mayo 21, 2022

El complejo fenómeno de la corrupción (primera parte)

Por Claudia Miranda Díaz *-.


La mayoría de los países de América Latina fueron colonia de algún país europeo. La dominación política y militar ejercida por el régimen colonial sobre el país al que avasalló se erradicó con los procesos emancipatorios; sin embargo, las huellas que dejó el colonialismo cultural e ideológico son más difíciles de desaparecer. Las prácticas que vinieron de los pueblos colonizadores se quedan en las nuevas naciones independizadas y son difíciles de cambiar.

El concepto de corrupción no tiene un significado único, sino que su definición es multidimensional: se construye según el país y el momento histórico. De ahí que es importante tener en cuenta, cuando se habla de corrupción, quiénes son los que esbozan una definición y desde dónde se está emitiendo el discurso. En esa línea de pensamiento, es necesario enunciar los rasgos generales comunes que hacen al contexto de la definición de corrupción. Estos son elementos que permiten esclarecer el análisis y cortar con ciertos conceptos que están presentes en la literatura internacional.

Durante las últimas décadas el problema de la corrupción ha tomado relevancia mundial, numerosas investigaciones periodísticas, académicas y de organismos internacionales han abordado el fenómeno desde diferentes ópticas, tratando de medirlo o desentrañar sus características principales, así como sus consecuencias sobre el funcionamiento de la economía y el sistema democrático. La corrupción es uno de los más graves problemas a nivel mundial, implica la omisión de una vía legal o moralmente correcta por otra más fácil, por lo que se la considera como un obstáculo para el desarrollo de los países.

El debate en América Latina sobre el tema de la corrupción adquirió particular relevancia durante la década del 90 –en el contexto de democracias recientes–, haciendo que su estudio y el de sus conclusiones cobraran importancia. Con el retorno de las democracias la prensa experimentó una mayor libertad, centrando su mirada en el Estado y en el poder político.

En Bolivia la corrupción –en la administración– tiene sus raíces en la colonialidad y se reprodujo desde la República. Emerge como uno de los principales problemas y siempre se ha instalado en los medios de información y en el debate político, adquiriendo mayor fuerza desde la recuperación de la democracia en el año 1982 –interrumpida en 2019 y recuperada en 2020–.

A partir de la difusión de los hechos de corrupción en los medios de comunicación que, en el último tiempo incluyen a las redes sociales, existe un contexto de crítica al funcionamiento de las instituciones democráticas, lo que se instaura en los discursos cotidianos de las personas. Hace falta que emerjan investigaciones académicas sobre esta temática.

La mayor parte de la bibliografía académica ubica el problema de la corrupción y sus efectos sobre el funcionamiento de la democracia y la economía en un plano institucional, centrando sus efectos en los aspectos microsociales de la corrupción, en contraposición a la necesidad de un análisis de la corrupción a nivel societal.

La corrupción es una pandemia neutral, no discrimina país, etnia, clase social, género, religión, generación, ideología política, etcétera. Existe corrupción en los ámbitos público y privado. En el presente artículo nos referiremos con mayor énfasis a la corrupción en el sector público, su relación directa con la política y su incidencia en la consolidación de la democracia.

Comportamiento humano

La actividad pública, como en todo Estado, está regulada jurídicamente en su quehacer por principios como el de legalidad, de raíz constitucional –que rige la actuación de todo estado de derecho y que asegura el respeto a la normatividad y prelación jurídica–, de igualdad y razonabilidad jurídica, de control y de responsabilidad jurídica, consecuencias todas del Estado democrático, modelo adoptado para la organización pública. La Constitución y las leyes definen las atribuciones del poder público y a ellas debe sujetarse su ejercicio, mismo que obliga a la persona a estar imbuida de un alto sentido de responsabilidad.

