diciembre 8, 2021

Impase gremial o cálculos errados en la derecha

Por José Galindo *-.


Han pasado ya un par de semanas desde que se retirará el tratamiento de la Ley 218 en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), a pedido expreso de amplios sectores de la sociedad boliviana, cuyo descontento quizá se haya valorado precipitadamente. Después de un golpe como el de noviembre del 2019, es fácil desarrollar cierta susceptibilidad hacia toda forma de protesta en contra del Gobierno, y aunque el azuzamiento de otros sectores ya abiertamente opositores puede dar la impresión de que estamos ante móviles desestabilizadores detrás de las últimas marchas, debemos tomar en cuenta algunas particularidades respecto a las organizaciones gremiales en Bolivia. Aunque los medios tratan de proyectar lo contrario, la derecha no está en todas partes.

Peter Andreas, politólogo que ya he citado en infinidad de ocasiones en otros artículos, también dedicó parte de su atención al fenómeno de la ilegalidad y la informalidad en la economía global, advirtiendo que el desafío y la riqueza de su estudio consiste justamente en su carácter clandestino, que dificulta su medición. La llama Economía Política Global Ilícita, y comprende sectores que van desde el narcotráfico, el tráfico de armas y el contrabando de bienes y servicios de consumo legal. Una de sus principales conclusiones al respecto señala que, en el fondo, la problematización de la circulación, entrada y salida, de ciertas mercancías, depende en realidad del Estado, que define qué es legal y qué no lo es. Una prerrogativa poderosa, llena de responsabilidades, de la cual se debe estar atento.

La ambigua distinción entre lo lícito y lo malo

Así, es el Estado, y sobre todo el gobierno, los que delimitan la diferencia entre el amigo y el enemigo circunstanciales. Un ejemplo: Estados Unidos a principios del siglo XX. Empujado por una ola moralista, penaliza la producción, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas, creando su propio demonio: el crimen organizado, la mafia y toda la violencia que la acompaña. ¿Había necesidad de hacerlo? Infinidad de consecuencias se desprendieron de esa terca resolución, entre ellas el surgimiento de una burguesía extremadamente poderosa en el sur de ese país. El retiro del Acta Volstead no liquidó su emergencia. Ya había acumulado suficiente capital como para invertir en otras industrias, como el cine. ¿Y quién no aprecia a Hollywood?

De hecho, a veces cosas buenas pueden surgir de industrias malas. La propia independencia y despegue industrial de los Estados Unidos, nos dice Andreas en Smuglers Nation: how illicit trade made America (Nación de contrabandistas: como el comercio ilícito hizo a América), hubieran resultado imposibles sin el firme apoyo que proporcionaban actividad ilegales o ilícitas como el contrabando de tabaco, melaza e incluso científicos. Y viceversa, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. La adhesión de Bolivia a la lucha contra el narcotráfico, a primera vista encomiable, dio por resultado infinidad de masacres y violaciones a los Derechos Humanos en el Chapare. No nos dejemos llevar por los intereses de otros países en esto. Bolivia debe definir por sí misma qué es bueno y qué es malo.

“¿Cómo puede ser bueno el contrabando?”, me increparán algunos de ustedes. Y no puedo negar los efectos perversos de esta actividad para la industrialización del país. Como tampoco puedo negar el efecto que tiene sobre esa misma necesidad el hecho de que la mayor parte de los ingresos del Estado provengan de la exportación de materias primas. Enfermedad holandesa, la llaman algunos. Bolivia prefiere vivir del fácil extractivismo que de la producción de bienes y servicios. Su riqueza natural la empobrece. No taxes without representation (no hay impuestos sin representación), el Gobierno así depende menos de los impuestos de la gente y la construcción de ciudadanía se hace más endeble.  Pero estas son conclusiones neoclásicas, podemos discutirlas luego. Lo cierto es que mientras el Estado tiene los hidrocarburos, la minería y los impuestos a ciertas exportaciones para vivir, la sociedad tiene muchas menos opciones: construcción, transporte y comercio. Y en comercio, lo prevalente es el contrabando.

El contrabando es un sector ciertamente problemático para la estabilidad macroeconómica del país, lo que no significa que nuestros compañeros gremiales sean activos conspiradores contra el Proceso de Cambio y el Estado Plurinacional. De hecho, su actividad sí produce empleos y sustento, a diferencia, por ejemplo, de la que enriquece a la burguesía agroexportadora del Oriente, que sí es mala para el medioambiente y para la estabilidad política de Bolivia. Cobrémosles a ellos. Aunque el comercio informal ciertamente no es plenamente lícito es, por el momento, legítimo.

Una gestión política que da sus primeros pasos

¡Pero las medidas propuestas por el Gobierno no estaban orientadas a combatir la informalidad! ¡No! Estaban orientadas a detectar movimientos financieros ilegales utilizados para financiar actividades terroristas o el lavado de dinero. No obstante, dada la borrosa línea entre lo legal y lo ilegal en barrios comerciales como la Uyustus, la 16 de Julio o la Eloy Salmón, era previsible que se despertarían susceptibilidades que la oposición política trató de capitalizar naturalmente. No se requiere un politólogo para advertir la presencia de comités cívicos y autoridades subnacionales oportunistas, apoyadas por los buenos amigos de Página Siete, todos actuando al unísono de esta improvisada canción: “El Gobierno quiere meter sus manos en nuestros bolsillos” (Roca dixit, si alguien sabe quién es Roca). Incluso El Deber tuvo un trabajo más ético y estético en la cobertura de esta coyuntura.

