventivamente para evitar la violencia y que cesen las manifestaciones violentas[2].

Democracia

La ONU no nombra como “presidenta transitoria” a Jeanine Áñez. “El bloque minoritario del Senado, convocado y votado sin el quorum requerido, eligió la nueva líder del cuerpo legislativo que se declaró, a sí misma, presidenta interina de Bolivia.”

Persecución judicial

Diego García-Sayán, relator especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados y Abogados afirmó que le preocupa “el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política. Crece el número de detenciones ilegales (…) Llamo al respeto a la independencia de las instituciones y al debido proceso”.
Michelle Bachelet, en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos, señaló que su oficina está preocupada “por la imputación de decenas de antiguos cargos gubernamentales y personas relacionadas con la antigua Administración”.

Represión estatal

En diciembre de 2019 la CIDH urgió al Estado boliviano a avanzar en la reparación de los lesionados y sus familiares en los hechos de violencia represiva que se sucedieron en noviembre de 2019. También exige al Estado “cesar los actos de violencia atribuibles a agentes estatales o a grupos privados actuando en asocio, en connivencia con o bajo la tolerancia de los mismos y a que garantice que a cada persona lesionada en el contexto sociopolítico actual reciba tratamiento médico y sanitario adecuado”.

Incitación a la violencia y a la discriminación étnica y racial

La CIDH, ante casos constatados, le recuerda al Estado boliviano que la incitación a la violencia y los discursos de odio están prohibidos por la Convención, especialmente cuando son esgrimidos por funcionarios públicos o líderes sociales.

Arrestos y detenciones arbitrarias

Exhorta al Estado a cumplir de inmediato a proteger a las personas privadas de su libertad, por su condición de vulnerabilidad, y especialmente a aquéllas que prestaron su testimonio a la Comisión y han sido amenazadas.

Masacres y asesinatos

“Dada la gravedad de los sucesos violentos observados, la CIDH condena las pérdidas de vidas humanas ocurridas en el contexto de la violencia electoral”.
Advierte que se trata de hechos de violencia “extremadamente graves”, con aparente participación tanto de la fuerza pública como de distintos sectores sociales.
A la CIDH no le consta que la institucionalidad boliviana esté en condiciones o en capacidad de cumplir con la obligación estatal internacional de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables. Por lo tanto, plantea al Estado la necesidad establecer una investigación internacional independiente e imparcial sobre esos hechos.
El relator de la CIDH sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Francisco José Eguiguren, calificó como “masacre” las muertes en El Alto y Sacaba, y es muy “alarmante comprobar que una de esas masacres se produjo al día siguiente de este decreto (4078) muy cuestionable”.

Criminalización y persecución de opositores políticos

Destaca que“el clima de persecución judicial y extrajudicial” de opositores ha resultado en renuncias masivas y en cadena de servidores públicos a todo nivel.
La Comisión manifiesta su preocupación por la situación jurídica de los exvocales del TSE presos o investigados, y por la garantía de sus derechos procesales y demás derechos humanos.

Libertad de expresión

La CIDH admite un clima de silenciamiento de la prensa, y señala que a éste han contribuido las declaraciones de altos funcionarios gubernamentales.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, afirmó en CNN que lo sucedido en Bolivia con Evo Morales (renuncie por sugerencia de un jefe militar) “es técnicamente un golpe de Estado”.
En su Informe Mundial 2020 afirma que el Decreto Supremo 4078 era inconsistente con las normas internacionales de Derechos Humanos. Destaca también que en el contexto de las violentas protestas postelectorales varios medios y periodistas sufrieron ataques o amenazas. Asimismo, el informe menciona las amenazas de la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, a periodistas por “sedición”.
Respecto del delito de “sedición”, el Informe destaca la permanente alusión que de él hace el ministro Arturo Murillo y advierte que la definición de “sedición” es imprecisa en la legislación boliviana.

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, se refirió al decreto 4078: “la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas de seguridad. Cualquier mensaje que implique carta blanca para la impunidad es gravísimo”.
Rosas también afirmó que “las autoridades bolivianas deberían dejar de acosar a periodistas y opositores al Gobierno y garantizar que las autoridades judiciales realicen investigaciones independientes, imparciales y rápidas sobre las muertes ocurridas durante los enfrentamientos”.

Distintos organismos internacionales han denunciado las violaciones a los derechos humanos y los ataques a la democracia tras el golpe de Estado en Bolivia.