El comportamiento humano es resultado de los condicionamientos del pasado y de los que predominan en el presente. Esta es una premisa de la psicología social desde la cual se considera que la mayoría de las conductas de las personas, en sus respectivas comunidades, tienen un origen cultural (Rodríguez, 2007). Asimismo, según Rokeach (1979), Schwartz (1992) y Puig (1995), la cultura transmite valores; los valores son considerados como principios o guías para que las personas elijan qué hacer y justifiquen sus acciones, evalúen a otras personas y situaciones que aparenten ser más o menos benéficas a su integridad (Martínez, Ruíz, y Mendoza, 2013). Oyserman (2001), Kemmelmeir (2000-2002), Coon (2001) e Izquierdo y Alonso (2010) conciben a la cultura como un conjunto de valores contenidos en determinadas áreas, siendo algunas de ellas aparentemente universales, pero cuando una persona se sitúa en alguna de esas áreas, actúa conforme a un patrón cultural. Son resultado de cambios y transformaciones en el curso de la historia, se crean con un significado especial y se modifican o desaparecen de acuerdo a la época.

Desde la filosofía humanista, un valor es lo que hace que un hombre y una mujer sean lo que son, porque al dejar de ser no serían humanos o perderían parte de su humanidad, por ello buscan una excelencia o una perfección. Desde una noción socioeducativa, los valores son considerados pautas que orientan la conducta humana hacia la transformación social y al desarrollo personal, son guías que orientan la conducta y la vida de cada individuo y de cada grupo social (Sandoval, 2007).

Actualmente la corrupción se asocia con consecuencias tales como daños de tipo material o económico, que son las principales características auditables en la gestión pública; sin embargo, también genera cambios psicosociales como angustia, deterioro de la autoestima, sentimientos de desconfianza e inseguridad, actitudes de cinismo –cuando se violan los derechos de las personas–, desánimo e ira, además de disminuir las probabilidades de desarrollo humano y organizacional (Rodríguez, 2007).

En ese tenor, Sánchez (2011) afirma que la corrupción administrativa es identificable y, aunque exista un sistema de administración para controlarla y sancionar “algunas” prácticas corruptas, es un hecho que los regímenes políticos (partido hegemónico y de alternancia política) han concebido a la corrupción como un “incentivo”, que facilita alcanzar el poder.

La corrupción opera en el siguiente engranaje: para que una persona se corrompa primero necesita encontrar a otra y después deben negociar una alianza. Pero, en la cultura de la corrupción, ¿cómo y dónde se localiza a la persona adecuada, tanto para corromper como para evitarlo? Además, la persona “asociada” debe tener algunas características (Boehm y Graf Lambsdorff, 2009): debe estar en capacidad de proporcionar un beneficio, aunque existen casos en los cuales las personas actúan como si tuvieran los medios para proporcionar un beneficio, y en realidad no los tienen; la persona asociada necesita tener la voluntad de beneficiar a la persona que solicita el beneficio, para lo cual esta última suele ser muy sutil al expresar la solicitud, ya que ser muy directo la expondría peligrosamente a ser denunciada; finalmente, la persona corruptora debe tener experiencia, habilidad y suficiente tacto o sensibilidad para realizar sus acciones sin ser descubierta.

Rodríguez (2007) considera que para combatir la corrupción deben tenerse conocimientos en psicología, la cual presupone que los complejos de inferioridad, los rencores, la depresión, la represión, el resentimiento y el odio son causales psicológicas de la corrupción. Este autor explica la corrupción en la cultura mexicana a partir del hecho de que su población no se organizó durante 300 años en contra de la dominación española, la cual forjó en la gente un carácter individualista que ha hecho que las personas ni siquiera reconozcan el malestar social que les rodea, pues solo se preocupan por sí mismos sin importarles el bienestar de la sociedad.

La corrupción forma parte de cualquier sociedad organizada y opera a través de estructuras jerárquicas con poder (Müller, 2012); los estudios consideran que en esta interactúan la política, la economía y la sociedad. Las prácticas corruptas son acciones que atentan contra el interés general; es decir, comprenden la superposición del beneficio personal o de un grupo sobre el bien común. La corrupción es no importarme el futuro de la mayoría de las personas por el bienestar mío.

El Estado, escenario de la administración pública

Hans Kelsen (1995) afirmó que la conducta humana se regula gracias al estado de derecho adquirido a partir de un conjunto de normas para la vida en sociedad. La sociedad que se establece permanentemente en un territorio y se organiza jurídicamente se denomina “Estado”. Para que este alcance el bienestar social se establece un Gobierno, como instrumento jurídico para ejercer el poder. Según el autor, la mayoría de los expertos en la materia considera que este concepto cubre los elementos necesarios para alcanzar el bienestar social (Jiménez, 2005).

