diciembre 3, 2020

Amenaza gubernamental confirma apoyo a cúpula militar en Bolivia

La Paz-. La amenaza gubernamental de encarcelar a los parlamentarios bolivianos por disgustar a los mandos militares, confirmó el apoyo del régimen al ultimátum de estilo golpista de la cúpula castrense al poder legislativo.

La amenaza de prisión fue lanzada ayer por el ministro del Interior, Arturo Murillo, ante el rechazo del Senado al plazo de una semana dado al Senado por el jefe de las Fuerzas Armadas, general Carlos Orellana, para que apruebe los ascensos a los más altos grados militares.

Murillo definió la posición del gobierno tras el rechazo generalizado a la irrupción, el jueves último, de un grupo de militares encabezados por el jefe de las Fuerzas Armadas, general Carlos Orellana, en el Congreso, donde entregó una carta conminatoria con un ultimátum de una seamana para que el Senado apruebe sin cambios la lista de promociones

El expresidente Evo Morales, en un mensaje de Twitter, preguntó, tras la amenaza de Murillo y su aval a la irrupción castrense en la Asamblea Legislativa: ‘¿fue el gobierno de facto que envió a la cúpula de las Fuerzas Armadas a dar un ultimátum de siete días a diputados y senadores?’

Murillo fue muy explícito, pues señaló que, al resistir las presiones castrenses el Senado ‘está cometiendo un grave delito’, de incumplimiento pues ‘solamente tienen que aprobar los ascensos, no tienen que revisar nada, únicamente aprobar’.

‘Deben saber que son factibles a un juicio por incumplimiento de deberes, y tiene cárcel. Cuidado que mañana estén en la cárcel y que digan que es persecución política’, añadió.

La amenaza fue rechazada por la presidenta del Senado, Eva Copa, quien dijo que la cámara se tomará el tiempo necesario para tomar una decisión sobre la lista de ascensos presentada por la gobernante Jeanine Áñez.

Días antes, Copa denunció posibles preparativos de un autogolpe para cerrar el parlamento -donde tiene mayoría amplia el Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales- ante el deterioro del gobierno de facto por escándalos de corrupción y otros factores.

Por su parte, el senador Paúl Aguilar denunció que los ascensos presentados por Áñez al Senado se orientan a la impunidad de los militares ante las investigaciones sobre las matanzas de más de 30 manifestantes antigolpistas en las localidades de El Alto Ovejuyo y Senkata.

El diario La Estrella del Oriente, de la ciudad oriental de Santa Cruz, señala que la nómina de ascensos elaborada según los procedimientos legales por cada una de las tres armas, fue modificada por el gobierno antes que Áñez la presentara al Senado.

Pronosticó que, transcurrido el plazo dado por Orellana, la Cámara Alta no se someterá a sus dictados y los del gobierno y pregunta qué harán los uniformados y entre las interrogantes menciona la opción de un golpe militar.

Advierte que si la actitud militar va más allá de una balandronada, se correrá el riesgo de volver a ensangrentar al país.

‘Hay que recordar que los uniformados responsables de la masacre de 2003 (bajo el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada) enfrentan penas de hasta 30 años de cárcel, y que los más altos mandos del golpe de 1980 murieron en al prisión’, advierte.

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