diciembre 3, 2021

Senado de Chile debate destitución del pdte. Sebastián Piñera

El Senado de Chile debate este martes la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por su participación en la millonaria compraventa de la minera Dominga en un paraíso fiscal, Islas Vírgenes Británicas, lo cual trascendió a partir de la investigación conocida como Pandora Papers.

De acuerdo con medios locales, la sesión dio inicio a las 09H15 hora local. Durante la primera parte, intervinieron tres diputados acusadores: Gael Yeomans, Gabriel Silber y Leonardo Soto.

También presentó sus argumentos la defensa de Piñera, representado por el abogado Jorge Gálvez, quien insistió en que la acusación constitucional carece de fundamento y que es motivada por la actual coyuntura político-electoral.

Luego de la presentación de los argumentos, se votará el primer capítulo de la acusación, por “haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes”, y después el segundo por “»haber comprometido gravemente el honor de la nación”.

Se prevé que la sesión de la tarde inicie a las 15H00 hora local. Cada senador contará un tiempo de hasta 15 minutos para fundamentar su voto.

Se necesitan 29 votos para aprobar la acusación constitucional. La oposición en el Senado dispone de 24 curules, por lo cual precisaría votar en bloque y obtener otros cinco sufragios.

Ahora la sesión entró en receso y se prevé que se reanude a las 15H00 hora local. Cada senador contará un tiempo de hasta 15 minutos para fundamentar su voto.

El pasado 9 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó con 78 votos a favor, 67 en contra y tres abstenciones que la acusación constitucional pasara al Senado.

Argumentos de la acusación

A juicio de la senadora Gael Yeomans, «no cabe duda que la adquisición y venta de las acciones del proyecto Dominga implica que estamos frente a una operación jurídico tributaria cuyo fin y objeto fue evitar el pago de impuestos».

Agregó que es un insulto a la inteligencia del pueblo chileno que la defensa de Piñera señale que el jefe de Estado no tenía conocimiento de los negocios del proyecto Dominga.

Por su parte, Leonardo Soto declaró que se trata de «un caso típico de conflicto de intereses (…) con actos de ocultamiento, paraísos fiscales, faltas graves a la probidad pública, donde ha tenido una participación clara, lamentablemente, la primera autoridad de país».

El legislador llamó la atención de que en lugar de realizar la transacción de manera transparente «en una notaría de Santiago, como lo harían miles de chilenos», se recurrió a «un esquema de sociedades» y a «suscribir el contrato a las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal».

Además, recordó que se incurre en delito de corrupción (y no en una simple falta ética) cuando se aprovecha una posición de poder en beneficio propio.

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