El Estado es una forma de organización política y jurídica de la sociedad. Posee poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica, está integrado por cuatro elementos: la población, el territorio, la soberanía y el reconocimiento internacional. El Gobierno se refiere al conjunto de órganos a los que institucionalmente les está confiado el ejercicio del poder político. La República es una forma de gobierno y organización del Estado en la que el poder público es ejercido por representantes del pueblo, con base en las leyes establecidas para todos (Constitución Política).

Desde la creación de la República en 1825, la gran mayoría de nuestra población no fue tomada en cuenta por el Estado y solo se gobernó para la población letrada. Recién en 1952 (9 de abril) las grandes mayorías nacionales, a través de una insurrección popular denominada la “Revolución del 52” –durante el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)–, consiguen su derecho ciudadano a existir mediante el reconocimiento del voto universal, antes negado a las personas que no sabían leer y escribir y a las mujeres aunque supiesen leer y escribir.

El 22 de enero de 2006 –luego de ganar las elecciones del 18 de diciembre de 2005–, Evo Morales, del Movimiento Al Socialismo (MAS), asume la Presidencia e inicia el camino de la Revolución democrática y cultural que consolida y fortalece los derechos de las mayorías nacionales (indígenas originarios campesinos), habilitándolos no solo a votar, sino a ser elegidos y ser parte del Gobierno en los diferentes órganos, tanto a nivel nacional, departamental y municipal. Consolidando que el Estado Plurinacional no es la construcción de un Estado dentro de otro, sino el reconocimiento de la existencia de la diversidad de pueblos y naciones originarias y su cultura dentro del país, como parte de la convivencia e identidad histórica.

El 20 de enero de 2010, durante el gobierno de Morales, se funda el Estado Plurinacional de Bolivia a través del Decreto Supremo Nro. 405. La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, que da lugar a esta fundación, fue aprobada mediante referéndum de fecha 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero del mismo año. La Asamblea Constituyente –única en la historia de nuestro país, resultante de un proceso electoral llevado a cabo el 2 de julio de 2006– que redactó la nueva Constitución inició sus deliberaciones el 6 de agosto de 2006 y concluyó sus labores el 10 de diciembre de 2007.

Una vez iniciado el proceso de construcción del Estado Plurinacional de Bolivia la corrupción es un tema que debe ser atendido en términos normativos y éticos. Cada grupo humano adopta y consagra normas porque las considera indispensables para estimular su acción colectiva, sobrevivir, desarrollarse y civilizar su convivencia. En este sentido, es importante puntualizar algunos aspectos relacionados con este tema.

La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad; mientras que la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad.

Un comportamiento moral, en política, es el que intenta realzar en la sociedad valores que son objeto de un interés colectivo. En este sentido, una ética política trata específicamente de los valores que satisfacen el interés general de una organización política.

La relación entre ética y política en la democracia moderna no deja de ser tensa y peligrosa, ya que esta última introduce un fuerte relativismo moral; mientras que la ética se encarga de la felicidad de un individuo, la política trata de buscar la felicidad de un conjunto social. A su vez, al ser el hombre un ser sociable por naturaleza, la felicidad del individuo está indisolublemente unida a la felicidad del cuerpo social al que pertenece.

Si bien los principios son un conjunto de parámetros éticos de carácter universal dirigidos a orientar la vida en sociedad, los valores son guías para definir el correcto comportamiento de los individuos en la sociedad; son aquellas características morales en los seres humanos, tales como la humildad, la honestidad y el respeto y todo lo referente al género humano. El concepto de valores se trató tanto en la antigua Grecia, como en nuestros ancestros; es muy conocido por todos nosotros el antiguo lema “ama sua, ama llulla, ama kella” (No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo).

La honestidad es un valor moral positivo vinculado a la verdad y a la transparencia; es lo contrario a la mentira, la falsedad y la corrupción. La honestidad es la base para otros valores que se desprenden del ser honesto, por ejemplo: ser leal, actuar razonablemente, ser justo.


  • Economista y Auditor Financiero.

*       El artículo fue facilitado por la autora y está publicado en la revista de análisis político: Pachacuti Nro. 1/2021, de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

 

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