abril 16, 2021

Respaldo internacional a investigación a golpe de Estado en Bolivia

La Paz-. Varias organizaciones sociales de solidaridad con Bolivia emitieron un comunicado hoy en el que respaldan la investigación que la justicia del país suramericano lleva adelante en relación con el golpe de Estado de 2019.

El documento, firmado por las representaciones de la organización Wiphalas por el Mundo, con presencia en varios países de Europa y Canadá, expresaron su apoyo a las acciones relacionadas con la investigación, incluidas las detenciones de la expresidenta Jeanine Áñez y otros exfuncionarios del gobierno de facto.

Apoyamos, destaca el texto, las decisiones del sistema judicial de la nación suramericana y los esfuerzos de los movimientos sociales del país para agilizar el proceso legal y de investigación.

De esta manera, continúa, se podrán establecer las responsabilidades penales en lo que consideran ‘uno de los episodios más abominables de la historia de Bolivia’.

Wiphalas por el Mundo aseguró además que sus afiliados en todo en los diferentes países tiene el compromiso de seguir la investigación ‘para que se esclarezcan los hechos, se brinde justicia y reparación para las víctimas de los hechos de violencia’.

En otro momento califican a Áñez de dictadora y advierten que tanto la exmandataria como quienes la apoyaron deben quedar en la impunidad.

La organización solidaria también expresó su apoyo a los sobrevivientes y familias de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, donde la represión de policías y militares a quienes repudiaron el golpe de Estado contra Evo Morales cobra la vida de una treintena de bolivianos, además decenas de heridos y encarcelados.

‘Enviamos un mensaje de fuerza y apoyo a los padres y madres, hijos/as, hogares y familiares de de las víctimas del golpe de Estado y expresamos nuestra solidaridad internacional y apoyo en estos tiempos difíciles. Los delitos no prescriben, la impunidad no tiene cabida en nuestra historia’, concluye la declaración.

La fiscalía de Bolivia ordenó la detención preventiva de Áñez y otras autoridades del gobierno golpista para responder ante la justicia por cargos de sedición, terrorismo, conspiración y violaciones de derechos humanos en el caso golpe de Estado contra Morales en noviembre de 2019.

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