Más que un error político, la discusión de la Ley 218 en la Asamblea fue un primer paso involuntario para delimitar los campos de acción de los cuales dispondrán tanto el Gobierno como la oposición de acá en adelante. La oposición partidaria delató con su accionar su intención de establecer alianzas, así sean circunstanciales, con cualquier actor social que asome la cabeza en el tablero. Y el Gobierno comprende que adelantar reformas de relativa profundidad tendrá que considerar necesariamente la valoración de los intereses de todos los sujetos que forman parte de la sociedad, así sus intenciones sean loables y benignas en un principio. El cuarto intermedio que se logró este viernes, con las asociaciones gremiales y transportistas; es un primer paso calmar los ánimos de los movilizados y así evitar su antagonización.

Los gremiales y transportistas, esa burguesía comercial despectivamente calificada como burguesía chola por algunos, no son, pues, inherentemente políticos. En esto es necesario remitirnos a otro autor imprescindible, Nico Tassi, quien lleva estudiando a estos sectores sociales por casi una década. Lo primero que nos enseña este antropólogo en Hacer Plata sin plata: El desborde de los comerciantes populares en Bolivia, donde es coautor, es que los comerciantes informales provienen de un esforzado camino que floreció en los intersticios del Estado hasta acumular enormes niveles de poder económico cuya naturaleza dista mucho de otras burguesías más tradicionales en el país, dependientes, ellas sí, del apoyo estatal y financiero para su crecimiento. Esto las hizo sino reticentes, al menos indiferentes a la tendencia de relacionarse con el poder político, del cual nunca dependieron e incluso por el cual fueron despreciadas.

No está entre sus prioridades, por lo tanto, el derrocamiento del gobierno actual, como sí lo estaba, por otra parte, para la burguesía agroexportadora que comenzó a aprovechar su control transitorio del poder político durante el régimen de Áñez. Hasta Branco Marinković halló irresistible la oportunidad para concederse a sí mismo miles de hectáreas. La burguesía comercial aymara no necesita del control del Estado para prosperar, simplemente requiere que no se interfiera con ella, generando empleos y movimiento económico ahí donde las limitaciones del patrón productivo del país solo producen abandono. Y aunque no se puede incluirla como una aliada del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), tampoco parece, por el momento, que vaya a cooperar con las élites del Oriente y Santa Cruz, particularmente.

La superación de la informalidad no puede ser decretada, y el Gobierno entiende ello muy bien. Peleamos contra la pobreza, no contra los pobres.

No obstante, a diferencia de lo que piensan algunos opinadores de oposición, no se trata de que el Gobierno sea complaciente con actividades económicas ilícitas, sino que su propia tendencia progresista lo hace consciente de que se trata de pelear contra la precariedad y no contra los precarios. El sector informal ya tiene varias desventajas respecto a sectores como el de las oleaginosas o la producción soyera, que serán trabajadas mediante servicios sociales y otras políticas públicas orientadas a reforzar, aunque sea un poco de seguridad social. Algo que la dirigencia gremial y transportista comprende también. Razón por la cual la movilización, divida desde un principio, no alcanzó los niveles de confrontación que los medios opositores esperaban con sus cámaras listas.

Y si se acusaba al Gobierno de interferir en ciertas organizaciones sociales, ciertamente la oposición y los medios como Página Siete realizan sus propios esfuerzos para dividir a los sindicatos y confederaciones que creen que pueden ser divididos, tal como sucede ahora con la Federación Nacional de Gremiales, cuyo dirigente oficial, Juan Carlos García, ha sido premeditadamente ignorado por varias redacciones, en favor del discutible liderazgo de Francisco Figueroa, cercano a sectores del zombificado Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). De hecho, entre los movilizados, los únicos esencialmente opositores, pero no relacionados directamente con los alcances ni del proyecto de Ley 218, ni contra la Ley 1386 de Estrategia contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, cuya abrogación se busca, son los colegios profesionales de clase media cuyo fin último es el control del Estado en los mismos marcos clientelistas que critican desde posiciones, eso sí, racistas pero revestidas de indemostrables pretensiones meritocráticas.

Lo que más vimos en las calles, por lo tanto, no fue a gremialistas aymaras ni transportistas de la misma extracción, sino a miembros del Comité Cívico Pro Santa Cruz, con su racismo indisimulado, gritando “collas de mierda” en las calles de Santa Cruz de la Sierra. Al menos, debemos admitir, Página Siete no ocultó esa noticia. Otro poco a los cívicos de Potosí, y en el fondo a los adherentes del Conade y los mencionados colegios profesionales, encabezados por el sector médico. Todos interesados en buscar que el Gobierno retroceda en toda resolución y propuesta, creyendo que con ello provocarán una coyuntura similar a la que se dio contra el Proyecto de Reforma del Código Penal a finales de 2017. La diferencia es que entonces la derecha sí tenía un discurso aglutinador, que giraba en torno de la supuesta defensa de la democracia, que ya no pueden enarbolar hoy en día después de sus antecedentes autoritarios patentes desde que Áñez asumió la presidencia.

Si algo debe rescatar el Gobierno de esta actual coyuntura, independientemente de cual sea su resultado, es el afinamiento de lo que Fernando Mayorga llama su modelo decisional para la determinación de políticas públicas, es decir, cómo el partido termina concertando y asumiendo determinaciones en base a la participación de sus dirigencias y la intervención necesaria de sus actuales cuadros administrativos. Para este afinamiento no es necesario la destitución de autoridad alguna, lo que, de hecho, podría ralentizar el proceso de perfeccionamiento, sino una simple reunión de gabinete donde la información fluya más fácilmente. Ya lo dijo otro politólogo en otro espacio: se trata de comunicación política y habilidades de negociación. Por el momento, no hay golpe a la vista.


 * Cientista político.

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